Paola Beltrán
Grave situación en OSE producto de la falta de previsión, inversión y capacidad de gestión ante la sequía que genera consecuencias en la población, en particular, en la más vulnerable.
Vamos viendo
En febrero de este año, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, declaraba, luego de reunirse con el presidente de OSE, Raúl Montero, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y otros integrantes del directorio de OSE, que “aunque hay un déficit hídrico importante, la situación está controlada”. Expresó que se estaba trabajando en un plan de contingencia evaluando departamento por departamento y subrayó, una vez más, que había control sobre la situación, apelando a la vieja y conocida “responsabilidad ciudadana” en el uso del agua.
Más adelante, el 27 de marzo, Montero declaraba a la prensa, con motivo de una visita a Soriano ante la consulta sobre la posible situación de crisis de abastecimiento, que estaban trabajando, que estaban preocupados “pero pensamos que tenemos un plazo de seguridad razonable como para que empiece a llover. Necesitamos algunas lluvias estratégicas en algunas cuencas, pero ojalá que todo el país salga lo más rápido de esta crisis”.
A inicios de mayo, la situación dejó de estar “bajo control” a pesar del elaborado “plan de contingencia” y de la fe en que las “lluvias estratégicas” llegarían.
Era antes
En el año 2014, durante el gobierno del Frente Amplio con la presidencia de José Mujica se inició formalmente el proceso del llamado “Proyecto Casupá”. Ese año se firmó el convenio entre OSE y el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) para la elaboración del Proyecto Básico. En febrero del 2019 luego de un largo trabajo de elaboración y estudios, OSE firma una ampliación del contrato con el Consorcio Typsa-Engecorps para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Casupá. En diciembre del mismo año, el entonces presidente Tabaré Vázquez le entregaba el proyecto al Presidente electo para su continuidad como Política de Estado.
En el 2020 se entrega al Ejecutivo el pliego para el llamado de licitación pronto y, sorpresivamente, en el 2021 es cancelado. En su lugar, el actual gobierno propone el proyecto conocido como “Neptuno” que implica un costo millonario para OSE y no soluciona el problema, o sea prevenir el desabastecimiento ante situaciones de sequía que se sabía podían ocurrir debido al cambio climático.
Sobre Casupá, el actual director de OSE explica en nota publicada el 2 de julio del 2020 en el Semanario “La mañana” que “Casupá apunta a tener más agua reservada, a poder tener un caudal ecológico permanente del Río Santa Lucía. Si uno hiciera el balance general de la cuenca, no es deficitaria para darle agua a Montevideo. Lo que no tenemos es capacidad de reserva, o sea, cuando llueve nos sobra agua y se nos va para el Río de la Plata y no la podemos atajar. Después tenemos un período de sequía y ahí es cuando no nos alcanza; a eso apunta lo de Casupá”.
El presidente Luis Lacalle Pou, expresaba al respecto, según consigna Anpi TV, el 15 de noviembre del 2021 cuando visitaba el departamento de Florida, que “es un tema no solo de fuente de agua potable, sino también un tema económico así que lo estamos evaluando” y agregaba que “el gobierno nacional tiene que tomar las decisiones, en este caso sobre las fuentes de agua, y además sobre los recursos que tiene que llegar a invertir para tenerlos”.
Ya en ese entonces el proyecto “Neptuno” estaba sobre la mesa por lo que con un poco de información queda al descubierto la mentira con relación a la razón de desechar “Casupá”, no se trata de defender los fondos públicos sino de favorecer empresas privadas. “Casupá” tenía un costo de 80,4 millones de dólares, según el informe que se encuentra publicado en la página oficial de OSE, una obra que estaría bajo la órbita pública, mientras que “Neptuno” tiene un costo de inversión de 280 millones e implica una privatización de la gestión que agrega el pago por parte de OSE por 40 años de un coste adicional que implica un costo total de 720 millones.
Por último, todos los estudios apuntan a que el proyecto “Neptuno» no resolvería el problema, justamente, porque toma agua con alto grado de salinidad la cual se dispara en verano cuando más se lo necesita. En cambio, si este gobierno hubiese continuado con el proyecto “Casupá” hoy en día, si bien el embalse no estaría completo, tendríamos las reservas necesarias que darían mayor tiempo y previsibilidad a la situación que atravesamos.
Lo que no se hizo
Además de desechar una solución por privilegiar el interés privado sobre el interés de la población – estamos viviendo las consecuencias – el gobierno lleva un recorte de 220 millones en el presupuesto de OSE y el Sindicato (Ffose) ha denunciado sistemáticamente el recorte de personal que, a diciembre del 2022, ascendía al 25%. Este recorte implica la incapacidad del ente de resolver a tiempo las roturas y consiguientes pérdidas que significa que del total de agua que produce OSE, actualmente se pierde el 40%.
La estrategia comunicacional del gobierno es previsible, puesto que es la misma cada vez que se enfrenta a una crisis producto de la mala gestión: la culpa es del Frente Amplio (FA).
Señalan que el FA gobernó durante 15 años y no hizo nada. Pues bien, una vez más, el relato miente, pero la información no.
Durante los gobiernos del FA se realizó una inversión histórica en OSE de 1300 millones de dólares. Se realizaron las plantas potabilizadoras en Treinta y Tres y Durazno, se rehabilitó la planta de agua potable en Paysandú, se realizaron filtros y obras en la Usina Laguna del Sauce en Maldonado, además, se duplicaron redes y conexiones de saneamiento en más de 20 Plantas de Tratamiento, pasando de 6 a 37 millones de dólares la inversión anual, se habilitó el Recalque de Melilla y se proporcionó un nuevo tanque del Cerro, se puso en marcha la cuarta toma de agua bruta y nueva Subestación, entre otros. Y para agregar un dato más, entre 2005 y 2020 se realizaron 17 plantas de tratamiento de aguas residuales en distintos puntos del país.
¿Y ahora qué?
Lo que no se hizo ya no tiene remedio, se puede rectificar con un shock de inversiones, ingreso de personal y retomar la propuesta de “Casupá” pero son acciones que impactarán en el mediano y largo plazo.
En el corto plazo hay que intentar que esta crisis impacte lo menos posible en la ya castigada situación de miles de trabajadores y trabajadoras y, en particular, en quienes están en una situación más vulnerable.
Desde las autoridades de gobierno, además de pedirnos hacer el esfuerzo de “comprar una Coca menos para comprar agua embotellada”, la respuesta sigue siendo insuficiente y desconectada de la realidad.
Nos dicen que si somos hipertensos (el 37% de la población lo es según el Instituto de Nutrición de la Universidad de la República) o tenemos alguna afectación cardíaca y para el caso de los bebés entre 0 y 6 meses que se alimentan con leche de fórmula, se tome agua embotellada.
A cruzar los dedos, plantar huevos, esperar a que llueva y agregar a nuestra economía ya menguada el sobre costo que implica, para quienes pueden pagarlo, la compra del agua embotellada que ya está empezando a escasear.
La negación como estrategia
Es tal la negación que el miércoles 5 de mayo el FA presentó una serie de medidas para ser tratadas en el Parlamento y la coalición de gobierno se negó siquiera a discutirlas
El FA propone otorgar un váucher equivalente al valor de 10 bidones de agua embotellada a todos los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social y evaluar la reiteración de las medidas si la situación se mantiene.
Extender el mismo beneficio a todos los jubilados y pensionistas que reciban una remuneración inferior a dos jubilaciones mínimas.
Exonerar el IVA e IMESI al agua embotellada en todas sus presentaciones que provengan de fuentes naturales, es decir, que no se abastezcan de las fuentes que OSE utiliza.
Evaluar una reducción significativa de la tarifa de OSE a los usuarios del área afectada por el incremento de cloruro de sodio en el producto y realizar una campaña de bien público informando a la población acerca de la situación.
En palabras de la senadora de la 1001-FA Silvia Nane “no sólo no se les cae una idea, sino que cuando las ideas se proponen no quieren escuchar”.
Por su parte, la Intendencia de Montevideo hizo un monitoreo del estado del agua en las Policlínicas y se constató que, de 15 relevadas, 14 presentaron valores superiores a los habilitados por la UNIT (Instituto uruguayo de normas técnicas) que establece además cuándo el agua se considera potable. Al respecto expresa en la norma 833/2008 que “Agua potable: es el agua apta para consumo humano, que no represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que no genere rechazo por parte del mismo”.
Queda claro que el eufemismo elegido por el gobierno cuando habla de agua “segura” lo que esconde detrás es que, actualmente, OSE no está brindando agua “potable”.
Resta ver cómo continúan desarrollándose los hechos y tomar conciencia que tal como están haciendo con ANCAP y ANTEL, OSE es víctima de la destrucción por parte de un gobierno y una ideología para la que el Estado no es más que una herramienta para garantizar negocios para los “malla oro” y no un garante de derechos para la población.
Foto de portada:
Protesta por la salinidad en el agua de OSE, en frente a la Torre Ejecutiva el pasado martes. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
