Por Mariana Arias
-La crisis sanitaria ha afectado en la vida de las personas de muchas maneras, y aceleró una crisis económica en nuestro país. ¿Cómo ha afectado esto directamente en el poder de compra?
-Sin dudas estamos presenciando efectos económicos muy devastadores en varios sectores de la población, sobre todo en los más vulnerados, desde lo social y en su propia economía hogareña, y tomando en cuenta que la zafralidad es un vínculo que persiste y que está muy arraigado en nuestra sociedad, lo vivimos muy de cerca aquí en nuestro departamento donde esta modalidad de trabajo atraviesa prácticamente todo el mercado laboral. Según los últimos estudios de la Universidad de la República existen alrededor de veinte mil trabajadores zafrales en nuestro departamento, creo que hacia allí deben estar direccionadas todas las acciones, que la Fuerza política, que nuestro Frente Amplio debe de concentrar de aquí a los próximos meses.
En un período de tiempo que está abarcado por la incertidumbre, en vistas de que estas consecuencias económicas van a prolongarse mucho más allá de la crisis sanitaria, y vemos que ha habido una pérdida del valor real del salario, las primeras medidas económicas del gobierno nacional tienden en tal sentido, el alza general de los precios de los productos, el aumento del dólar como una de las primeras medidas, el aumento de las tarifas públicas, de los servicios básicos, indudablemente que han provocado una pérdida de la capacidad de compra del salario. Por eso todas nuestras acciones deben de dirigirse a proteger ese ingreso del núcleo familiar, nuestras acciones apuntan a poder contrarrestar, y por eso, esa batería de proyectos de ley, esas minutas que recientemente la bancada de representantes del Frente Amplio ha elaborado.
-El proyecto que impulsó dentro del paquete de medidas del FA fue el congelamiento de precios. ¿Cuáles serían los productos alcanzados por esta medida? ¿Qué repercusión directa se espera que tenga en la economía del hogar?
-La propuesta consiste en la creación de una canasta básica especial, que incluya artículos y por supuesto alimentos de primera necesidad, que hacen a la economía básica de cualquier núcleo familiar de nuestro país. Esta medida busca paliar la crisis económica por la que están atravesando cantidades de familias en todo el territorio nacional, a raíz de la afectación de los vínculos laborales, los envíos al seguro de desempleo, la creación de los seguros de desempleos especiales, los despidos, la afectación de la industria y el comercio en cuanto a su forma de trabajo, su horario de atención, es decir, hay toda una mecánica de producción y económica que se ha visto afectada por estas medidas. Lo que buscamos con la creación de la canasta básica especial es proteger a las familias, proteger ese salario para que esa capacidad de compra no siga siendo afectada. Esto se ha elaborado después de unas semanas de estudio y análisis que hemos llevado adelante, y proponemos que este congelamiento de precios se extienda a no menos de seis meses.
Queremos destacar especialmente el apoyo que hemos recibido de la bancada Unidad para los Cambios, donde, por supuesto planteamos esta inquietud, tuvimos una muy buena recepción, venimos trabajando de forma muy coordinada, muy armónica, realmente hay un equipo muy comprometido con las causas sociales, con las instituciones, con este momento tan especial por el que estamos atravesando.
Pretendemos que esta iniciativa que fue tomada por el Frente Amplio, que ha incluido la conformación de un proyecto de ley donde también se ha establecido la posibilidad de fijar precios máximos, una medida que entendemos es compatible con esta propuesta presentada, lo que buscamos es proteger a los consumidores de esta suba exagerada de precios, y entendemos que el Ministerio de Economía debe de actuar de forma inmediata y debe de poder considerar este reclamo tan sensible a la población. Creemos también que a través de la oficina del derecho al consumidor debe realizarse una fiscalización del control de precios, si es que esta propuesta llega a buen puerto, y por supuesto colaborar como ciudadanía al poder denunciar cualquier intento de no comprender, de no respetar esta medida. Tenemos mucha expectativa, estamos esperando a ver qué arrojan los acontecimientos por venir y sin dudas que se trata de un reclamo que ha sido muy identificado con la problemática que estamos viviendo.
-Fue electo diputado por el departamento de Salto, los últimos años los trabajadores de la industria citrícola se enfrentaron a varios conflictos en la defensa de sus derechos laborales. ¿Cuál es su situación hoy día?
-La citricultura en nuestro departamento se ha constituido en una fuente laboral histórica, pero también hay que decirlo, con un vínculo de zafralidad que revela la precariedad y las dificultades que existen para fortalecer el trabajo y que se vea reflejado en los beneficios de la seguridad social. La citrícola ha atravesado por innumerables dificultades, crisis cíclicas que han determinado diferentes ayudas desde el gobierno nacional, esta situación tiene, por lo menos en nuestro departamento, unos 20, 25 años. Ya han pasado diferentes gobiernos, han pasado diferentes diputados y diputadas que han planteado esta problemática.
Al comenzar esta legislatura recordemos que se votó en el Parlamento nacional el Fondo Citrícola Salteño, para el cual se destinaba cierta cantidad de dinero con un fin que es el pago de salarios para los trabajadores. La zafra actual ha tenido dificultades, empezando por el coronavirus. En nuestro departamento se desata con dos casos importados desde Europa y eso llevó a que se postergara el comienzo de la zafra y que posteriormente se llevarán adelante elaboraciones de protocolos sanitarios para poder garantizar a trabajadores y trabajadoras el desarrollo normal de la actividad.
El sector citrícola nuclea alrededor de seis mil trabajadores y trabajadoras, y cabe mencionar también que al día de hoy se han producido algunas dificultades, sobre todo en Villa Constitución y en pueblo Belén, en tal sentido nosotros levantamos una inquietud de parte de unos 80 trabajadores y trabajadoras, a los cuales no se le están computando los jornales necesarios para finalizar la zafra y acogerse luego al subsidio por desempleo especial. Es por esto que conversamos con nuestro compañero diputado de Unidad para los Cambios, Daniel Gerhard, quien trasladó en la sesión del 13 de mayo de la Comisión de legislación laboral y seguridad social esta inquietud para que se le transmita al ministro de trabajo Pablo Mieres, para que estos trabajadores y trabajadoras sean contemplados en este subsidio especial una vez finalice la zafra en este mes.
