Por Gabriel Mazzarovich
El Sindicato Unico de Trabajadores de Cotmi (SUTC), la empresa de transporte interdepartamental, se encuentra en conflicto desde hace 8 días. En el marco del conflicto por envíos al seguro de paro, a pesar de que está operativo el 95% de las frecuencias hubo varias instancias de negociación sin repuesta de la empresa.
Los trabajadores adoptaron una medida que se aplicó en la terminal de ómnibus de San José, retrasar los turnos. La medida consistía en ponerse en pequeños grupos con una pancarta detrás de los ómnibus. Solamente a los ómnibus de Cotmi, sin alterar para nada al resto de los viajes. Cabe señalar, además, que los viajes salieron todos, solamente que unos minutos de retraso Los trabajadores vieron movilización policial de patrulleros y de funcionarios en la Terminal y en las inmediaciones.
Este martes 4, los dirigentes del SUTC fueron convocados al juzgado, la jueza y el fiscal, les comunicaron que habían sido informados por el Jefe de Policía de San José que desde Montevideo se había enviado un carro lanza agua y una dotación de la Guardia Republicana para terminar con la protesta sindical. Según les informaron a los trabajadores, la aprobación de la Ley 19.889, de Urgente Consideración, colocaba la movilización que realizaban fuera de la ley y era pasible de ser reprimida.
Informados los trabajadores decidieron levantar las medidas y denunciar la situación públicamente, ante la Junta Departamental y la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.
En un comunicado del SUTC del 4 de agosto, publicado en el Portal de EL POPULAR se señala que “en horas de la tarde las autoridades policiales del departamento notificaron a la Sede Penal que un grupo de las fuerzas de choque se dirigían a reprimir las medidas sindicales de retraso de los turnos, puesto que el gobierno nacional entiende que a partir de la sanción de la Ley de Urgente Consideración, los atrasos pacíficos de los ómnibus es ilegítimo y pueden reprimirse sin autorización judicial. Afortunadamente, la intervención inmediata de las autoridades evitó un episodio lamentable que deja en claro las nefastas consecuencias de la aplicación de la LUC respecto del movimiento obrero. Por lo tanto, los trabajadores sumamente agradecidos a las autoridades intervinientes, hemos levantado las medidas de retraso por la necesidad de preservar la seguridad y la integridad física de trabajadores”.
Inmediatamente la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) expresó su solidaridad con las y los trabajadores de COTMI.
Lo propio hizo el PIT-CNT este jueves, con una resolución del Secretariado Ejecutivo que señala “su más absoluto rechazo y repudio a estas medidas en todos sus términos, las cuales criminalizan la protesta pacífica y legítima, vulnerando derechos laborales fundamentales reconocidos en la Constitución, pronunciándose de forma contundente antes estos acontecimientos inadmisibles en una democracia”.
El comunicado del PIT-CNT ratifica “su compromiso y solidaridad con las y los trabajadores de COTMI y su más absoluto respaldo en su justa lucha”.
Crónica de una barbaridad
EL POPULAR dialogó con Jorge Borteiro, presidente del SUTC, para conocer detalles del conflicto y lo ocurrido el 4 de agosto. Borteiro indicó que la situación en COTMI viene complicada desde que se declaró la Emergencia Sanitaria, cuando la empresa maneja el envío de trabajadores al seguro de paro. El sindicato convocó a la empresa al Ministerio de Trabajo para discutir la manera en que esto se iba a realizar. La empresa plantea que tiene la intención de hacerlos rotativos, cada dos meses. La empresa no cumplió con esto y transcurridos los dos meses no hubo rotación. Convocada nuevamente al MTSS reivindicó su potestad de decidir unilateralmente los seguros de paro.
“El día 20 de julio la empresa es nuevamente convocada, para una audiencia aclaratoria de situación laboral. Se firmó un acta en la cual la empresa se comprometía a extender por un mes más los seguros de paro a los trabajadores que así lo quisieran y a los que no a reintegrarlos. Lo estaban escribiendo y sabían que lo iban incumplir, porque había pasado el plazo para extender los seguros”, explicó.
“El 27 de julio hicimos una propuesta a la empresa para que se retomara a todos los trabajadores el 1º de agosto o gradualmente a medida que se les venciera el seguro de paro. Esto tomando en cuenta que estaban operativos el 95% de los servicios”, dijo el sindicalista.
En realidad lo que ocurría es que la empresa estaba usando el seguro de paro para bajar costos, tenia a agencieras haciendo de guardas y a personal de taller como conductores. Borteiro señala que “esto viola lo que se establece en el seguro de paro y en el laudo. El seguro de paro es por falta de trabajo, y si hay falta de trabajo, que no había, no se puede sacar gente de otros sectores de la empresa para cubrir el trabajo de quienes están en el seguro”.
Esa propuesta de reintegro gradual fue hecha un viernes, la empresa pidió que no se tomaran medidas y anunció una contrapropuesta el lunes.
Ese lunes, en una nueva maniobra, la empresa dijo que todos quienes estaban en el seguro de paro ya estaban trabajando, lo que era falso, solamente habían reintegrado a dos y uno de ellos trabajó un solo día. Además anunció nuevos envíos al seguro de paro, dos conductores y un guarda. Los trabajadores enviados al seguro de paro siempre provenían de quienes estaban sindicalizados.
Ante esa nueva maniobra de la empresa el sindicato se declara en Asamblea Permanente y decide implementar la medida de retrasar las salidas de los servicios desde San José.
Borteiro narró que el martes 4 de agosto, mientras se desarrollaba la medida, es decir pequeños grupos de trabajadores, en realidad tres, con una pancarta retrasaban unos minutos la salida de los ómnibus, “a las 4 de la tarde se apersona un Comisario de la Policía y nos dice que para el miércoles estábamos citados, junto con la empresa y la intendencia a la Fiscalía. Media hora más tarde se comunica de nuevo y nos dice que no, que estábamos citados para esa tarde mismo en el juzgado”.
“En el juzgado se nos dijo que no podíamos hacer lo que estábamos haciendo, porque violábamos el derecho a trabajar de otras personas y que la LUC así lo establecía. Al otro día se levantó la medida y estamos a la espera de seguir con las negociaciones, tenemos una nueva audiencia el lunes”, dijo.
Consultado si en el juzgado les dijeron que la Policía iba a actuar respondió: “Si, nos dijeron que la acción policial ya estaba ordenada. Es más, se nos comunicó que el camión hidrante de la Guardia Republicana venía ya en la ciudad de Libertad, junto con unos 15 efectivos para actuar”.
El dirigente sindical afirmó que “de no mediar el juzgado, la fiscalía, la Policía de San José y la intendencia en media hora los teníamos en San José para reprimir, venían a eso. Según nos dijeron la decisión se tomó en Montevideo. En realidad se destrabó lo que podía haber sido una tragedia”.
