“Hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de las clases presenciales”, señalaba en un comunicado el gobernador Rodríguez Larreta.
La decisión de Rodríguez Larreta, significa que se mantendrá el desconocimiento de lo dispuesto por la Justicia Federal.
En un reciente fallo, del fuero en lo Contencioso Administrativo, se había ordenado “expresamente que se suspendiera la presencialidad escolar”.
Sin embargo, señala Página 12, en su comunicado el gobierno porteño afirmó “que esperará la resolución de la Corte Suprema de Justicia”.
La posición del gobierno porteño, fue respondida por el Gobierno Nacional, desde donde se sostuvo que “Larreta incurre en el delito de desobediencia civil al rebelarse contra una decisión judicial”.
El escenario, en Buenos Aires, con respecto a esta disputa, se completa con la afirmación del mantenimiento del paro de los principales gremios docentes de CABA.
Esta jornada, señala el medio de prensa argentino, “la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia penal ante la justicia por delitos contra la salud pública y por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“La querella fue presentada ante la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de desconocer el fallo de la justicia federal que le ordenaba respetar el decreto presidencial en el que se suspenden las clases durante quince días por la pandemia”.
Para los trabajadores, «Larreta no hace más que estimular la circulación de la gente en un momento muy delicado para el país y para los trabajadores», declaró a PáginaI12 el secretario general de la ATE Capital, Daniel Catalano.
«La situación se agrava todavía más porque Larreta decidió vacunar sólo a un 15 por ciento de los docentes y las docentes, sin tener en cuenta también a los auxiliares docentes, como corresponde», agregó el dirigente sindical.
El carácter político de la tensión entre el gobierno de Buenos Aires y el Nacional, queda claro cuando el dirigente sindical señala «creemos, además, que estamos atravesando un golpe institucional blando. Larreta no respeta a las instituciones del Estado. Se atenta contra la democracia», resaltó Catalano.
La otra evidencia palpable, de la definición política del conflicto, es el modo en que la oposición argentina, en su afán de sobredimensionar la relevancia del año electoral, pone en último término la importancia de la salud de la población.
El pasado 16 de abril y ante las cifras de contagios y muertes por la llamada “segunda ola” de Covid-19, se evidenció “que el impacto más dramático y peligroso de los contagios de la segunda ola de covid-19 están produciéndose en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en general y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular”.
Allí, señala Página 12, fue “donde el gobierno nacional detectó la flexibilización (y la ausencia) de controles, por parte del gobierno porteño, de las restricciones que se habían acordado e implementado la semana pasada”.
Ante este escenario y en respuesta al mismo, se produjo el avance del gobierno de Alberto Fernández, hacia nuevas medidas restrictivas de la movilidad.
El juego político de Larreta, acorralado por las presiones del ala más radical de Juntos por el Cambio, pretende, resistiendo a los dispuesto por la justicia federal “tensionar la relación con la Rosada”.
