Un proceso judicial contra el actual Secretario General de la organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, será impulsado por ex miembros del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) que intervinieron los comicios presidenciales de octubre de 2019.
Según consigna la agencia de noticias Nodal, el proceso contra el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se propone “que se reparen los daños causados con la auditoría que anuló las elecciones de octubre de 2019”.
La información fue confirmada por el ex vicepresidente del Tribunal, Antonio Costas y el ex vocal del mismo organismo, Idelfonso Mamani, luego de conocerse un estudio realizado por el grupo en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa (Bisite) de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.
En dicho estudio, se “certificó que no hubo fraude electoral en dichos comicios”.
A partir de estas conclusiones, añade la información de la agencia noticiosa, “el Ministerio Público boliviano comenzó el proceso de cierre de las acusaciones de fraude electoral por la que los siete miembros del TSE llegaron a estar detenidos”.
Antes del actual proceso de cierre de acusaciones, ya se habían comenzado a cerrar otras causas por los mismos hechos contra 45 vocales electorales departamentales, de los cuales, 31 estuvieron en prisión.
Al referirse al modo en que los acusados habían sido presentados ante la opinión pública, Costas, ex vicepresidente del TSE, señaló que se “ejercitó el atropello más grande que existió”,
Por su parte, el exvocal Mamani, declaró al diario boliviano La Razón: “Vamos a generar las acciones necesarias para que los denunciantes, que hicieron que se abra este proceso (de movilizaciones y pronunciamientos de FFAA, que concluyó en un golpe de Estado) sin tener ningún elemento material, sean sancionados.”
“Buscaremos, por lo menos, Justicia, que se nos restituya todo lo perdido; sin embargo, mínimamente deben hacer una satisfacción pública del honor de esas personas, que han sido indebidamente perseguidas”, agregó Mamani.
La agencia de noticias destaca que existen trascendidos, provenientes del gobierno boliviano, con relación a una posible denuncia contra el Secretario general del organismo regional.
En este sentido se afirma que “se está evaluando denunciar a Almagro y al equipo de auditoría electoral de la OEA que intervino en Bolivia en el año 2019 ante el Tribunal de La Haya por complicidad con crímenes de lesa humanidad”.
Para el gobierno boliviano, no hay dudas que, “aquel informe de la OEA, que se dio a conocer tres días antes del plazo estipulado y de manera pública, cuando lo que se estila es que sea el Ejecutivo quien primero lo evalúe, podría ser caracterizado como el detonante del golpe y de las posteriores masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata”.
El llamado “Informe de Salamanca”, ha sido difundido por la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.
En uno de sus pasajes el estudio técnico de la Universidad de Salamanca, señala: “Se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”.
La investigación había sido encargada por el Ministerio Público boliviano en abril de 2021 al grupo de Investigación Deep Tech Lab (grupo Bisite) de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.
En un comunicado de la Fiscalía General, al informar sobre las conclusiones del estudio se señala: “La pericia de seguridad informática y administración de redes que se realizó sobre la integridad electoral de las elecciones generales en Bolivia en 2019 detectó deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial, y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.
Las fallas detectadas en el proceso, indica el informe permite concluir que no hubo dolo, ni intención manifiesta de fraude.
El resultado de estas acusaciones, ha dicho el ex vicepresidente del TSE a la prensa boliviana, que “el grupo de verificación electoral de la OEA metió al país en un “monumental problema” en octubre de 2019”, el ex funcionario del TSE “insistió en que en algún momento habrá que pedir cuentas a quienes integraron las misiones de observación y de “auditoría” del órgano hemisférico que encabeza el uruguayo Almagro”.
Junto a estas acciones de denuncia contra Almagro y la OEA, por su accionar en las elecciones bolivianas de 2019, se ha informado que la Cámara de Representantes de EEUU propuso investigar el papel de la organización regional en dichos comicios.
Para ello, “la Cámara de Representantes de EEUU aprobó incorporar en su presupuesto del Año Fiscal 2022 la propuesta para investigar el rol que desempeñó la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019 y la crisis de derechos humanos”.
La información de Nodal, refiere que la iniciativa estadounidense, de acuerdo al sitio web de la congresista Jan Schakowsky, fue inscrita por ella y su colega Susan Wild en la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Congreso estadounidense.
“Las representantes Jan Schakowsky y Susan Wild han estado entre un grupo de representantes estadounidenses que buscan respuestas a preguntas específicas sobre las declaraciones y acciones altamente controvertidas de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Bolivia que alegan fraude en las elecciones bolivianas de 2019”, se lee en parte de la publicación, que agrega como a pesar de las repetidas cartas enviadas, “los funcionarios de la OEA no han respondido a las preguntas de los miembros del Congreso sobre la base de las reclamaciones de la OEA en Bolivia”.
Durante el año 2020, recuerda la agencia de noticias, un grupo de congresistas estadounidenses había cuestionado el papel de la OEA en Bolivia tras las elecciones anuladas de 2019.
