Con 71 asociaciones participantes y más de 150 delegados de todo el país, el XXVI Congreso de la ONAJPU eligió nuevas autoridades con la mira puesta en la seguridad social y en el proyecto de ley propuesto por el gobierno, sobre el cual opinan que «cualquier reforma debe equilibrar dos conceptos: sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Centrarse en una sola puede ser motivo de problemas».
La nueva presidenta de la ONAJPU es Estela Ovelar. A continuación transcribimos la declaración completa:
4 y 5 de agosto de 2022
Argentino Hotel de Piriápolis
Piriápolis – Maldonado
DECLARACION
El Congreso realizado, con la participación de 71 Asociaciones de Jubilados y Pensionistas y más de 150 delegados de todo el país, proclama esta declaración final:
Esta declaración expresa una síntesis unitaria en la diversidad de opiniones, teniendo siempre como norte la defensa de los intereses de todos los jubilados y pensionistas de BPS. En este sentido reafirmamos nuestro derecho, como integrantes de sociedad, a la seguridad económica, al acceso a la salud y los cuidados, la recreación y el esparcimiento. En definitiva, nuestro derecho a una vida digna conforme lo indica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores.
Nuestra seguridad económica se encuentra hoy amenazada. Durante el período 2004-2018 se produjo un inédito e ininterrumpido período de crecimiento de las pasividades por encima del costo de vida. Este proceso revalorizó nuestras jubilaciones y pensiones y tuvo incidencia directa en la mejora de la calidad de vida de miles de jubilados. Los aumentos generales fueron acompañados de una política específica para las jubilaciones y pensiones mínimas, lo que les permitió triplicar su valor1. Sin embargo, este proceso comenzó a revertirse en los últimos tiempos. En 2020, 2021 y 2022 los aumentos de pasividades no alcanzaron a cubrir la suba en los precios de bienes y servicios. Esto no hace otra cosa que erosionar el poder de compra de jubilaciones y pensiones, lesionando nuestro derecho al
1En julio de 2007 se fijó el valor de una jubilación o pensión mínima en 1 BPC. Hacia mediados de 2019 el valor mínimo de dichas prestaciones alcanzó las 3 BPC.
desarrollo de una vida digna. Por otra parte, en 2021 se modificó la política de aumento a las pasividades mínimas, pasando a un esquema de adelantos. En 2022 se eliminó esta política. Como resultado, el valor mínimo de las pasividades permanece congelado, medido en BPC, desde julio del 2020. Estos recortes y ahorros son los que le han permitido al gobierno moderar el déficit fiscal, producto de una reducción del gasto público en remuneraciones, jubilaciones y pensiones. En un contexto económico que las autoridades de gobierno insisten en caracterizar como floreciente, exigimos dejar de ser variable de ajuste del sistema. En base a esto, reivindicamos recuperar el poder de compra perdido en el año 2025, equiparando de esta forma lo propuesto para salarios. Un primer paso para ello es considerar como un aumento definitivo, consolidado en cada pasividad, del adelanto de 3% dispuesto a partir de julio de este año. Además, demandamos retomar la política de ajustes diferenciales para las pasividades mínimas, planteando un cronograma de aumentos que permita, al fin del actual período de gobierno, fijar su valor en 4 BPC.
En cuanto al principio de seguridad sanitaria, es mucho lo que resta por hacer. En base al esfuerzo y la constancia de nuestra representación en el reclamo, hemos logrado reactivar el programa Operación Milagro, aunque sin la fluidez con que funcionaba hasta la llegada de la pandemia de COVID-19. Es necesario que las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas vuelvan a ser el corazón de las pesquisas oftalmológicas lideradas por la brigada de médicos cubanos. Por otro lado, es necesario profundizar la gran herramienta que implicó la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. No alcanza solo con la incorporación de nuestro colectivo, sino que hace falta una guía rectora que asegure el acceso a la salud como un derecho y no como un privilegio. En este sentido, los jubilados y pensionistas enfrentamos barreras económicas para cubrir los costos de órdenes, estudios y medicamentos. Y por lo tanto, encontramos dificultades
para el real acceso a la atención médica. A la falta de respuestas en este sentido, se suma el retroceso que ha tenido el Sistema Nacional de Cuidados, donde los números son evidentes en marcar el menor número de beneficiarios, de cuidadores y de presupuesto ejecutado. Pero más allá de los números, la realidad muestra una lista de espera que se extiende, personas inscriptas que esperas las visitas para saber si acceden al beneficio y todo tipo de demoras y contratiempos para acceder a lo que la ley establece como un derecho de las personas en situación de dependencia severa. En este sentido, reclamamos la reactivación del Sistema Nacional de Cuidados, buscando asegurar la cobertura de las personas con derecho de acceso al beneficio y seguir buscando formas de expandir el universo de beneficiarios, tanto en la primera infancia como entre los adultos mayores. Asimismo, exigimos una respuesta a los planteos de larga data en cuanto a contemplar la realidad de jubilados y pensionistas de bajos ingresos a la hora de acceder a órdenes médicas, tickets de estudios y medicamentos.
También en otros aspectos hemos visto perder derechos a jubilados y pensionistas. Al histórico reclamo, aún vigente, de restitución del aguinaldo para jubilados y pensionistas, se pueden ir sumando otros más nuevos. Recientemente el BPS decidió modificar los criterios de acceso al viejo Plan Ibirapitá, hoy llamado Programa Ibirapitá. La modificación en el nombre le hace justicia a los radicales cambios que tiene una política reciente pero de gran impacto para jubilados. Creado en 2015, este plan permitió en poco tiempo acortar la brecha digital de las personas adultas mayores con relación a las nuevas generaciones. Para muchas personas significó un descubrimiento y el primer contacto con el nuevo mundo de la tecnología. De acuerdo a los nuevos criterios, los beneficiarios serán solo los jubilados mayores de 65 años, y con ingresos menores de 5 BPC ($ 25.820) cuando el viejo tope era de 8 BPC ($ 41.312). Tampoco se entregarán tablets sino teléfonos celulares inteligentes y se deja de lado a
quienes ya recibieron un equipo, aunque este haya dejado de funcionar o esté obsoleto.
En cuanto a derechos humanos, La Declaración Universal proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, es un documento que marca un hito fundamental en la historia de los derechos humanos, como lo son el derecho a la vida, igualdad, y a la seguridad social entre otros. En este sentido, reafirmamos un enfoque transversal para abordar todos los aspectos referidos a ellos, y fundamentalmente en el marco además de la ratificación de parte del estado uruguayo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ley N° 19430.
Exigimos que se dé cumplimiento con lo suscrito en la aprobación de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores (2016). El principio de no discriminación por edad es esencial para el abordaje de esta temática, desde la perspectiva de los derechos humanos. La inclusión de normas de prohibición de discriminación por motivos de edad constituye un requisito de suma importancia para la protección del derecho a la igualdad ante la ley de las personas mayores y en especial de las mujeres.
Convocamos a reafirmar el combate a la pobreza, así como la defensa del derecho a la igualdad de oportunidades en el curso de la vida, a la equidad laboral, al acceso a la seguridad social como derecho humano fundamental, a cuidar y ser cuidado, y la remuneración de la tarea de los cuidadores.
Seguimos reclamando que se tome en cuenta la edad para las resoluciones judiciales, al derecho a vivir una vida sin violencia, el derecho a que las personas mayores sean atendidas adecuada y oportunamente en los servicios de salud, el derecho a la vivienda, a recuperar la visión, a la no pérdida de poder adquisitivo, a la participación y a la paz. Es obligación del
Estado y del gobierno reconocer y respetar el derecho a envejecer dignamente con los compromisos contraídos al suscribir los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Al momento de emitir esta declaración, asistimos con asombro y rechazo al proceso de renovación de integrantes para la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDHH) que se viene dando en el Parlamento. Nos oponemos a que los puestos de dirección en dicha institución sean| «botín de guerra» y motivo de disputa entre los partidos políticos. La integración de la INDDHH, así como los derechos humanos propiamente, nada tienen que ver con cuotas políticas ni el reparto político partidario de cargos. Exigimos que el proceso de autoridades se desarrolle con la seriedad y responsabilidad que la importancia del tema amerita.
Vinculado a la vivienda, estamos en 2022 y a la fecha no se ha comenzado a construir ninguna de las 607 soluciones habitacionales previstas de acuerdo al plan quinquenal 2020-2024 elaborado por el Ministerio de Vivienda. En este sentido exhortamos a las autoridades a que se dé cumplimiento a lo previsto, y planteamos además que no queremos volver a épocas pasadas en la que se construían viviendas frente a los cementerios y de muy mala calidad, como lo eran sin dudas los llamados NBE (Núcleos Básicos Evolutivos), tan nocivos y perjudiciales para la salud de sus habitantes.
Respecto de la propuesta de reforma del sistema de seguridad social. Luego de participar del proceso de discusión llevado adelante en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), hemos sido críticos con los dos documentos elaborados por dicha comisión (diagnóstico y recomendaciones). En ninguno de los dos casos se acompañó el documento elaborado por los representantes del Poder Ejecutivo y los partidos políticos de la coalición de gobierno. Hemos denunciado el carácter acotado de la discusión, centrado únicamente en el ámbito previsional.
También, que la discusión se recaiga casi que exclusivamente en la sostenibilidad económica, en detrimento de la sostenibilidad social. Y más específicamente, que la sostenibilidad económica dependa solo de moderar lo egresos del sistema, el llamado gasto en seguridad social, sin considerar en absoluto la otra cara de la moneda; los ingresos. También hemos criticado que se proponga una larga batería de medidas para modificar el sub sistema administrado por BPS, y muy pocas para corregir el amplio conjunto de privilegios de los que goza el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la llamada Caja Militar. Fruto del trabajo de la CESS han quedado contrastadas realidades que son inocultables, siendo una de ellas la disparidad entre los subsistemas, donde el más evidente es el referido a la Caja Militar con relación al administrado por BPS.
Reafirmamos la necesidad de discutir las reformas necesarias y permanentes que requiere cualquier sistema de seguridad social. No somos ajenos a una realidad mundial; la población envejece, las pautas de natalidad se modifican, cambian los mercados de trabajo y las formas de vincularse laboralmente, la tecnología evoluciona ganando terreno en actividades antes realizadas por seres humanos. Estos son solo algunos ejemplos de los varios motivos que deben impulsar las reformas, sin olvidar los principios fundamentales de la seguridad social como la tendencia a la universalidad de las prestaciones, la suficiencia de éstas y la sostenibilidad económica. En definitiva, cualquier reforma debe equilibrar dos conceptos: sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Centrarse en una sola puede ser motivo de problemas.
Es por ello que proponemos: una discusión amplia y participativa, sin temas excluidos. Que discuta sobre la necesaria sostenibilidad económica, pero que contemple de forma irrenunciable a la sostenibilidad social. Proponemos pensar y avanzar en la reformulación del sistema de seguridad social eliminando cualquier
componente de lucro que nada tiene que ver con un derecho humano fundamental. Proponemos discutir y reformar la seguridad social teniendo como eje uno de sus principios básicos; la redistribución de la riqueza. Es imperativo analizar el sistema como un todo, lo que incluye analizar no solo los egresos sino también los ingresos y su composición. En definitiva, un sistema que asegure y avance en derechos y no basado en recortes.
Convocamos a todos los jubilados y pensionistas del país a sumarse e integrarse a ONAJPU, y a todas las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del país, para seguir avanzando y profundizando los cambios del colectivo que representamos. Solo la participación activa, militante y unitaria en la diversidad de opiniones fortalece a ONAJPU. Nuestra organización constituye una gran y formidable herramienta de desarrollo, que se ha venido forjando desde sus inicios gracias a la visión y compromiso de sus fundadores que marcaron el camino. Continuar la huella que dejaron grandes dirigentes y personas, como Luis Alberto Colotuzzo, nos permitirá sin dudas tener expectativas positivas, ciertas y concretas en cuanto al futuro de la calidad de vida de todos los adultos mayores.
JUNTOS PODEMOS
¡Viva la unidad en la diversidad!
¡Viva el 26° Congreso!
¡¡¡ VIVA LA ONAJPU!!
Leyenda de foto de portada:
Movilización de jubilados y pensionistas desde Plaza Libertad hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el mes de mayo en Montevideo Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS