El hambre afecta en Brasil al 15,5% de su población.
Por tal motivo, la organización social Acción de la Ciudadanía ha convocado en coordinación con otras organizaciones nacionales a una campaña contra esta situación con el objetivo de “movilizar nuevamente a la sociedad en busca de soluciones urgentes”.
Según informa la agencia de noticias IPS, la movilización se inspira en el movimiento masivo que, en 1993 “entusiasmó al país”.
Al comparar ambos momentos, Rodrigo Alfonso, director ejecutivo de Acción de la Ciudadanía declaró a IPS, que la situación actual “es más difícil”, ya que “el hambre se diseminó por todo el país” y “en ciudades donde no había, se profundizó”.
A ello se le suma, agregó Alfonso que “la sociedad está anestesiada con tantas tragedias, agotada tras dos años de pandemia de covid-19, muchas pérdidas”.
En sus declaraciones a la agencia de noticias, Alfonso subrayó como agravante el hecho de no poder “contar con el gobierno actual, que además de desactivar políticas que venían ampliando la seguridad alimentaria, adoptó medidas negativas”.
Lejos de las afirmaciones pomposas de Bolsonaro en la pasada Cumbre de las Américas sobre la capacidad del país para alimentar a “1000 millones de personas en el mundo”, lo cierto es que “la producción de que se ufanan los líderes políticos y grandes agricultores se destina básicamente a la exportación y a la alimentación ganadera”.
Como resultado de esta política, recuerda IPS, “los brasileños consumen solo una pequeña parte del maíz y una porción menor aún de la soja”, que son los “productos más volcados a la exportación y a los animales”.
El hambre que afecta a 33,1 millones, equivalente al 15,5 % de los brasileños, ha sido denunciada por la organización no gubernamental Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Penssan).
La red dirigida por investigadores de universidades y otras instituciones públicas, dio a conocer el pasado 8 de junio su segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de covid-19.
Realizada con datos relevados entre noviembre de 2021 y abril de 2022, la investigación mostró un aumento del “73 % sobre los 19,1 millones de hambrientos registrados en la primera edición, de fines de 2020”.
Ello significa que, “en poco más de un año de pandemia, se sumaron 14 millones de personas a la situación de inseguridad alimentaria grave, o la privación frecuente de comida. El aumento fue de 9 % a 15,5 % de la población brasileña”.
Esta crítica situación, detalla la agencia noticiosa, “afecta más a las poblaciones del Norte y Nordeste (…) a los negros, las familias encabezadas por mujeres y que tienen hijos menores de 10 años, a la población rural y locales donde también impera la inseguridad hídrica”, datos estos que velan como “las desigualdades se intensificaron”.
En atención a ello, entre el 20 y el 23 de junio pasado, Acción de la Ciudadanía llamó al Encuentro Nacional contra el Hambre, donde se hicieron presentes representantes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y consejos de seguridad alimentaria existentes en los estados brasileños.
Durante la reunión se “aprobó una carta dirigida a la sociedad con la propuesta de diez medidas prioritarias”, entre las que se destacan la importancia del aumento del salario mínimo nacional, la realización de una reforma tributaria justa, la “reanudación de la reforma agraria y de la demarcación de tierras indígenas”, que fueran “interrumpidas en el actual gobierno, y la restauración de las políticas de seguridad alimentaria también abolidas en la gestión actual”.
Sobre la base de estos reclamos se gesta la nueva campaña contra el hambre “que será oficialmente inaugurada en las próximas semanas”, anunció Afonso a IPS.
El estado de la inseguridad alimentaria en el país, obedece, “a la crisis económica que sufre Brasil desde 2015 y a la pandemia”, todo ello agravado como “producto de las decisiones gubernamentales recientes, que desmontaron políticas de seguridad alimentaria e impusieron nuevas medidas contrarias”, resumió el director ejecutivo de Acción de la Ciudadanía a la agencia de noticias.
