El 1 de marzo pasado, en Estados Unidos de Norteamérica y de acuerdo a sus tradiciones y marcos legales, el presidente Joe Biden pronunció por primera vez el discurso llamado “State of the Union” (no literalmente, “Estado del país”, en el cual se presentó ante el Congreso la visión presidencial del año transcurrido y del que vendrá, para luego dar pie a una respuesta de un referente de la oposición, para el caso, la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds.
Instalando una suerte de modelo a escala, el 2 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou presentó (aunque en formato de monólogo) su parodia de dicho evento, muy apropiada para el Carnaval aún en desarrollo. Allí dijo: “Datos, no relatos”. Buena frase para dar pie a un breve racconto de algunos aspectos de sus dos primeros años en la presidencia.
En la previa transcurrida entre su triunfo electoral y su asunción, de unos tres meses de duración, el dólar empezó una escalada que lo llevó a los niveles más altos en muchos años. Razón: algunos de los futuros gobernantes, como el primer ocupante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, quien hablaba en términos de “nosotros” al referirse al sector agroexportador, publicitaban su anhelo de un dólar a 50 pesos, y cerca estuvieron de lograrlo. Tanto, que a poco de comenzado su gobierno, el Banco Central, que se había anunciado liberaría al mercado la paridad cambiaria, intervino para bajar la cotización del dólar, en una clara ruptura de las promesas de campaña.
Paralelamente se desarrollaba la telenovela en torno a los aumentos de las tarifas públicas que, en campaña, Lacalle Pou condenó y demonizó y juró que se terminarían. Por ende, en sus últimos días de gobierno el Frente Amplio (FA) no aumentó tarifas, puesto que eso era pecado mortal para el gobierno que asumía, electo por la ciudadanía. Lacalle Pou se indignó y le reclamó al FA “cumplir con su deber de aumentar tarifas” (¿cómo, no estaba mal?). Finalmente, muy enojado cumplió “con su deber de aumentar las tarifas” (¿era un deber? Entonces, ¿por qué estaba mal?). Deber que se tomó muy a pecho porque las siguió aumentando en reiteración real hasta hoy, en porcentajes no registrados en dos décadas, por lo menos. Menos mal que no lo iba a hacer…
Al 11 de marzo, decretó que los diversos órganos del Estado recortaran el 15% de la ejecución de su rubro gastos e inversiones, comenzando con el achique del Estado y el detalle de la fecha no es menor. Porque nada puede tener que ver una pandemia cuyo primer caso llegó al país el 13 de marzo y si algo mostró nuestro Biden a escala, es no ser precisamente un gran previsor.
Constituyó un gobierno donde parecía necesario, como requisito excluyente, ser egresado de universidades privadas o docente en ellas, cuando el 80% del desarrollo del conocimiento y un porcentaje abrumador del alumnado universitario corresponde a la Universidad de la República (UdelaR). Volvieron figuras de triste historia, como Isaac Alfie en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se incorporaron incógnitas como Ernesto Talvi en la Cancillería y una oleada de misticismo versión Opus Dei en el MIDES, con Pablo Bartol.
Comenzaron los recambios. Un presidente de un ente duró lo que un lirio y el canciller Talvi, tras su loable preocupación humanitaria por el crucero Greg Mortimer y un anuncio espectacular de una nueva estrategia en materia de política exterior, transcurridos apenas tres meses, desapareció por completo de la escena política.
Con la pandemia instalada, con las fortalezas del Sistema Nacional Integrado de Salud y su cobertura universal desplegada por los gobiernos del FA; con las virtudes históricas de la UdelaR, potenciadas por el apoyo de los gobiernos del FA, sumadas al apoyo del despliegue del Instituto Pasteur, etc.; mientras la población se confinaba siguiendo las medidas de precaución recomendadas, asumiendo que habría medidas de contención de la pérdida de ingresos como la sugeridas por el FA y la Intersocial a Lacalle Pou, la respuesta fueron decenas de conferencias de prensa, completamente inútiles y la absoluta ausencia de la más mínima responsabilidad de parte del Estado camuflada bajo “la libertad responsable”.
En su apuesta al “malla oro”, se generó el Fondo Coronavirus con fuertes quitas a salarios públicos medios y altos, sin afectar a los grandes exportadores o a quienes viven de rentas. Debe anotarse a la pasada, que la frase pronunciada por nuestro Biden a escala en el Parlamento, de que hizo “inversión social” sin “afectar el bolsillo” de los uruguayos es lisa y llanamente falsa. ¿O acaso el Fondo Coronavirus afectó a ciudadanos suizos?
Lacalle decidió que sus conferencias se potenciaban si aparecía un consejo de destacados científicos y así nació el GACH, cuyas recomendaciones escuchó mientras la COVID-19 estaba muy bajo control o cuando opinaron lo que él quisiera oír, al punto de darle un entierro de lujo en pleno desarrollo de la pandemia. Resultado: 7.005 fallecimientos, muchos evitables.
Mientras tanto los ministerios eran sillas con resortes: a la Cancillería se sumó el MGAP, el MIDES y el MINTUR, en este último caso por compras que un correligionario del entonces ministro Germán Cardoso se negó a firmar por cuestionables, lo que insólitamente llevó al ex ministro al Parlamento, para más insólitamente aun, integrar la comisión investigadora sobre sus propias irregularidades de la cartera del Big Bang en adelante.
Se vendió un avión presidencial multiuso de manera muy promocionada, mientras se compraron dos Hércules en completo desuso. Se asesinaron guardias de instalaciones militares, policías, pero las cifras del Ministerio del Interior son mucho mejores. Como confesaran algunos jefes de policía, algunas denuncias ahora no se reportan como antes o varias denuncias se integran en una, ¿casualidad? Falleció, lamentablemente, el ministro Jorge Larrañaga, legando su “hay orden de no aflojar” y la cartera pasó a Luis Alberto Heber, La orden de marras fue quizás malentendida, pero los casos de abuso policial en Uruguay pasaron de casi inexistentes a más de un centenar hoy bajo consideración judicial.
La muy escondida Ley de Urgente Consideración finalmente apareció, con un marcado desconocimiento de su contenido de los legisladores oficialistas, primero con 502 y finalmente con 476 artículos, 341 de los cuales seguirán vigentes, pero 135, los medulares y brutalmente regresivos, serán llevados a referéndum el 27 de marzo, tras la hazaña de recolectar 800 mil firmas en seis meses, bajo pandemia y la gran cortina de silencio de los medios hegemónicos.
Permanente ajuste de tarifas, reajustes de salarios, jubilaciones y pensiones por debajo de la inflación (cada vez nuestra plata vale menos), aumento de un clima represivo y autoritario, eliminación de horas docentes en la Educación Pública, eliminación de políticas sociales, política internacional eco de la del Biden original…
Es largo el legado de este primer bienio, que se perfila para disputarle a Jorge Batlle el título de la presidencia más recordada por las clases populares uruguayas desde la restauración democrática, por todo lo que se las ignoró, haciendo que las ollas populares y la solidaridad fueran la manera de sobrevivir.
En su discurso reciente, el Biden a escala no ahorró demagogia: prometió rebajas de impuestos (otra vez) y nuevo Hospital de Clínicas para el 2030, ignorando que la UdelaR es el ente autónomo responsable del mismo y que al 2030, su gobierno será pesadilla del pasado.
Combate a sindicatos, contratos a fundaciones para fragilizar dependencia del Estado. Combate al carnaval, publicidad para personajes menores de la pantalla.
Datos, no relatos.
Gonzalo Perera
