La modificación realizada a la ley 18.787 de 2011, que entró en vigor el pasado 25 de agosto, motivó una declaración de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República.
De acuerdo al documento, la modificación a la ley 18.787 de 2011 (…) expande el concepto de hospitalización involuntaria a personas en situación de calle que tengan su capacidad de juicio afectada por problemas psiquiátricos o de consumo de sustancias psicoactivas”.
La modificación a la ley, se añade, “representa un tipo de política pública regresiva hacia el cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar a todas las personas condiciones para el ejercicio de su derecho a una vida digna. La dignidad humana y los principios de derechos humanos marcan estándares a nivel ético y normativo que deben transversalizar las políticas públicas que habrán de contar con presupuestos acordes, monitoreo, evaluación y participación por parte de distintos actores de la sociedad”.
Respecto a la justificación esgrimida para la modificación, la Catedra considera que si lo que se busca es “lograr mejores condiciones para la salud, bienestar e inserción social de las personas en situación de calle no es a través del desconocimiento de los derechos humanos que se contribuye a la resolución de estos problemas”.
El documento recuerda que en el año 2023 y en el marco de “la campaña intersectorial de salud mental liderada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo (INDDHH)” se planteó “que la internación y el tratamiento farmacológico no son la única respuesta para esos problemas”.
“La salud”, se añade, “solo se construye en comunidad” de allí la importancia “de la prevención, la participación y la inclusión”.
“Como comunidad se ha establecido un compromiso a través de normativas nacionales y acuerdos internacionales de defender los derechos humanos a la salud mental, la vivienda y el cuidado entre otros”, se lee en la declaración.
Finalmente, se subraya que desde “la Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar” se insta “al Estado a revisar esta legislación que vulnera derechos humanos” y se afirma que “este tipo de normativas contribuyen a la discriminación, exclusión y estigmatización de personas que se encuentran en una compleja situación de vulnerabilidad, no a la sensibilización de la comunidad ni a la protección social del Estado de personas en situación de calle”.
“Exhortamos a la comunidad, organizaciones sociales y profesionales y a organismos del Estado a atender de forma integral estas problemáticas y buscar soluciones que contribuyan a promover el bienestar social de las personas más vulnerables en nuestra comunidad”, se concluye expresando.
