Las fuerzas de seguridad en el mundo tienen un accionar desproporcionado con los miembros de poblaciones africanas y afrodescendientes.
De acuerdo a un informe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH), la tasa de muertes de esas personas por parte de las fuerzas de seguridad es desproporcionadamente alta en países con este tipo de población.
En el informe se reconoce que, más allá de los avances “graduales” que se verifican en dichos países para limitar los efectos del racismo sistémico y el trato discriminatorio contra los afrodescendientes, todavía se reciben “denuncias continuas de trato discriminatorio, uso excesivo de la fuerza, y muertes de migrantes africanos por parte de las fuerzas del orden”.
“Cuando están disponibles, los datos recientes muestran tasas desproporcionadas de muertes de afrodescendientes por parte de las fuerzas del orden en diferentes países”, subraya el documento del organismo internacional.
Además de estas acciones desproporcionadas y letales, en dichos países “también se registra una mayor falta de rendición de cuentas”, cuando quienes están directamente implicados son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“Solo una fracción de los casos de muerte o lesiones de personas de ascendencia africana a manos de las fuerzas del orden fueron denunciados o atrajeron la atención del público o de los medios”, detalla el reporte, que añade que “se han informado casos de clasificación errónea y subnotificación en Brasil y Estados Unidos”.
En el caso de Brasil, consigna el portal de noticias de Naciones Unidas, casi el 80% de las víctimas de operativos policiales en el año 2020, tenían como objeto a personas de origen africano.
El hecho ha sido denunciado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, ACNUDH y otras entidades de derechos humanos, quienes han enfatizado “su preocupación por las muertes que se han producido durante las operaciones policiales a gran escala”.
El informe, divulgado el pasado viernes en la ciudad suiza sede de ACNUDH, prestó especial atención a “siete casos emblemáticos de violencia policial contra afrodescendientes”.
Los casos refieren a “George Floyd y Breonna Taylor en Estados Unidos; Adama Traoré en Francia; Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto en Brasil; Kevin Clarke en Reino Unido; y Janner (Hanner) García Palomino en Colombia”.
El documento reconoce que se ha avanzado en la rendición de cuentas de algunos de estos casos icónicos de brutalidad policial, sin embargo, se añade, “lamentablemente ninguno de ellos ha concluido aún” y las familias continúan su trabajo de búsqueda de verdad, justicia y garantías para que los mismos no se repitan.
Junto a ello, se denuncia que no terminan de completarse “el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables”, por lo que “las familias afrodescendientes continuaron denunciando los inmensos obstáculos y los prolongados procesos que enfrentaron en su búsqueda de la verdad y la justicia por la muerte de sus seres queridos a manos de las fuerzas del orden”.
Nada Al-Nashif, encargada de la Agencia internacional afirmó que “los Estados deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas y la reparación cuando los africanos y las personas de ascendencia africana hayan muerto en el curso de la aplicación de la ley”.
El documento constató, además, “la persistencia de denuncias de trato discriminatorio, deportaciones ilegales”, así como del “impacto desproporcionado de la pena de muerte o políticas punitivas de drogas”, lo que se ve en la sobrerrepresentación de este tipo poblacional en “arrestos y en las cárceles”.
El informe de ACNUDH, fue presentado el pasado 2 de octubre en el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 47 Estados.
