Un informe de la Inspectora General del Estado de Nueva York denunció el trato disciplinario desigual a reclusos latinos y negros en cárceles estatales neoyorquinas.
El informe presentado por la Inspectora general del Estado, Lucy Lang señala que los “hispanos encarcelados tienen 12% más de probabilidades de recibir reportes de mala conducta que internos blancos”.
De acuerdo al medio de prensa eldiario.ny, los prisioneros negros y latinos internados en prisiones estatales “siguen siendo objeto de tratos desiguales, con respecto a reclusos de otros grupos raciales”, algo que es particularmente visible en el estudio de los datos de sanciones disciplinarias.
El documento señala que, en el caso de los prisioneros negros, estos tienen un 22% más de probabilidades, respecto a los blancos, de recibir reportes de mala conducta.
En dicho Estado las prisiones estatales, reportan la existencia de cerca de 30,000 prisioneros.
La evidencia disponible, luego del estudio de los reportes disciplinarios, documenta “que a los reclusos que no son blancos se les emitieron más informes de mala conducta en general, que a las personas de raza blanca”, dato este que se toma como indicador “de las desigualdades que enfrentan las poblaciones de color en la sociedad”.
“No hay duda de que el sistema de justicia penal es solo uno de muchos sistemas que tienen un impacto devastador y desproporcionado en los neoyorquinos de color”, afirmó Lang, quien añadió que, “lamentablemente, como lo reflejan los datos de seis años en nuestro informe, aunque las disparidades raciales pueden no comenzar en las puertas de la prisión, lamentablemente tampoco terminan allí”.
La funcionaria expresó su preocupación por la persistencia de este trato desigual que no se condice con los cambios de política adelantados por el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado (DOCCS).
Lang, señaló, según consigna el medio de prensa local que se “espera que los datos revelados sobre la continua desigualdad en el trato que se da a los internos contribuya a impulsar cambios en las políticas y prácticas de justicia y dignidad para los presos”.
Los datos sometidos a revisión permiten aseverar que, entre 2017 y 2019, hubo un aumento en las disparidades en el trato, sin embargo, ello se disparó 2020 cuando prisioneros “negros y latinos en ese año tuvieron casi un 38% y un 29% más de probabilidades de recibir informes de mala conducta, que los blancos”.
Para contrarrestar esta situación, la funcionaria presentó una serie de recomendaciones al DOCCS, entre la que se destaca “que se promueva una capacitación antisesgo anual para todo el personal, se analicen cifras adicionales sobre procesos disciplinarios, se publiquen datos que pueden cotejarse con datos demográficos, se expanda el uso de oficiales de audiencia centralizados y se expanda el uso de sistemas de cámaras fijas dentro de todas las instalaciones correccionales en todo el estado”.
Tras conocerse el informe, Victor Pate, codirector de la campaña #HALTsolitary, y José Saldaña, director de la campaña Release Aging People in Prison, reafirmaron “la necesidad de no mantener a prisioneros en los penales y acabar con el aislamiento solitario”.
Para ambos activistas “el reporte confirma que las cárceles estatales son parte de un sistema de represión racista”.
“El nuevo informe (…) revela que estas prácticas racistas, documentadas durante muchos años, en realidad han empeorado. La necesidad de acción por parte de las autoridades ejecutivas y legislativas es clara”, puntualizaron en un comunicado, donde describieron algunas de las problemáticas que viven los reclusos de color en los penales.
Además de confirmar la existencia de prácticas discriminatorias el comunicado identificó el accionar represivo de los funcionarios de custodia “que brutaliza, agrede sexualmente e incluso mata a personas y lo encubre con sanciones falsas”.
Además de estas prácticas, se denunció “el uso generalizado de insultos raciales”, por parte de “supremacistas blancos declarados que trabajan como personal de seguridad” y las “violaciones flagrantes de la ley de confinamiento solitario HALT”, así como las “negaciones repetidas y con prejuicios raciales de la libertad condicional por parte de la Junta de Libertad Condicional”, situaciones estas que evidencian que “el sistema es racista” y está “podrido hasta la médula”. concluyeron.
