Desmiente el diputado Pablo Caggiani afirmaciones realizadas por Juan Sartori sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) y los docentes.
En un tuit, el senador del partido Nacional afirmó que “gracias a la LUC, los docentes tienen una mejor formación y logran tener un título universitario. Este es un cambio que se ha buscado por años y hoy es una realidad”.
De forma inmediata, el ex consejero de Primaria y diputado por el Frente Amplio (MPP), salió al cruce de tal afirmación y aclaró que, “en 19 meses de aplicación de la Ley de urgente consideración (LUC), no fue utilizado el mecanismo de reconocimiento de carreras”.
“En Uruguay no hay ningún docente con título universitario a partir de la LUC (…) lo que prevé la ley es un mecanismo de reconocimiento de carreras, que todavía no funcionó en los 19 meses de aplicada esta ley que utiliza mecanismos de urgencia”, especificó Caggiani al medio de prensa.
Con respecto al sistema de becas universitarias que se creó con la LUC, el diputado recordó que el mismo “se superpone con un sistema de becas que ya tiene el Consejo de Formación en Educación, que en 2019 otorgó más de 2.200 becas, el 10% de la población estudiantil de este consejo”, por lo que su creación con la LUC resulta rara.
Para Caggiani, la cuestión de la titulación universitaria de los docentes, es una discusión de muchos años e insistió que en ella deben ser escuchadas “las voces de otros actores educativos”, como el Movimiento Miguel Soler, la Universidad de la República, la intergremial de Formación Docente y la Federación de Estudiantes de Formación en Educación.
En sus declaraciones, el diputado del MPP, “recordó que los acuerdos multipartidarios de 2010”, establecieron que dicho carácter universitario de la formación docente, debía ser “otorgado a través de un ente autónomo, es decir, un instituto de carácter universitario”.
“Está claro”, enfatizó, “que lo allí firmado es lo que no ha logrado resolver el sistema político en los últimos diez años, así que este escenario planteado por la LUC no recoge nada de lo acordado y además pone al Ministerio de Educación y Cultura en una posición muy compleja con respecto a la autonomía de los entes, encargándose de separar qué es lo universitario o no, con respecto a la formación docente”.
