Desde el pasado lunes 20 de diciembre, el Congreso colombiano, reunido en sesiones extraordinarias discute, entre otros temas, el nuevo proyecto de seguridad ciudadana.
Justamente, alrededor de este proyecto es que se han concentrado las principales discusiones ya que, según informó el portal de noticias Caracol, “este sugiere varios puntos relacionados a la fuerza pública del país, el derecho a la protesta y al ambiente carcelario del país”.
A través de un tuit la Cámara de Representantes comunicó que se había aprobado “en Plenaria Cámara con 103 votos a favor proyecto por medio del cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.
La nueva norma aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, trae como nueva disposición cambios en la respuesta penal ante los homicidios cuya víctima sean funcionarios de las fuerzas de seguridad del país.
En ella se establece “que el homicidio cometido en contra de un uniformado de las fuerzas públicas del país, se castigaría con penas entre 41 y 60 años de prisión”, en esa misma dirección se procedió al aumento de “las penas establecidas para quien lesione a un integrante de la Policía Nacional y/o fuerza pública”.
La iniciativa que deberá discutirse en el Senado, establece además que, “los ciudadanos que destruyan bienes públicos o interrumpa las acciones legítimas de la fuerza pública, pueden llegar a pagar entre cuatro y seis años de cárcel”, mientras que se eliminan las “excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades”.
Entre las voces críticas del proyecto se encuentra María José Pizarro, quien representa en el Congreso a la llamada “lista de la decencia”.
Para la representante, “esto se trata de una normativa que criminaliza la protesta en el país”, al tiempo que, asegura y “facilita la judicialización de manifestantes”, por lo que, a su juicio, ello supone un “grave peligro para la democracia en Colombia”, en el mismo tuit Pizarro cuestiona si además, “¿Se legalizaría la tortura?”.
“Estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que torturó a los jóvenes de entonces, a mis padres por ejemplo”, dijo la Congresista.
Para Inti Asprilla, otro de los opositores al proyecto, no hay dudas que el proyecto, defendido por los uribistas, es “el proyecto de ley Andrés Escobar”, comentó Asprilla en referencia directa a un ciudadano colombiano que salió a la calle con un arma de fuego, durante las manifestaciones del más reciente paro nacional, para amenazar a las personas que se encontraban protestando en Cali.
Otro de los opositores al proyecto, León Fredy Muñoz, no dudó en afirmar que este proyecto “les pone una lápida a los jóvenes en la espalda”, ya que, por ejemplo, el artículo de la nueva norma permite a las personas, en nombre de la legítima defensa, “sacar una pistola y disparar a los marchantes”.
El otro punto de fuerte discusión en el proyecto es el relacionado con la seguridad en las cárceles. Según el texto ya aprobado, “los entes territoriales puedan celebrar contratos con empresas de seguridad privada para la prestación del servicio de vigilancia en las cárceles del país”.
Al referirse a este punto, Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde, afirmó que ello “genera un incentivo perverso porque se les empieza a pagar un servicio a los privados en función del número de personas que están en las cárceles, lo que genera un incentivo a mandar a más personas a las cárceles”.
Con el fin de año en el horizonte, las discusiones sobre el controvertido proyecto de seguridad ciudadana deben culminar en el Senado antes del 23 de diciembre.
Rolando Arbesún
