El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, desacreditó este miércoles un informe de una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), creada por la Defensoría del Pueblo, pero con actuación independiente, que analizó los hechos ocurridos durante las protestas antigubernamentales de octubre de 2019, y responsabilizó al Estado de la represión y las violaciones de derechos humanos, que dejaron muertos y heridos.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, a partir de las conclusiones del informe, acusó de delitos de lesa humanidad ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Moreno, la exministra de Gobierno María Paula Romo, el actual ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y altos mandos policiales. El funcionario pidió que se les prohíba salir del país a los denunciados.
Moreno dijo este miércoles, durante su programa semanal De Frente con el Presidente, que “en este mundo bizarro, en este mundo extraño, en este mundo estrambótico y loco, nosotros somos los culpables”, para refutar el documento de la CEVJ y la denuncia presentada por el defensor del Pueblo.
Moreno aseguró que él y sus ministros ordenaron expresamente que no se disparara “un solo tiro” en las manifestaciones, en las que fue evidente la fuerte represión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, tal como indica el informe de la comisión.
El presidente dijo también que las personas que participaron en las protestas “utilizaban esas armas caseras, que son armas de fuego”, y que “causaron más de una lesión”; e insistió: “A lo mejor, causaron lesiones, inclusive, entre los propios manifestantes”.
Además, dijo que el Freddy Carrión Intriago, quien no fue parte de la comisión, que fue conformada por expertos independientes, “está alineado políticamente”. Moreno basó esta acusación en que la entrega del informe coincidió con el periodo electoral.
Las protestas que refiere el informe sucedieron en octubre de 2019, luego de que Moreno anunciara la eliminación del subsidio a los combustibles y otras medidas de austeridad, debido a un acuerdo que había alcanzado su gobierno con el FMI.
Según el informe de la CEVJ, el Estado “violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal” durante las protestas.
Se documentaron seis casos de ejecuciones extrajudiciales; 123 casos de violaciones al derecho a la integridad personal; 38 violaciones al derecho a la libertad personal por detenciones ilegales o arbitrarias; 22 atentados contra el derecho a la vida; tres casos de violencia sexual durante detenciones ilegales por parte de agentes estatales y 20 lesiones oculares por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes –14 personas perdieron un globo ocular y 6 tienen afectada su visión.
El mismo informe de la comisión recogió también las acciones violentas de los manifestantes contra agentes del Estado, periodistas, civiles y contra bienes públicos y privados.
Fuente RT
