“En nuestro país la enseñanza pública ha jugado y juega un papel de privilegio en la conformación del pensamiento democrático. El legado de Varela es patrimonio nacional permanentemente asechado y acechado”, maestro Hugo Rodríguez.
Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio (FA) existió, en paralelo, una continua y sistemática campaña electoral por parte de los sectores que hoy son gobierno. Temas privilegiados de esta fueron, entre otros, las gestiones frenteamplistas en materia de seguridad y educación. Las tildaron de fracaso total y repitieron esto hasta el hartazgo, contando siempre con el generoso aporte de los grandes medios de comunicación para su amplificación inconmensurable. En este frenético esfuerzo descalificador no se preocuparon nunca por aportar elementos que permitieran identificar las verdaderas causas de los problemas, todo era culpa del FA y su “incapacidad” para gobernar.
En Educación, como en tantos otros temas, la postura fue no reconocer nunca los avances. El enorme aumento en el presupuesto para la enseñanza fue para ellos un gasto mal hecho durante ese período. Nada significó el crecimiento en infraestructura y equipamiento escolar, la ampliación de la cobertura estudiantil, la dignificación del trabajo docente ya sea por el significativo aumento de su salario como por el reconocimiento de su rol como un importante interlocutor en el proceso educativo, la generación de espacios de participación en diversos niveles -creando instrumentos legales que lo permitan-, el considerar a la educación como un derecho humano fundamental y no como un servicio, la expansión de la Universidad pública con presencia en prácticamente todo el territorio nacional y con la incorporación de estudiantes provenientes de las clases populares (¿cuántos de estos nuevos estudiantes universitarios fueron los primeros de su familia en poder acceder a dicho derecho? ), etc., etc. No, para afirmar su adjetivación de “fracaso” resaltaban los índices de deserción, de no egreso y de las pruebas originadas en organismos internacionales más vinculados a las políticas económicas que a las educativas. En fin, desde su visión del mundo nada parecía importar el contexto social en estos resultados. Contexto de exclusión de amplias masas generado por tantos años de políticas llevadas adelante por sus propios gobiernos.
La sección III de la Ley de Urgente Consideración (LUC), dedicada a Educación, no contiene solo aquellos aspectos que intentan ser coherente con ese marketing político mediante el cual presentan sus propuestas de soluciones comprometidas en campaña electoral. Esta ley contiene, además, una profunda reforma educativa con una clara concepción neoliberal, aunque no lo digan ni acepten. En dicha concepción el mercado lo debe resolver todo. La herramienta fundamental es la competencia. El gobierno debe abstenerse de extender las políticas sociales, pero si debe generar los respaldos y las condiciones para que los por ellos llamados “malla oro puedan progresar y así tironear al conjunto de la sociedad para satisfacer las necesidades de todos. Esta “película” ya la vimos y conocemos muy bien sus consecuencias.
Para discutir la LUC, lo hemos dicho reiteradamente, hay que considerar el texto y su contexto. No la podemos ver aislada del Presupuesto de este gobierno ni de la política salarial. El Presupuesto y la Rendición de Cuentas trajeron consigo una sustancial disminución en inversión educativa. Por eso nada de nuevos edificios para escuelas o liceos, menos salario docente, menos grupos y por tanto menos trabajo para los docentes y clases superpobladas para los alumnos, por eso el caos en las elecciones de horas (el año pasado la peor parte le tocó a Secundaria, este a UTU). Para poder llevar adelante este tipo de políticas necesitan una dirección vertical y autoritaria de la educación. Por eso eliminaron los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU, designando gerentes en su lugar, por eso en el CODICEN la mayoría compuesta por los designados políticamente decide por si sola sin tener que contar con los votos de los delegados docentes. Necesitan también campañas de descalificación de los sindicatos, perseguir y amenazar con destitución a los docentes, en fin, generar un clima de miedo que desaliente la movilización.
Nos detendremos un tanto en la eliminación de los Consejos de Educación definidos en la LUC. Aquí se elimina la representación docente, pero no solo eso, también la dirección colectiva de estos organismos de la Educación Pública. Esta forma de conducción tiene una rica historia en el Uruguay. La Dirección General de Instrucción Pública (creada en 1877 y con algunas modificaciones en 1885) estaba constituida por siete miembros; el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, creado en 1918, también tenía siete miembros. El Consejo de Educación Secundaria (1935), siete miembros, tres elegidos por los docentes más un representante de Primaria, otro de la Enseñanza Industrial y otro de la Universidad, a su vez estos seis proponían al Ejecutivo la designación del Director General. El Consejo de UTU de 1942 tenía 10 miembros, dos elegidos por los docentes. Todo esto en un marco de autonomía que se fue reconociendo paulatinamente a los entes de enseñanza. Autonomía que tiene rango constitucional y que está siendo desconocida flagrantemente por la LUC.
Creemos insoslayable recordar aquí que la historia de la Educación Pública uruguaya está estrechamente relacionada con la defensa de la democracia y la participación popular en su construcción real y simbólica. Trasciende lo meramente institucional, constituyéndose en seña de identidad. Un gran golpe a esta autonomía puede verse en la ley 14.101 de enero de 1973, propuesta por el entonces ministro de Educación del autoritario gobierno de Juan María Bordaberry, Julio María Sanguinetti, y votada también en un formato de urgencia. A esta ley, Rodney Arismendi le llamó “ley de seguridad para la educación”, en el transcurso del debate parlamentario, por analogía con la de seguridad del Estado, que tantos males trajo a nuestro pueblo. Aquí se introdujo un organismo centralizador por encima de los consejos denominado en ese entonces CONAE. Este organismo persiste aun hoy con el nombre de CODICEN y la LUC le otorga aún más potestades.
Es visible también la intención de introducir la lógica de mercado en la educación pública, por ejemplo, en el artículo 127. Este sustituye el art 7 de la Ley General de Educación (LGE), eliminando la obligatoriedad por parte de los padres de inscribir a los niños, niñas o adolescentes a cargo en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Ahora alcanza con “contribuir a…”. Esto puede abrir puertas al pingüe negocio en auge en varios países de la educación en el hogar. El 129 elimina la prohibición de suscribir acuerdos que puedan alentar la mercantilización de la educación. El 171 propone un sistema de becas para formación en educación que, en la situación actual solo pueden usufructuarlo los estudiantes de universidades privadas. El 172 integra representantes privados a las Comisiones Departamentales de Educación. El 184 elimina el concepto de Educación pública (¡Toda una señal!). El 185 integra representantes privados a la comisión Coordinadora de la Educación y disminuye sustancialmente la representación de la Universidad de la República. El 198 fulmina las esperanzas de tener una universidad pública para la formación docente, ya que obliga a competir por el reconocimiento del carácter universitario del título docente si se lo quiere obtener. Este procedimiento estará en la órbita del MEC y el sistema a aplicar será el mismo que se aplica a las universidades privadas.
Párrafo aparte merece el artículo 193, se habilita aquí la existencia de más de un estatuto docente (cuestión que ha sido tildada por varios expertos como anticonstitucional). El director de un centro podrá definir su equipo de docentes. La estabilidad laboral y la remuneración dependerán del grado de adhesión a un proyecto de centro y a una metodología de enseñanza. ¡Tremendo! ¡Adiós libertad de cátedra! Por estas cosas hacemos nuestra la afirmación del PIT-CNT en un documento de análisis de la LUC cuando dice: “La LUC expresa la aspiración de un control sobre los trabajadores de la educación y la subordinación a un credo político-institucional”.
Quedan varios aspectos negativos a considerar que también están incluidos en la LUC, será en otra oportunidad.
El 27 de marzo próximo cada ciudadana y cada ciudadano de este país se convertirá en legislador. Su decisión incidirá directamente respecto a los 135 artículos cuestionados. Esto será así por obra y gracia de la hazaña popular que significó la recolección de las 800.000 firmas en las más difíciles condiciones y contra todas las trabas que interpuso el gobierno. En nuestras manos está entonces buena parte del destino de la patria. El triunfo del SI rosado está en el horizonte de nuestra mejor perspectiva.
Daniel Dalmao, Profesor, militante gremial, diputado por la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio.
