El gobierno se propone rematar terrenos que se encuentran en manos del Estado.
La noticia no tendría mayor relevancia si no fuera porque dentro de los predios sujetos a su posible venta se encuentra “un centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE)” conocido como La Perla chica, ubicado en Córdoba.
La inclusión de este predio, informó Página 12, será judicializada en las próximas horas y ha dado lugar a que diversos organismos de derechos humanos denunciaran lo que definieron como “un intento de vender la memoria”.
De acuerdo al medio de prensa, “La Perla chica no es el único caso de sitios de memoria en la mira de la administración de La Libertad Avanza (LLA)”, junto a este se encuentra, además, el exRegimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes, según se constata en la web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El principal argumento usado por el Ejecutivo argentino es que los terrenos en propiedad del Estado son “tierras ociosas” que “genera costos y gastos, un lujo imposible para superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país”.
La Perla, señala el medio de prensa, constituye “el mayor campo de concentración del interior del país” y en los tiempos en que se usaba como centro de detención allí fueron alojadas numerosas personas secuestradas por las fuerzas militares.
La Perla chica, como se la conoce, fue reconocida en 1984 “por sobrevivientes que volvieron a la zona con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
El decreto del Ejecutivo, afirma el diario argentino, “caldeó los ánimos en Córdoba”, donde se anunció que se presentaría “un recurso de amparo” que cuenta con “el apoyo de la justicia federal, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia –del que dependen los sitios de memoria– y con el compromiso de los organismos de derechos humanos”.
La directora del espacio de memoria que funciona hoy en La Perla chica, Julia Soulier, directora del espacio informó que la presentación judicial se haría en el transcurso del viernes.
“Ahora transitaremos el camino judicial. No estamos preocupados; sí ocupados”, subrayó.
Además de la oposición de organismos de derechos humanos, la pretensión de Milei presenta “un problema adicional” ya que “la justicia federal de Córdoba tiene dictadas medidas cautelares en esos terrenos,”.
Ello significa que “cuando se quieren hacer tareas en esa zona, se debe consultar previamente al juzgado federal que interviene”, lo que deriva en un traslado a la fiscalía de derechos humanos y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.
La resolución de la justicia “implica que el terreno no puede ser alterado y, por ende, no podría ser vendido tampoco”.
El intento del gobierno de vender este terreno fue rechazado por la Red Nacional de H.I.J.O.S, quienes “denunciaron que hay un intento del gobierno nacional de vender la memoria”. “Rechazamos profundamente”, señalaron desde la organización, “esta acción del gobierno nacional de Milei y (Victoria) Villarruel, que nuevamente niega y banaliza el terrorismo de Estado y sus crímenes”.
