Hay muchas razones para votar SI el 27 de marzo y anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), entre ellas ocupa un lugar muy especial la de defender la Educación Pública.
Votar SI, con el voto rosado, el 27 de marzo, es enfrentar y hacer retroceder el verdadero asalto contra la Educación Pública que constituye la LUC, en su sección dedicada específicamente a la Educación, en todo su articulado, en la filosofía política e ideológica que la inspira y en la práctica social y política en la que respalda sus objetivos.
La LUC es la ingeniería legal de la restauración conservadora, de su ajuste neoliberal, que impulsan la facción más conservadora de las clases dominantes, los sectores vinculados al agronegocio, al capital financiero, cuyos intereses representa y defiende la coalición de derecha en el gobierno.
Dentro de los 135 artículos de la LUC que se quieren anular, 34 refieren a la educación. Más que un análisis de la literalidad de estos, cosa que se hace en las notas que conforman esta edición, pretendemos en este editorial colocar algunas ideas centrales de los objetivos de estos.
Hemos dicho y comprobado que la LUC no es una ley, es un verdadero Frankenstein que modifica decenas de leyes y políticas públicas, casi sin discusión. La LUC es antidemocrática por su forma, porque eludió el debate y la construcción de consensos ciudadanos, y, también, por su contenido, porque recorta libertades y genera más desigualdad.
Eso que es válido en general, lo es también, y muy especialmente, para la Educación. Los 34 artículos referidos a la Educación que buscamos anular votando SI son una verdadera contra reforma educativa. Hacen retroceder al Uruguay más de un siglo en cuanto a políticas educativas. En muchos sentidos nos retrotraen al siglo XIX. Son un retroceso con respecto a la reforma vareliana.
Los impulsores de esta contra reforma educativa niegan que se cambie la Ley de Educación vigente, que se privatice la educación pública y hasta que se quite espacios a la participación docente. Se refugian en la literalidad de los artículos, en los subterfugios leguleyos y, precisamente, en la falta de información real de la ciudadanía.
Pero, en realidad es un contra reforma conservadora, por lo que dicen los artículos, por lo que modifican y eliminan de la Ley de Educación, por la práctica de las autoridades actuales de la Educación desde que se aprobó la LUC y por la política general del gobierno de derecha y los sectores sociales que la impulsan y defienden.
La LUC concibe a la educación como una mercancía y no como un derecho, sus disposiciones están dirigidas a ampliar un mercado educativo, donde, como le gusta decir al ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, jueguen “la oferta y la demanda”. Tanto es así que uno de sus artículos elimina la prohibición de firmar acuerdos que promuevan la mercantilización. La LUC busca una educación cuyo objetivo sea darles a las y los individuos capacidades para responder a las exigencias del mercado, olvidando que la principal capacidad que tiene que brindar la educación es la de pensar críticamente y poder ejercer, en libertad, la ciudadanía. La LUC ataca a la Enseñanza Pública, la iguala con la privada, como si tuvieran las mismas funciones. Lo hace habilitando la participación de instituciones privadas en los Consejos Asesores, dándoles potestad para elaborar políticas públicas y posibilitando, como en las becas para la Formación Docente, el acceso de privados a recursos públicos. La LUC elimina los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU, que, además de recortar la participación docente, son sustituidos por cargos unipersonales, similares a gerencias de empresa. La LUC ataca la autonomía de la Educación Pública, dándole más potestades al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura. Si, quienes se llenan la boca con una falsa defensa de la laicidad ante la supuesta partidización de los sindicatos de la educación, en realidad promueven la preeminencia absoluta de lo político sobre lo técnico en el quehacer educativo. La LUC ataca a las y los docentes, les recorta la libertad de cátedra, los obliga a compromisos de fidelidad con “proyectos de centro”, crea otro estatuto docente, precariza sus condiciones de trabajo. La LUC también ataca a la UDELAR, la pone en plano de igualdad con las universidades privadas, le impone condiciones para certificación de carreras. Esto lo hacen cuando la UDELAR es la única con presencia nacional, la que produce el 80% de la investigación científica y la que tiene a la abrumadora mayoría del estudiantado universitario. Es la única, además, con un funcionamiento democrático.
La LUC expresa un proyecto elitista que flexibiliza los contenidos educativos, pero no para buscar construir igualdad, para profundizar las desigualdades. Mientras centraliza el poder, eliminando espacios de participación docente y espacios colegiados como los Consejos, que integran la tradición educativa nacional hace más de un siglo, instala un concepto falso de descentralización, que en realidad es un modelo empresarial, por proyectos y con financiamiento diferenciado, en los centros de estudio.
La LUC erosiona un aspecto básico de la tradición educativa y democrática uruguaya: la obligatoriedad. En el artículo 127 elimina la obligación de inscribir a niños, niñas y adolescentes “en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje”. Y en el 140 establece que la educación en primera infancia no es obligatoria, cierto que no lo era actualmente, pero lo que se buscó, en estos últimos años particularmente fue la universalización de la Educación.
Elbia Pereira, maestra, dirigente de la FUM y el PIT-CNT se pregunta: “Incluir en la ley la “no obligatoriedad” en forma expresa, ¿no es acaso un desestimulo y una legitimación para no cumplir con el derecho a la educación desde el nacimiento?”. Y si, claramente, quitar la obligación del Estado y las familias de velar por el cumplimiento de la asistencia a un centro de estudio de niñas, niños y adolescentes es un estímulo a la desvinculación educativa.
Y todo esto se da en el contexto de los recortes presupuestales para la Educación Pública, en especial para los programas que trabajaban con los sectores más vulnerables; para la UDELAR y, también, los recortes para investigación científica. En el marco de una campaña permanente de ataque a las y los docentes y en particular a los sindicatos. Lo mismo con las y los estudiantes, a quienes persiguen si se organizan gremialmente o incluso si expresan sus opiniones, colectiva o individualmente.
Pero, además, la LUC ya puede ser juzgada por su aplicación en estos meses. En Educación también es un fracaso. La eliminación de los Consejos, y su sustitución por instancias gerenciales unipersonales, no redundó en mayor eficacia, son públicos los problemas para iniciar los cursos, para asignar horas en la Enseñanza Media y en UTU, los errores de planificación con falta de docentes, grupos superpoblados, etc.
Es necesario también decir que la LUC no es solo mala por lo que deroga y destruye, también lo es por lo que propone como modelo. La idea de reducir el papel del Estado a un agente coordinador en la Educación, a un actor más, no tiene nada de nueva. Es tan vieja como el neoliberalismo mismo. La idea de promover un sistema de váucher, a través de los cuales, las instituciones privadas de educación se financian con dineros públicos, y las públicas “compiten” entre sí, la propuso Milton Friedman en la década del 50 del siglo pasado. Es un modelo que se aplicó y fracasó estrepitosamente en Chile. Nos proponen como novedad un modelo viejo y fracasado. La LUC, calcando a Eduy 21, que a su vez copió al Banco Mundial y la OCDE, nos quiere imponer el modelo contra el que se levantaron las y los estudiantes chilenos y al cual hicieron saltar por los aires.
Solo queda señalar que la educación es un arma poderosa. Se puede usar para construir libertad e igualdad, ciudadanas y ciudadanos con capacidad para contribuir, individual y colectivamente, a la construcción de una sociedad mejor. Pero también se puede usar para disciplinar, para legitimar el status quo, para consolidar el poder y dominar.
La LUC, en términos educativos, es eso: una apuesta al disciplinamiento. Recorta la libertad y está pensada para perpetuar la desigualdad, incluso para profundizarla.
La Educación, al igual que la sociedad uruguaya, tiene problemas, pero la LUC no tiene ni una sola medida que permita resolverlos, ni los del presente, ni los que se vislumbran para el futuro.
La mejor manera de construir una mejor educación en el Uruguay es votar SI. La mejor manera de defender la educación pública, que pretenden asaltar, es votar SI el 27 de marzo.
