En Bolivia: un paro con filiaciones golpistas

El paro convocado para la jornada de este lunes en Bolivia, ha sido denunciado como una clara maniobra de la oposición para “lograr la impunidad de los involucrados en el golpe de Estado de noviembre de 2019”.

El paro, que se pretende tenga alcance nacional, ha sido convocado, señala la agencia Prensa latina (PL) por el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el Comité Cívico pro Santa Cruz, “dos figuras abiertamente hostiles al presidente Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS)”.

Para fundamentar su convocatoria, se han dedicado a tergiversar los acontecimientos, presentándose a la opinión pública como “víctimas de una supuesta persecución política”, una categoría en la que incluyen a otros líderes opositores.

Los convocantes al paro nacional, señala PL, “exigen la abrogación de la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre otras normas, porque dejaría al descubierto operaciones financieras ilegales, algunas relacionadas con pagos a los perpetradores de los hechos violentos relacionados con el Golpe”.

Diversos analistas consultados por la agencia de noticias, señalan que en verdad el objetivo político del llamado opositor “es desviar la atención de sus verdaderos delitos (incluido el intento de magnicidio), evitar ser juzgados, y desestabilizar al Gobierno de Arce, empeñado satisfactoriamente en la recuperación económica del país y la lucha contra la pandemia de la Covid-19”.

Prensa Latina recuerda que, “entre los procesados en el caso Golpe de Estado abierto por la Fiscalía boliviana destaca el exlíder cívico Camacho, su padre José Luis Camacho, y numerosos representantes de la derecha más rancia en la nación sudamericana”.

En declaraciones a la prensa el vocero presidencial, Jorge Richter, manifestó “que estos grupos saldrán a las calles porque no están dispuestos a esperar ni cinco, ni 10 años, debido a que el voto popular no les favorece y por ello buscan la ruptura constitucional como en noviembre de 2019”.

“Van a hacer un esfuerzo de movilización de financiamientos descomunales, y todos aquellos que negaron su participación en el golpe, hoy, en una mano con un discurso no creíble de democracia, de libertad, de recuperación de la institucionalidad, salen nuevamente a las calles para ver si otra vez, hablando de democracia y libertad, nos pueden conducir a un baño de sangre”, consigna PL que denunció Richter.

Por su parte, María Nela Prada, ministra de la Presidencia, afirmó “que la administración de Arce rechaza de manera contundente a quienes insisten en ganar a través de la violencia, la confrontación, la generación de odio, y el enfrentamiento lo que no logran conseguir en las urnas, porque lo que buscan en el fondo es impunidad”.

Ante la nueva embestida de la derecha boliviana, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, ha convocado a una “marcha nacional en defensa de la democracia y los símbolos patrios” que será realizada mañana 12 de octubre en Santa Cruz.

De acuerdo a Prensa Latina, “la COB expresó su total apoyo al presidente Arce y al trabajo de su Gobierno por sacar adelante la economía y defender la dignidad de los bolivianos, entre ellos los pueblos originarios históricamente discriminados por la derecha”.

En sus declaraciones, Huarachi denunció “que están totalmente claras las intenciones derechistas de reeditar el golpe de 2019, lo cual no van a permitir”, por lo que “los movimientos sociales afines al MAS decidieron manifestarse en Santa Cruz porque es allí donde se gesta la desestabilización”.

Rolando Arbesún

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