Pablo Da Rocha (*)
La semana pasada el presidente de la República Luis Lacalle Pou, realizó -como en años anteriores- el balance anual de su gestión, ante la Asamblea General. Entre otras cosas, el mandatario, aprovechó dicha instancia, para anunciar las modificaciones tributarias, que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, había adelantado en la conferencia de prensa los días previos a la comparecencia del mandatario.
De alivio nada
Si bien la prensa y varios operadores políticos insisten en llamar “alivio”, poco tiene realmente de esto, si tenemos en cuenta que el impacto de las medidas resulta neutro, cuando “ampliamos” la mirada en materia impositiva a lo largo de estos tres años de gobierno.
Cabe recordar que una de las primeras medidas anunciadas por este gobierno en materia tributaria, fue la reducción del descuento en el IVA a través de medios de pago electrónico pasando del 4% a 2%. Para ser más claros, la “reducción de un descuento” es un aumento, por lo tanto, la primera medida en materia tributaria llevada adelante por esta nueva administración multicolor fue un aumento de los impuestos, específicamente, un aumento del IVA.
Debemos detenernos un poco en la estructura tributaria de nuestro país para poder entender los impactos de cualquier modificación. En primer término, hay que señalar que la mayor parte de la recaudación se explica por impuestos al consumo. Para ser más específicos, la recaudación del IVA (más el IMESI) ambos impuestos al consumo explicaron en el año 2022, aproximadamente el 56% del total. En segundo término, estos impuestos son indirectos, es decir, no están directamente asociados a la capacidad de compra del contribuyente, eso los torna regresivos, es decir, “malos”, al menos no deseables. Por último, los impuestos son la principal fuente de financiamiento del Estado, por ende, son los que determinan en buena medida, los recursos disponibles para llevar adelante las políticas sociales.
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, lo primero que hizo este gobierno fue “aumentar” el IVA, que dado que se trata de un impuesto que grava al consumo afecta a todas y todos los consumidores sin distinción alguna (ni por ingreso, ni por condición laboral). En tanto, los anuncios recientes del presidente refieren al IRPF y al IASS, impuestos directos que “identifican” la capacidad de pago de los contribuyentes, pero, además, sobre la base de ser desde el punto de vista de su condición laboral un trabajador “formal”.
Dicho esto, ya se puede advertir, que dichas modificaciones, deterioran la estructura tributaria de nuestro país, tornándola más regresiva, es decir, haciendo que la carga impositiva deba ser más “pesada” para las personas que tienen menor capacidad contributiva. En efecto, un requisito deseable de cualquier sistema tributario es que identifique o tenga en cuenta la capacidad contributiva de las personas (progresividad) (**). En ese sentido, son preferibles menos impuestos indirectos (o al consumo, como el IVA) y más impuestos directos (como el IRPF). Las medidas anunciadas van en sentido opuesto (***), pues aumentan el “peso” de los impuestos al consumo, en relación con los impuestos a las rentas (ingreso). Tengamos en cuenta que, en el año 2022, si sumamos todos esos impuestos totalizan algo así como un 36% (****).
Las medidas anunciadas por Lacalle Pou son, por tanto, acotadas, en relación “a quiénes toca” e injustas, en tanto, son regresivas y no deseables desde el punto de vista social, pues dejan fuera a la enorme mayoría de la población.
Las medidas están fundamentalmente enfocadas en trabajadores formales que ganan más de 50 mil pesos nominales mensuales, eso significa, que solo afecta alrededor del 30% de los trabajadores. Para ser más claros, dos de cada tres trabajadores hoy no pagan IRPF. Los anuncios referidos, por tanto, dan cuenta de una mejora en las deducciones para quienes se encuentran ganando entre 55 mil pesos y 85 mil pesos sin hijos, que significaría tener que pagar, en el mejor de los casos $630 menos.
Otra parte de los anuncios son de carácter absolutamente regresivo, pues “benefician” a todos sin perjuicio de su capacidad contributiva, es decir, supone un alivio “tanto para quienes ganan poco como aquellos que ganan mucho”, o sea, beneficia a todos por igual. Eso está asociado a la condición de tener hijos, o bien, por efecto, de elevar el umbral a partir de cuándo empezar a pagar en el caso del IASS, si bien, supone que algunas personas dejen de pagar. El resto, pagará sin discriminación alguna, menos que antes.
Resultado negativo
En concreto, las modificaciones anunciadas para el IASS son especialmente negativas: en primer término, pues como señalamos, al aumentar el umbral (monto mínimo no imponible) la “rebaja” termina favoreciendo también a las pasividades muy altas; en segundo término, porque la rebaja implica menos recursos para atender la situación financiera del BPS. Para tener en cuenta su impacto, se habla de una renuncia de 30 millones de dólares, que por tanto impactará en el déficit de la Seguridad Social, en medio además de un debate en torno a la necesidad de una reforma.
En resumen, las medidas según el gobierno “benefician” al 75% de los que pagan IRPF (recordemos que aproximadamente 70% de los trabajadores “formales” no lo paga). Pero no podemos dejar de considerar que el “aumento” del IVA perjudicó (¡y perjudica!) a la totalidad de las personas (trabajadores o no, formales o no). En ese sentido, parece razonable pensar que el efecto neto de todos los cambios resulte “neutro” desde el punto de vista económico, pues los aumentos de IVA, más los cambios anunciados en el IRPF y el IASS (y MiPymes) totalizarían en el quinquenio, según cifras de Gustavo Viñales (*****), un experto en la materia, $0. No obstante ello, tal cual se desprende de esta columna, los cambios tienen efectos sociales dispares.
No solamente, que suponen un “alivio” si es que puede denominarse así, a algo que “primero te quitan y luego te dan” para una porción muy reducida de la población, sino que, además, esa “porción” de la población no es la que presenta mayores necesidades de un verdadero alivio, pues no toca a los trabajadores informales, ni tampoco, beneficia a las personas que, si bien trabajan, perciben menores ingresos. A lo que debemos agregar, que algunas de estas medidas impactan directamente con la fuente de financiamiento del Estado, ojalá que esta “renuncia” no implique nuevos recortes en las políticas públicas.
El gobierno se jacta en afirmar que estas medidas son posibles en función de una política fiscal austera y equilibrios macroeconómicos logrados. Sin embargo, olvida que haber alcanzado las metas fiscales (sobrecumplimiento) se logró a costa de la caída de los salarios y las jubilaciones y de importantes recortes en la Educación, la Salud y la Vivienda.
Quizá si había verdadero margen para beneficiar a la gente. Se deberían haber enfocado en mejorar los salarios y las jubilaciones, dotar de más recursos a la Educación, la Salud y la Vivienda. O, si se buscaba una mejora impositiva como fue anunciada en campaña, se debería haber elegido reducir la carga de los impuestos indirectos en relación a los directos, o dicho de otra forma, que las y los uruguayos paguemos menos IVA. Eso realmente es Justicia Social, lo otro, es engaño.
(*) Economista.
(**) “qué pague más, quien tiene más”.
(***) Cabe recordar que este gobierno aumentó el IVA (al reducir el descuento con medios de pago electrónicos).
(****) Por ejemplo, en el año 2022, el IRPF categoría II (rentas al trabajo) fue de 14,4%.
(*****) Es Contador Público. Máster en Hacienda Pública y Administración Tributaria. Docente de la Maestría en la UdelaR, e integrante del Laboratorio Fiscal y Tributario del CINVE.
Foto de portada:
Luis Lacalle Pou durante su discurso en el Parlamento anunciando las «mejoras» impositivas. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
