La autorización dada por el gobierno de Ecuador que permite el ingreso de tropas, buques y aeronaves estadounidenses al archipiélago de Galápagos ha concitado la oposición de numerosas organizaciones sociales y ambientales ecuatorianas.
Dicha oposición condujo a que “más de 50 organizaciones sociales y ambientales nacionales e internacionales formaron una coalición para oponerse a la militarización estadounidense de las Islas Galápagos”.
De acuerdo al portal de noticias KaosenlaRed, la oposición a la medida se sustenta, al decir de dichas organizaciones, en “que vulnera la Constitución ecuatoriana, amenaza la biodiversidad del archipiélago y compromete la soberanía nacional”.
La Coalición Contra la Intervención Militar en Galápagos denunció que la medida del gobierno de Noboa “representa una grave amenaza para la soberanía de Ecuador, así como para la preservación ambiental de uno de los ecosistemas más frágiles y emblemáticos del mundo”.
En un comunicado público, enfatizaron “que la Constitución ecuatoriana establece al país como un territorio de paz, prohíbe las bases militares extranjeras y exige la consulta previa a las comunidades locales sobre decisiones que puedan afectar el ambiente”.
Para los integrantes de dicha oposición “Galápagos no está en venta, no está en guerra y no puede ser militarizada”.
Bajo el “paraguas” del Estatuto de las Fuerzas firmado en el año 2023 entre Estados Unidos y Ecuador, señala el portal de noticias, la disposición que permite la presencia militar en Galápagos “otorga privilegios diplomáticos al personal militar y civil estadounidense, así como exenciones de impuestos administrativos para el ingreso de buques y aeronaves”.
El Gobierno ecuatoriano ha argumentado que la presencia militar estadounidense forma parte de “una estrategia para combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas”.
Dicha argumentación es fuertemente cuestionada por la coalición que a partir de los ejemplos de Colombia y México, cuestionan su efectividad.
En dichos países, recuerdan, “la militarización no ha logrado reducir el narcotráfico y, por el contrario, ha generado vulneraciones a los derechos humanos”.
En su comunicado la coalición recordó casos históricos, entre los que resaltó “la presencia de tropas estadounidenses en la base de Manta”.
En dicha oportunidad, agregan, fueron realizadas “denuncias de abusos y afectaciones a las comunidades locales”.
En atención a ello, la coalición lanzó un llamado “a la comunidad nacional e internacional para respaldar la lucha por preservar la soberanía, biodiversidad y paz en las islas”.
