Los docentes demandan al gobierno que implemente la Ley orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Desde el pasado 12 de julio, informa Prensa Latina (PL), se desarrolla esta acción de protesta que cuenta con el apoyo de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
La medida se ha ido extendiendo más allá de la capital del país y abarca actualmente, además de Quito, a Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, así como Latacunga, Ibarra y Santo Domingo.
De acuerdo a la agencia de noticias, la medida se lleva a cabo por más de 30 maestros y a la misma se han incorporado estudiantes universitarios, quienes han manifestado de esta forma su solidaridad con el reclamo.
“La medida”, destaca PL, “busca llamar la atención de las autoridades nacionales sobre la importancia de la entrada en vigor de la LOEI, aprobada por la Asamblea Nacional”, que “permanece sin entrar en vigor por una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, demanda que aún no se ha tramitado.
Para la organización de docentes ecuatorianos, la aplicación de est normativa adquiere carácter de “imperativo”, ya que la misma “permitirá mejorar la calidad del sistema educativo y el bienestar de los profesores”.
Concebida sin tiempo de finalización, la huelga de hambre pretende “que la Corte Constitucional finalmente ratifique la vigencia de la Ley.”
Varios de los participantes en la medida, han sido atendidos en diversas instituciones médicas debido a afectaciones observadas en su salud.
Como parte del apoyo, al reclamo de los docentes, se prevé para este jueves la realización de “un cacerolazo”.
Hasta la fecha, los reclamos de la organización de docentes, ha concitado el apoyo y solidaridad de varias organizaciones estudiantiles y sindicales del país.
Estas organizaciones han desplegado acciones de cierre de vías, con el objetivo de darle visibilidad al conflicto e informar a la ciudadanía.
Según destaca PL, la LOEI, que fuera “aprobada por la anterior Asamblea Nacional, incluye aumento salarial para los educadores y abarca temas que resultan problemáticos en el sector como el abuso sexual, la violencia y el acoso”.
En ella se incluyen, además, “modificaciones para el bachillerato, el reintegro de docentes desvinculados durante la pandemia de Covid-19, la jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad y otros tópicos relacionados con la pedagogía”.
