Juan Carlos Gómez presidente de Adeom de Salto estuvo en El Popular en radio (*) el pasado lunes, para denunciar la situación de casi 300 trabajadores municipales que van a ser cesados arbitrariamente por el gobierno de la coalición que ganó la intendencia, pasando por encima un acuerdo oficial alcanzado en la negociación colectiva.
– La situación de los municipales de Salto fue parte de la expresión de solidaridad con los trabajadores en conflicto, señalado por el presidente de PITCNT en la movilización. ¿Cuál es la situación?
Hoy nuestro sindicato viene trabajando, no porque hayamos elegido nosotros el camino del conflicto, sino porque el gobierno departamental se ha cerrado totalmente al diálogo. Es decir, ha preferido utilizar la herramienta del avasallamiento a la organización sindical y la violación de los derechos de los trabajadores antes que el diálogo y la negociación. Esto va a tener como resultado que en los próximos días van a van a ser cesados un montón de compañeros y compañeras.
– Situación que no es nueva en una transición donde un intendente asume y entiende que hay un exceso de trabajadores. Cuando asumió Lima la Intendencia pasó algo parecido. ¿Son situaciones similares o no?
Primero, si se hace un análisis muy superficial de la situación, se puede llegar a entender que son situaciones bastante parecidas, cuando en la realidad son situaciones bien diferentes, pero desde muchos puntos de vista. Primero que nada y pongamos la situación económico-financiera de la Intendencia, donde como en toda empresa, muchas veces se utilizan a los trabajadores como variable de ajuste. En el año 2015, cuando Germán Coutinho entrega la Intendencia, estaba totalmente fundida, con la mayoría de los servicios paralizados, con compañeros subsistiendo de ollas populares sin poder cobrar sus sueldos, viendo cómo se le descontaban las cooperativas, los bancos, inclusive las pensiones por retención alimenticia y no se volcaba a las empresas, ni a los beneficiarios. Con una Intendencia que tenía casi 2.000 trabajadores en medio de un conflicto en donde como sindicato le planteábamos al gobierno que no siguiera ingresando funcionarios porque era inviable. Donde de forma arbitraria, antes de retirarse el intendente sin la más mínima negociación el gobierno departamental resuelve dejar efectivo a casi 500 funcionarios. Pero a su vez, lo que hace el gobierno de Coutinho es acordar a través de la representación que tenía la Junta Departamental, la interpretación de un artículo presupuestal que le daba todas las potestades al intendente entrante de cesar a todos los funcionarios que habían ingresado por la modalidad de la designación directa en ese periodo de gobierno. Acuerda la interpretación de un artículo presupuestal a cambio de la aprobación de un fideicomiso de mil millones de pesos para pagar las deudas que dejó Coutinho, donde dentro de esas deudas estaba el pago de los sueldos atrasados con los funcionarios, realmente una situación muy compleja y desastrosa, a diferencia de lo que está pasando hoy en día.
Primero que nada, la situación económica de la Intendencia es estable con un Rubro Cero donde se destina el salario de los trabajadores el 60% en el período, cuando en el 2015 alcanzaba el 80% del presupuesto departamental.
Pero demás la diferencia abismal que hay con lo que pasó en aquel momento es que estos 292 compañeros que hoy están a punto de ser cesados adquirieron la efectividad laboral a través de un convenio colectivo a través de la ley de negociación colectiva del sector público, la ley 18.508 y luego de un largo proceso de negociaciones que arrancó a principios del año 2024. Entonces lo que está haciendo este gobierno es violar un convenio colectivo y desconociendo la ley de negociación colectiva. Además, previamente fueron preparando el terreno desde antes de asumir el gobierno departamental, se llevó adelante una campaña muy dura de estigmatización de los funcionarios y de su rol como trabajadores, al punto de exponerlos de forma tan grave frente a la población que ha generado, un nivel de odio y de rechazo hacia los trabajadores nunca antes visto.
Es increíble el efecto de la campaña que ha generado este gobierno exponiendo a los trabajadores municipales y lógicamente a su familia, como forma de ir preparando el terreno para tomar la decisión que hoy está a punto de tomar. También ha optado por llevar adelante una campaña de desprestigio de la organización sindical al punto de violar la ley de fueros sindicales, regulando arbitrariamente las licencias sindicales a tal punto de que el sindicato no pueda funcionar. Es muy complejo lo que está pasando donde los trabajadores con las herramientas que tenemos nos venimos organizando para hacer frente al cese de trescientos compañeros, pero también lo que preocupa mucho es la violación a la ley de negociación colectiva, que es la herramienta que hemos utilizado en estos dos últimos periodos de gobierno, en donde hemos firmado más de 19 convenios colectivos y en donde están contemplados muchos de los derechos y beneficios que hoy cuentan los trabajadores. Si se viola y se desconoce un convenio colectivo con la legitimidad que tiene este, en donde se acordó la estabilidad laboral de estos compañeros, ninguno de los otros derechos y beneficios que tienen los trabajadores es estable.
– De estos 290 trabajadores y trabajadoras cesados son los que están en el sindicato, que tienen una visibilidad mayor. ¿Hay allí persecución?
La mayoría de los compañeros y compañeras son afiliados a nuestro sindicato, tenemos una intendencia con 1700 funcionarios, de esos 1550 son afiliados al sindicato de Adeom. Acá una de las cuestiones que ha fundamentado este gobierno es que entienden la necesidad de cesar a los trabajadores en muchos casos por su vinculación política y lo dijo directamente el intendente de Salto porque él entiende que son punteros políticos.
Esto es aberrante en un país en donde la democracia es lo que más tenemos que cuidar, el derecho a la libertad de expresión y a la militancia. Y que lo digan tan libres de cuerpo, de que el motivo por el cual hay que cesar a estos trabajadores es porque son punteros políticos, como que en algún lugar de la Constitución o del derecho laboral diga que aquel que milita políticamente no tenga derecho a trabajar.
Es increíble que se animen a decirlo así, ahora, han generado tanto odio, rechazo y sensacionalismo en contra de los funcionarios que les está generando ciertos dividendos, a favor de la administración.
El gobierno hizo una campaña previa a las elecciones de apertura al diálogo con los trabajadores, pero después que asumieron claramente con el objetivo de cumplir sus compromisos políticos hacia la interna de la coalición, porque acá en Salto hay una coalición de gobierno donde ya tenían acordado el cese de los trabajadores.
Y si leemos los argumentos que expusieron desde el punto de vista jurídico para cumplir con la formalidad de darle la vista a los compañeros en un informe supuestamente técnico de una comisión que conformó la Intendencia para el cese de estos trabajadores, no tiene pies ni cabeza.
Hay cuestiones que son contradictorias desde el punto de vista jurídico que lo vamos a utilizar como defensa de los compañeros. Queda claro que el único motivo que lleva a que la administración pretenda cesar a estos compañeros es la revancha y eso a nosotros nos preocupa mucho.
-Y el Ministerio de Trabajo entiendo que han intentado mediar con algunas soluciones, ¿cómo viene eso?
Hemos tenido dos instancias en el Ministerio de Trabajo. En la primera directamente no se presentaron. En la segunda, y a raíz de algunas gestiones que hizo el Ministerio de Trabajo a través de sus autoridades, logró de que fuera un representante. En esa reunión básicamente se intercambió sobre la problemática de fondo, no se tomó resolución alguna, el representante de la administración quedó de elevar 3 planteos al intendente: conformar una comisión de negociación que evalúe, las supuestas diferencias que tiene el gobierno con el convenio colectivo. El otro punto era sentarnos a conversar para generar condiciones para un buen relacionamiento y diálogo. Y el otro punto era que se dejara en suspenso esa decisión arbitraria de limitar las licencias sindicales para hacerlo como establece la ley de fueros sindicales. A los tres planteos dijeron que no: No al diálogo, no a la negociación, y no a discutir el tema de los fueros sindicales en el marco de la ley.
Esa fue la postura del gobierno departamental respecto al ámbito de negociación que hemos tenido en el Ministerio de Trabajo. Necesitamos una señal clara y contundente del Ministerio de Trabajo, además somos el único sindicato municipal que tiene convenios registrados en el Ministerio de trabajo en estos últimos 10 años. Imagínense el antecedente que puede generar esto en el país en donde la única Intendencia que ha logrado llevar adelante procesos de negociaciones en el marco de lo que establece la ley de negociación colectiva, venga luego y lo viole así de fácil.
Y encima el gobierno departamental le traslada a la población la responsabilidad de la medida que está tomando. ¿Saben lo que dice el intendente? Que él está haciendo lo que la gente le pide que haga, echando gente porque entiende que eso es lo que la gente le está pidiendo: dejando a las familias sin trabajo.
(*) Programa de radio emitido los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11.00 horas por Radio Fénix.
