A pedido de los legisladores del Frente Amplio, Charles Carreras, Mario Bergara y Enrique Rubio, la jueza en lo penal de 42° turno, Dolores Sánchez, accedió a que la denuncia presentada a propósito de la concesión monopólica del puerto de Montevideo a Katoen Natie, fuera revisada por otro fiscal.
Con anterioridad la denuncia había sido pasada a archivo, por lo que el pedido de investigación solicitado por los representantes del Frente Amplio sobre el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga en el que se concede a la trasnacional el manejo de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081, había sido dejada sin efecto.
Ayer martes, según consignó La diaria, se produjo una audiencia en la que los legisladores ratificaron “la necesidad de avanzar en la investigación penal contra quienes participaron en el acuerdo firmado el 25 de febrero de 2021: el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el subsecretario, Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo”.
El archivo de la denuncia realizada a instancias del fiscal especializado en Delitos Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, señalaron los denunciantes, “dejó elementos sin indagar que pueden ser útiles para determinar responsabilidades penales en el acuerdo”.
Al fundamentar su solicitud, los legisladores enfatizan “que Rodríguez sólo investigó el abuso innominado de funciones, previsto en el artículo 162 del Código Penal, cuando podría haber ampliado la indagatoria en otras tipificaciones, como falsificación ideológica por funcionario público y fraude, planteadas por los denunciantes”.
En su estrategia, añaden los denunciantes, los defensores del acuerdo “utilizaron a consultantes contratados por la propia empresa Katoen Natie que se prestaron para ese trabajo”.
A partir de ello, el fiscal que pasó a archivo la denuncia, señaló “que había dos bibliotecas” por lo que no “existía mérito para asegurar que los indagados actuaron con conciencia de la ilegalidad”.
“La causa”, recuerda el medio de prensa, “había sido archivada el 28 de noviembre por el fiscal Rodríguez, quien consideró que si bien existieron desprolijidades administrativas no había mérito para continuar con la investigación penal”.
Consultado por Telemundo, el senador denunciante Mario Bergara, consideró que la decisión de revisión de la denuncia era una “buena noticia”, ya que la resolución de archivo del mes de noviembre “generó gran insatisfacción”, ya que “no todo lo que habían planteado había sido tomado en cuenta”.
“Para nosotros”, subrayó Bergara, “es una buena noticia porque este es un tema muy grave. Entendemos que en el proceso del acuerdo que hizo el gobierno, escandaloso, de entrega de un monopolio por 60 años en el Puerto de Montevideo, se incurrió en delitos”.
