La Rendición de Cuentas presentada el pasado 30 de junio, así como la comparecencia del equipo económico en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, confirma que estamos ante un modelo de crecimiento económico diseñado para el beneficio de unos pocos (los “malla oro”). Por el contrario, los que perciben remuneraciones por su trabajo y por sus jubilaciones, son los grandes perjudicados.
Para empezar, la Rendición de Cuentas prevé que el producto interno bruto (PIB) al final del período de gobierno se encuentre un 8,7% por encima de su nivel de 2019. Es decir, habría un crecimiento de la riqueza del país en estos 5 años, que prácticamente duplicaría al crecimiento del último período de gobierno de la administración Vázquez . Sin embargo, lo que se apropian de ese crecimiento trabajadores y jubilados, será 0 –en el mejor de los casos–. Esto muestra que el tan famoso derrame promulgado por los economistas de derecha y ensalzado por los sectores económicos poderosos, no se observa de ninguna manera.
Tanto la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, como el Director de la OPP, Isaac Alfie, insistieron en que al final del 2024 la masa salarial del sector público iba a culminar por encima del nivel de 2019, dado el convenio firmado recientemente con COFE y el preacuerdo con la ANEP. A este punto hay que señalar que no todos los trabajadores de la Administración Central recuperan lo perdido y aún queda por verse que ocurre con los sindicatos de la enseñanza, dado que, por ejemplo, el preacuerdo firmado, no es un convenio y no incluye a los docentes universitarios. Por tanto, la recuperación salarial para el sector público en su conjunto sigue siendo una incertidumbre.
En cuanto al sector privado, el salario real ha caído un 5,3% entre mayo del 2022 y febrero del 2020 (situación prepandémica). Por lo que difícilmente se recupere el poder de compra de unas 900.000 personas . La ministra en su comparecencia, se lavó las manos, diciendo que el Poder Ejecutivo no tenía poder para influir sobre la evolución del salario del sector privado, ya que simplemente fijaba lineamientos para la Negociación Colectiva. No obstante, si se toma en cuenta los datos de la novena Ronda, se aprecia que en los 165 casos donde hubo votación por no llegar a acuerdos, el Ejecutivo votó en 53 oportunidades con los empleadores y en tan solo 12 con los trabajadores. Por tanto, no es cierto que el gobierno no pueda influir sobre el salario del sector privado. Puede hacerlo y, de hecho, cuando lo hizo inclinó la balanza hacia el sector empresarial.
En adición a lo anterior hay que tener en cuenta que, dado el mecanismo de ajuste de las pasividades (vía Índice Medio de Salarios), los jubilados también han perdido poder de compra: la caída de las jubilaciones se ubicará en un 4% en términos reales entre diciembre de 2022 y 2019. En esta Rendición se aprecia que, la caída de salarios y pasividades explica 1 punto del PIB (unos 700 millones de dólares) de la mejora fiscal, de la cual el gobierno tanto halago hace.
Nuevamente, el gobierno una y otra vez, insiste en que este ajuste se hizo sin aumentar impuestos. Sin embargo, a tan solo 10 días de haber asumido, se redujo la deducción de IVA de 4 a 2 puntos para compras con medios de pago electrónicos, aumentando la carga impositiva de manera regresiva para los hogares uruguayos. Ante este punto, la ministra señaló que se confundía “aumento de impuestos con reducción de beneficios”. Para ponerlo en práctica, supongamos que usted trabajador iba a la panadería en febrero de 2020 y adquiría su almuerzo por $200. Si pagaba con tarjeta de débito terminaba abonando $193,4, por lo que usted se ahorraba más de $6. A partir del 10/03/2020 si sigue adquiriendo su almuerzo por el mismo monto, terminará pagando $196,7, es decir que ahora se ahorra poco más de $3. Esa diferencia es recaudación impositiva. Esta medida implicó un aumento de la recaudación de 35 millones de dólares por año.
Además, a comienzos del 2021 se modificó el mecanismo por el cual se ajusta la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), dejando de utilizar el Índice de Precios al Consumo (IPC) para pasar a ajustar por el Índice Medio de Salarios (IMS). En esta instancia fue el director de la OPP quien señaló que la tasa efectiva que pagaba el trabajador no se modificaba y, por ende, no había un aumento impositivo. Bajémoslo a tierra con un ejemplo: un trabajador que a comienzos del 2020 ganaba un salario nominal mensual de $31.600 no pagaba IRPF. A comienzos del 2021 supongamos que ese trabajador recibió un aumento del 9%, por lo que pasó a tener un salario nominal mensual de $34.444. Si el ajuste de la BPC hubiera seguido el criterio anterior, ese trabajador continuaría sin pagar IRPF. En cambio, al modificar el criterio, ese trabajador a partir de 2021 es un contribuyente más. De manera análoga se puede razonar para las siguientes franjas. Este cambio generó un aumento de la recaudación vía IRPF al trabajo de 50 millones de dólares y a través del IASS de 15 millones de dólares.
En síntesis, el aumento de los impuestos representó 100 millones de dólares, solo en el 2021. Cómo se dijo anteriormente tanto la ministra de Economía como el director de la OPP se niegan a reconocer esto basados en tecnicismos, pero si tiene cola, bigotes y anda por los tejados, usted puede llamarle como quiera, aunque es un gato.
Por segundo año consecutivo se aprecia que el gobierno no puso a disposición todos los recursos con los que contaba para combatir la situación social derivada de la pandemia. Incrementó el gasto público en 1,6% cuando podía hacerlo en 2,3% (lo que representa 100 millones de dólares no destinados a la pandemia); tuvo un déficit fiscal estructural de 2,7% del PIB cuando estaba autorizado a llevarlo a 3,2% (lo que implica 300 millones de dólares no destinados); y se endeudó por 2.563 millones de dólares cuando podría haberlo hecho por 2.990 millones. En consecuencia, el gobierno contaba con muchísimos más recursos para destinarlos al combate de la emergencia social y aun así habría cumplidos sus metas autoimpuestas. Decidió guardarse estos recursos para quedar bien con las calificadoras, y ahora nos encontramos en el segundo semestre de 2021 con casi 400.000 personas bajo la línea de pobreza.
En este sentido, la Rendición muestra una ausencia total de políticas destinadas al combate de esta problemática social, desconociendo por completo la existencia de ollas populares (un fenómeno que no se veía desde la crisis del 2002), que tan solo en Montevideo y Canelones superan las 250 en actividad y que entregan más de 100.000 porciones por semana. A este respecto, la ministra respondió que confiaba en la generación de empleo para los próximos períodos y en la ayuda brindada hacia los sectores más vulnerables. No obstante, los datos muestran que la generación de empleo en el primer semestre del 2022 se ha estancado y que los recursos destinados a la población vulnerable han sido completamente insuficientes. A modo de ejemplo, la ejecución presupuestal del MIDES se redujo en más de 10 millones de dólares entre 2019 y 2021.
En síntesis, se observa una Rendición de Cuentas que consolida un modelo de crecimiento económico excluyente, que beneficia exclusivamente a los “malla oro” y perjudica a trabajadores y jubilados, población sobre la cual recae gran parte del ajuste fiscal. Donde no hay planes destinados al combate de la pobreza y donde la preocupación por la desigualdad brilla por su ausencia.
En próximas ediciones evaluaremos más en detalle el recorte por incisos, dado que es importante desmenuzar cómo las áreas sociales han sido netamente afectadas por la obsesión fiscal del gobierno.
Federico Araya, Economista.
