La tan nombrada Ley de Urgente Consideración (LUC), a pesar de su aparente improvisación, su vertiginosa llegada y confección, es un sueño largamente acariciado por los gobiernos neoliberales: rediseñar la educación, relativizar hasta hacer prescindible su carácter público, coquetear sostenidamente con el ambiente privado, con reiteradas asociaciones, con organizaciones de todo tipo, que debilitan cada vez más el papel del Estado. Es así como la autonomía y la laicidad son, cada vez más, un territorio en disputa.
Pero, así como no es imprescindible el papel del Estado, tampoco lo es la formación misma; desaparece la obligatoriedad en los primeros años, y, en el caso de la educación técnica,
en el artículo 134, se modifica el artículo 27 de la Ley de Educación que establecía que la Educación Media Superior es aquella de “hasta tres años”, dejando luego meramente “tres años”.
Los EMP (Educación Media Profesionalizante) son entonces de dos años de duración, con un tercer año no obligatorio. Es que, de acuerdo con lo que establece la Ley de Educación, la Educación Media superior está supeditada a una duración de tres años, eso implica, entre otras cosas, que los EMP como tal, van a desaparecer.
Asimismo, el artículo 135 les quita a las tecnicaturas (específicas de la formación técnica) el carácter terciario. O sea, de algún modo, las elimina. Hablamos de más de 50 propuestas en la UTU que abarcan más de 13 mil estudiantes. Un nivel terciario de UTU con más de 10 mil estudiantes .
Las tecnicaturas son las más variadas, a lo largo y ancho del país; al sacarlas de la órbita de la educación técnica se instala, insistimos, una virtual futura desaparición que perjudica especialmente a la UTU, que es quien tiene carreras de nivel terciario técnico, no hay ningún otro subsistema que las tenga.
Asimismo, la Ley General de Educación establecía que la educación técnica profesional estará dirigida a personas de quince años y más. Se elimina la edad mínima para la formación profesional, lo que puede significar precarización e infantilización en la capacitación de la mano de obra.
Este ataque a la formación encuentra un campo fértil y un escenario inerme: la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP) concentra el poder, limitando la participación docente; se busca en forma intencional debilitar y desautorizar a las Asambleas Técnicos Docentes.
Un cambio sustantivo, propuesto por la LUC, es la desaparición de los Consejos desconcentrados, que pasan a ser direcciones generales, direcciones unipersonales, concentrando poder y excluyendo a los representantes electos por los docentes para la integración de los Consejos, según establece la Ley de Educación.
Los cambios son más profundos, se trata de desvalorizar la formación docente, priorizar sobre los conocimientos específicos la formación gerencial, más emparentada con la empresa que con la comunidad educativa.
Así la LUC retira el requisito de los diez años de docencia de educación pública para integrar un Consejo. La educación, territorio en disputa, según los reformadores puede ser dirigida, y hasta reformada, por un profesional de sectores ajenos a la enseñanza, con algún curso realizado en el exterior.
Se trata entonces de dividir, de acallar y atropellar los derechos adquiridos. La propuesta de la LUC introduce la posibilidad de aprobar un nuevo estatuto docente, lo que permitiría el mamarracho jurídico de hacer convivir dos estatutos docentes. El nuevo estatuto establecería compromisos a los nuevos docentes que violentarían su libertad de cátedra y su propia profesión; su calificación y consideración académica dependerían de su “fidelidad” a una dirección o a un proyecto educativo del centro.
Este cambio apunta a un docente desideologizado y sin independencia académica. Que vincula su salario y sus probables compensaciones económicas a postergar sus propios proyectos y su visión sobre el acto educativo.
Asimismo, la supresión de la referencia al ejercicio de la libertad de cátedra por los docentes y su reducción a la idea de “autonomía técnica”, cambia radicalmente el eje ideológico del acto educativo. Este cambio significa un proceso de control sobre el trabajo del docente, que se verá condicionado en su tarea diaria.
La politización del concepto de la libertad de cátedra busca posicionarlo como un elemento negativo. Se trata de construir la idea de que es u elemento que legalizaría la partidización y atacaría la libertad del estudiante. Esto a pesar de que dicho concepto, desde su etimología, apenas refiere al derecho de pensar e investigar con libertad, sin tener temor a ser castigado por ello.
Toda la ley está atravesada por la necesidad perentoria de establecer un rígido principio de autoridad.
Un elemento nada menor, y que pasa desapercibido, es la supresión de la obligatoriedad en elementos transversales en el programa de estudios de la educación policial y militar. Y no es casual que ese elemento eliminado sea la educación en derechos humanos.
Recortes en cursos, recortes en los derechos del funcionario, recortes en la libertad del acto educativo, recortes en los derechos del docente al dictar sus clases, recortes en la formación de ciudadanía en los estudiantes de la educación técnica a través de la reforma en el programa de los
alfabetizadores laborales, acusados por funcionarios educativos de “formar dirigentes sindicales”.
Y, por último, (y no es lo último) recortes en la formación en DDHH en los estudiantes de las escuelas militares.
Lo del título: la LUC y los recortes, una unión indestructible.
Mabel Mallo, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU).
