Gonzalo Perera
No existe ningún grupo humano de, digamos, medio centenar de personas, donde alguno de sus integrantes no cometa graves errores o incluso tenga actitudes reñidas con la ética o con el marco normativo imperante. Es parte de la naturaleza humana saber que, en algún lado y de alguna forma, aparecerá la debilidad. Pero cuando un grupo humano es sano, se autoimpone una alta exigencia en su rendimiento y en su comportamiento, y si bien eso no libera de la fragilidad de la condición humana, al menos la minimiza y quien defeccione será una rara y desagradable excepción. Y obviamente, al descubrirse la inconducta, debe reconocerse claramente, reparar sus consecuencias, si es posible y tomar las medidas sancionatorias que correspondan. Así funciona un grupo humano sano, insistimos, la precisión es relevante.
Siempre he pensado que es parte de la esencia del sistema republicano el pensar que ni las virtudes ni los defectos son hereditarios. Sobran ejemplos de excelentes personas cuyos ancestros eran unos cretinos y, desafortunadamente ejemplos en el sentido inverso también abundan. Por ende, nunca me ha gustado reprocharle a nadie lo que haya hecho su padre y/o su madre, porque uno no debe cargar con las culpas de sus progenitores. Pero en ocasiones la referencia es inevitable, no tanto por que el ADN importe, sino porque los hechos transportan automáticamente de una época a otra, como antecedente inevitable.
Cuando en la primera mitad de los 90 gobernó nuestro país Luis Alberto Lacalle Herrera, el Uruguay conoció, como nunca antes en su historia democrática, unos niveles escandalosos de corrupción. Por su cantidad, entidad y por el nivel de responsabilidad de los involucrados, los hechos de carácter delictivo que usaron fondos públicos para beneficio directo de particulares nos mostraron un Uruguay que, al menos en tiempos de democracia, no creíamos que existía.
Obviamente algún caso de corrupción hubo en el pasado, pero caían bajo la categoría de sucesos excepcionales o poco frecuentes, al menos los casos que por el volumen de recursos afectados rompen los ojos. Pero, en ese momento, lo que nos asqueaba de la vecina orilla donde Menem llevaba al hambre y la miseria a millones mientras se hacía construir un aeropuerto en su mansión de Anillaco, empezamos a ver que pasaba acá: Banco de Seguros, los bancos Pan de Azúcar y Comercial, el Ministerio de Economía y Finanzas o, si se quiere en nombres, los Cambón, Grenno, Banhamou, Braga, etc.
No se trata del carácter fuertemente antipopular de su gobierno, desindustrializador, generador de desempleo, licuador de salarios y jubilaciones, alineado con USA, que no sólo permitió el asesinato en suelo uruguayo del chileno Eugenio Berríos sino que intentó ocultar el crimen aún ante el Parlamento, etc. No, no se trata de las abismales diferencias ideológicas que uno podía tener con el accionar gubernamental, se trata de que constantemente aparecían escándalos de corrupción en los más diversos sectores del Estado y cada escándalo era mayor al anterior.
Como única defensa ante semejante desquicio, el presidente apeló a la teoría conspirativa de que todo se trataba de una “embestida baguala”, una operación política montada para enlodarlo, la típica justificación de quien no tiene la dignidad de asumir sus culpas e intenta negar, aunque sea una tarea comparable a tapar el sol con un dedo. Creo que fuimos muchos los que pensamos que con ese gobierno la democracia uruguaya tocó fondo y que más bajo no se podía caer.
Pues nos equivocamos. Cuando Luis Alberto Lacalle Pou asumió la presidencia el 1 de marzo del 2020, había cosas que nos imaginábamos y otras que no. Nos imaginábamos que no iba a cumplir sus promesas electorales de no subir tarifas e impuestos, nos imaginábamos que salarios, jubilaciones y pensiones, iban a ir por debajo de la inflación, nos imaginábamos que su gobierno flecharía la cancha contra los sindicatos y más en general contra las organizaciones sociales del campo popular, etc.
Era claro que se venía la restauración conservadora y que tendríamos un gobierno muy de derecha. Entre lo que no imaginábamos, por cierto, estaba una fatalidad como la pandemia COVID 19, por la que no creemos que se pueda culpar a nadie. Pero tampoco imaginábamos otras fatalidades que sí tienen claros responsables. No podíamos imaginar que en plena pandemia se planteara una política de recortes y ajustes, se preconizara como “solución” el concepto de “libertad responsable” (una manera sofisticada de decir “manejate y suerte en pila”) y no podíamos imaginar un esperpento jurídico y antidemocrático como la LUC.
En este punto es conveniente detenerse para reflexionar sobre la importancia de la movilización popular, aún cuando en consultas electorales no se alcance la victoria. Nadie dudaba que Lacalle Herrera iba a vender medio país y que fue la consulta popular sobre la ley de empresas públicas lo que lo frenó y salvó al país, eso es evidente.
Estamos seguros que mucho peor hubiera sido este período de presidencia de Lacalle Pou, sino se hubieran juntado 800 mil firmas en plena pandemia para arañar la victoria en la consulta popular correspondiente. La política no es un partido de fútbol, no se trata sólo de ganar o perder. A veces el sólo hecho de salir a la cancha y dar la disputa con fuerza, hace que la derecha deba pensar hasta dónde puede llegar. Si a la derecha se la intenta frenar desde la movilización popular sólo cuando se tiene certeza de la victoria, pues, te camina por arriba. Apunte, que nos parece de singular actualidad.
Pero volviendo al relato de todo lo que no imaginábamos, era imposible anticipar que el puerto de Montevideo se iba regalar bajo el absurdo argumento de evitar un hipotético juicio cuya materialidad en todo caso era menor al “regalito”. Esa actitud, llevada adelante por el mismo Estado que enfrentó y venció a la gigante Philip Morris, era imposible de “verla venir”.
Que los ministros y altos funcionarios de la administración iban a ser cambiados en masa y periódicamente por algún escandalete (compras a empresas fantasma, espionajes ilegales, entrega de viviendas a dedo a los correligionarios, etc.), era imprevisible. Pero si hay que indicar lo más inverosímil que hemos visto, mencionaremos dos cosas.
Por un lado, la instalación de una organización mafiosa en la propia Torre Ejecutiva, coordinada por un funcionario de la más alta confianza del presidente. Lo segundo, para que no quedara duda, vino con un duplicado: tanto en la reunión en la que “pasó a saludar dos minutos” Lacalle Pou, como en el operativo que se intentó montar en el Ministerio del Interior para cubrir las responsabilidades penales del ex senador Penadés, el Poder Ejecutivo, desde distintos ministerios y con involucramiento directo de al menos un asesor presidencial, aparece trabajando para engañar al Poder Judicial. Cuando se llega a ese punto, uno se da cuenta de que en el Uruguay de hoy vale todo y que cualquier cosa es posible.
Lacalle Pou rompió todo precedente y quebró todo marco de referencia. Su gobierno no sufre episodios de corrupción, su gobierno es corrupto, con algunos funcionarios honestos como excepción. El enorme problema es que eso siembra en la población la convicción de que la política es así, que son todos iguales y “que se vayan todos”. La enorme mancha que va a dejar este gobierno sobre la Democracia no hay forma de lavarla, aunque cuente con personal ducho para esa tarea.
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El ex presidente Luis Lacalle Herrera junto a su hijo el actual presidente Luis Lacalle Pou el pasado 27 de junio en la Torre Ejecutiva.Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS.
