Asistimos, una vez más, a una nueva versión, está vez más “aggiornada” de los intentos agresivos de los halcones de la guerra contra Cuba.
Concebida en clave de guerra no convencional, Estados Unidos se encuentra embarcado, como siempre lo ha hecho, en la organización y financiamiento de nuevas acciones contrarrevolucionarias.
La difusión de la marcha contrarrevolucionaria convocada a reeditar los sucesos del pasado 11 de julio, por parte de medios de prensa de todo el mundo, intenta ser presentada como una acción “genuina” del pueblo cubano, ocultándose así, la mano que mueve “la cuna”.
Pero la conexión con aquellos hechos de julio, muestran que estamos ante los intentos de producir un nuevo capítulo de aquella “operación político-comunicacional”, una operación que ha hecho de las redes sociales un particular escenario de batallas.
Ante esta evidencia, la pregunta que se impone es ¿quién financia las acciones subversivas? Y sobre todo, ¿a cuánto ascienden las sumas invertidas para desplegar semejante operación de guerra no convencional?
“Recientemente el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden solicitó al Congreso para su presupuesto de 2022 la cifra de 20 millones de dólares para los denominados programas dirigidos a promover la democracia en Cuba”, ha denunciado el portal de noticias Cubadebate, que agrega que al presupuesto anterior hay que sumarle “casi 13 millones” que permiten mantener e incrementar “las transmisiones ilegales de radio y televisión” contra Cuba, en primer lugar, aquellas que de forma ofensiva llevan como nombres Radio y TV Martí.
Es, señala el portal de noticias, “el mismo monto que para el 2021 solicitó la Administración de Donald Trump”.
Durante los últimos 25 años, el Congreso norteamericano ha asignado para tales fines cerca de 404 millones de dólares.
Los fondos para los llamados Programas de Democracia, han sido ejecutados mediantenel Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
En 1996, cuando fue aprobada la “Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba”, más conocida como Ley Helms Burton, se dio un paso más en las intenciones norteamericanas de forzar un cambio en el sistema político de la isla.
A partir de ese momento, señala Cubadebate, “se internacionalizó el bloqueo” y se codificaron “los programas subversivos contra la nación, al establecer la obligación de otorgar financiamiento para su ejecución”.
En dicho documento, sigue señalando la información del medio de prensa cubano, “se declaran abiertamente dos componentes fundamentales de su estrategia de Guerra No Convencional: la guerra económica y la guerra ideológica”.
A partir de esa fecha, las diferentes administraciones norteamericanas, han empleado dichos fondos, “que como promedio se mueve entre los diez y 20 millones de dólares anuales”.
Estos programas para la “democracia”, operan bajo la Sección 109 de la Ley Helms-Burton, que explícitamente “autoriza al Presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba”.
En la Sección 115 de la misma ley, Estados Unidos declara la legitimidad de acciones contra Cuba, en especial las de inteligencia que permitan asegurar los propósitos del bloqueo impuesto a la nación caribeña.
Ello significa, enfatiza el portal de noticias que, “los millones de dólares invertidos para la subversión interna, no incluye los gastos de la Comunidad de Inteligencia contra Cuba, que se calcula también son millonarios”.
Cubadebate recuerda que, “desde 1984 y hasta el 2021, el Congreso estadounidense asignó cerca de 945 millones de dólares para las transmisiones ilegales de Radio y TV Martí”.
Por lo que, si se agrega esta cifra a “los 404 millones invertidos en los programas «democracia», se puede asegurar que en los últimos 35 años el presupuesto del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en materia de Subversión Política e Ideológica suma 1 349 millones de dólares”, y si se consideran “las partidas de la Comunidad de Inteligencia que tienen carácter secreto, se puede aseverar que los gastos ascienden a miles de millones de dólares para destruir la Revolución Cubana”.
Para comprender la procedencia histórica del proceder norteamericano respecto a Cuba, destaca el medio de prensa, hay que remontarse a hace más de dos siglos, cuando la Mayor de las Antillas fuera “utilizada por los grupos de poder estadounidenses como «balón de ensayo» de sus proyectos hegemónicos, expansionistas y subversivos”.
“Un precedente importante” del origen histórico de este accionar, “lo constituye el pensamiento geopolítico de los principales exponentes de los grupos de poder, destacándose entre ellos los primeros gobernantes conocidos como los Padres Fundadores”.
La idea del proyecto anexionista de Cuba a Estados Unidos fue obra de Thomas Jefferson, participante en la Declaración de Independencia del vecino del norte y tercer presidente estadounidense.
“Aunque con alguna dificultad (España), consentirá también en que se agregue Cuba a nuestra Unión, a fin de que no ayudemos a Méjico y las demás provincias. Eso sería un buen precio. Entonces yo haría levantar en la parte más remota al sur de la Isla una columna que llevase la inscripción NE PLUS ULTRA (no más allá), como para indicar que allí estaría el límite, de donde no podía pasarse, de nuestras adquisiciones en ese rumbo […] Yo estoy persuadido de que nunca ha habido una Constitución tan bien calculada como la nuestra para poner en armonía un extenso imperio con el principio del gobierno propio”, expresaba entonces el mandatario estadounidense y “padre” del engendro anexionista.
Las pretensiones norteamericanas respecto a la anexión no cambiaron a lo largo del tiempo, aunque se ensayaran otras “fórmulas”.
El freno histórico a estas ambiciones fue el triunfo de enero de 1959, así como la declaración del carácter socialista de la Revolución.
De esta forma, se alteraría la tradicional hegemonía estadounidense hacia América Latina y el Caribe, una región que siempre fue considerada como su «patio trasero».
La alteración de la hegemonía, condujo a que los planes norteamericanos mutaran hacia otras modalidades, nacería así, de forma descarnada la directa participación en la organización y el financiamiento de acciones terroristas, planes de atentados y acciones violentas en diferentes ciudades cubanas.
Todo lo invertido por Estados Unidos desde entonces asciende a “millones y millones de dólares” y siempre con la mira puesta en intentar “recolonizar a Cuba”.
Mucha son las evidencias histórica de este mezquino accionar, entre ellas se destacan los “intentos de compra y anexión; intervención armada y ocupación militar; imposición de un apéndice de la Constitución; usurpación de su territorio e instalación de una base militar permanente; establecimiento de regímenes dictatoriales; realización de acciones de sabotajes; introducción de plagas y enfermedades; organización de atentados contra sus principales dirigentes; múltiples acciones terroristas con un saldo de miles de víctimas mortales e incapacitados; aislamiento político internacional y regional; bloqueo económico, comercial y financiero; ruptura de las relaciones diplomáticas; creación y apoyo a bandas armadas; transmisiones radiales y televisivas ilegales; ejecución de programas subversivos financiados con miles de millones de dólares, los que invierten en la actualidad en las redes sociales de internet para sembrar el odio y la división entre los cubanos”, describe Cubadebate.
Es justamente en este escenario histórico, donde debe inscribirse cualquier análisis que se haga sobre la pretendida marcha del 15 de noviembre “como un hecho aislado”.
Una vez más, Cuba ha denunciado “la complicidad del gobierno de Estados Unidos en la preparación y financiamiento de los promotores de la marcha”, sobre la que no se tiene duda “será otro proyecto subversivo destinado al fracaso”.
La marcha, enfatiza el medio de prensa ya ha sido declarada “ilegal por las autoridades cubanas porque viola varios artículos de la Constitución de la República (…) y ante la insistencia de los operadores políticos de ejecutarla”, ya se han realizado los apercibimientos por parte de la Fiscalía, advirtiendo “las consecuencias legales para sus promotores”.
Cuba ha demostrado con evidencias irrefutables que “existe una conexión entre los promotores y la extrema derecha anticubana radicada en Estados Unidos, con el objetivo de generar disturbios al igual que el 11 de julio”, se trata de una nueva acción que se pretende desarrollar “cuando el país está controlando la pandemia de la COVID-19, decide abrir sus fronteras internacionales y los niños iniciarán el curso escolar”.
Como prueba irrefutable de su interés y complicidad, el gobierno estadounidense ha amenazado “con sancionar a Cuba si sus autoridades actúan sobre los promotores de esta marcha”.
Atentos a estos hechos lo que, si queda claro, en una perspectiva histórica y política, es que “la esencia del conflicto bilateral entre ambos países se mantiene invariable: recuperar la dominación sobre la Isla y transformar su sistema político, económico y social, contra la voluntad soberana del pueblo cubano de defender su independencia y mantener el Socialismo”.
Rolando Arbesún
