Había recibido fuertes cuestionamientos de la derecha por varios temas y había cuestionado públicamente a la LUC.
El fiscal general de Corte, Jorge Díaz, renunció a su cargo este martes, luego de reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El anuncio tomó por sorpresa a los partidos políticos y a la sociedad.
Díaz terminaba su período al frente del Ministerio Público recién en abril de 2022. Quedará en su lugar interinamente el Fiscal Adjunto, Juan Gómez.
En conferencia de prensa realizada el mismo martes, Díaz reivindicó lo actuado durante los casi diez años que ocupó el puesto, dijo que “los objetivos planteados fueron alcanzados” y agregó: “todo es mérito de un equipo que todos los días trabaja para cumplir con la función”.
Díaz dijo en la conferencia de prensa que “la decisión está tomada desde el año pasado, pero hubiera sido una deslealtad institucional haberla efectivizado cuando no había fiscal adjunto, ahora lo hay”.
El fiscal renunciante reivindicó su “lealtad institucional”, particularmente con el Ministerio Público y agregó que ahora podía ser efectiva su renuncia ya que Gómez, que fue nombrado Fiscal Adjunto en abril de este año, “está preparado para asumir esa responsabilidad”.
El fiscal renunciante dijo que anunció la decisión específicamente el martes porque pidió una entrevista con el presidente Lacalle Pou hace un mes y “me la dio hoy, por eso la renuncia es hoy”.
Díaz que trabajó en el Estado uruguayo y vinculado a la Justicia 26 años, “la mitad de mi vida”, dijo que la reunión con Lacalle Pou, fue de una hora y media y la calificó de “cordial”.
El fiscal descartó cualquier posibilidad de desempeñarse en otra función pública: “Hoy termina mi servicio al Estado. Quiero llegar a casa y descansar, apagar el celular. Es hora de que en definitiva le dedique la pasión y energía a trabajar en un proyecto en la actividad privada”, aseveró.
Díaz, que inició su carrera judicial como Juez en 1994, fue designado por el Poder Ejecutivo, con la venia unánime del Senado, como fiscal de Corte el 17 de abril de 2012, durante el gobierno del Frente Amplio y la presidencia de José Mujica.
En su despedida pública recordó sus casi 10 años al frente de la Fiscalía. Destacó varios “objetivos cumplidos”, uno de los más reivindicó, al igual que lo hizo durante toda su gestión, fue la aprobación e implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que rige desde noviembre de 2017. Era un tema pendiente desde hace décadas en Uruguay.
Díaz reivindicó el Código del Proceso Penal y dijo que hoy en Uruguay, “más del 80%” de las y los detenidos tienen condenas firmes, cambiando una situación de grave precariedad anterior, donde la inmensa mayoría de las y los presos no tenía condena.
Según el jefe del Ministerio Público renunciante, tras los casi cuatro años de aplicación del Código de Proceso Penal y con las modificaciones realizadas, “creció el número de denuncias aclaradas y el número de personas imputadas por la Justicia y se mejoró sustancialmente el porcentaje de delitos aclarados sobre los denunciados”.
La LUC y la impunidad
A pesar de que Díaz no los nombró en su conferencia de prensa de despedida hay dos temas de enorme importancia, que, además generaron fuertes tensiones con el gobierno de derecha que encabeza Lacalle Pou, que no son mencionados llamativamente en prácticamente ninguna crónica y que debieron tener su impacto en el adelantamiento de la renuncia.
En primer lugar, cabe recordar que Díaz y la Asociación de Fiscales plantearon severos cuestionamientos a varias disposiciones de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que tienen que ver con la administración de la Justicia y en particular con el trabajo del Ministerio Público.
Díaz fue muy crítico con el primer borrador de la LUC, conocido en febrero de 2020, señalando incluso que algunos de los artículos, como estaban redactados, podían ser señalados como inconstitucionales.
El fiscal renunciante reconoció “avances” en los cambios de redacción de la LUC, pero igualmente, en abril de 2020, el MP, a través de un documento de 17 carillas cuestionó disposiciones sobre penas, mecanismos previstos en el Código General de Proceso y cambios “altamente inconvenientes” en lo referido a la potestad de los jueces y los fiscales. Particularmente cuestionaron que se violaba la “imparcialidad” del juez en el proceso, aspecto clave en los nuevos roles establecidos en el Código del Proceso Penal.
En segundo lugar, Díaz fue un firme impulsor de la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Esta Fiscalía, fue creada por la ley 19.550, promulgada el 25 de octubre del 2017 por el Poder Ejecutivo.
La fiscalía, a cargo de Ricardo Perciballe, centralizó todas las causas de violaciones a los DDHH durante la dictadura, que estaban dispersas en más de 300 expedientes y juzgados diferentes. El trabajo de la Fiscalía permitió agilizar y mover decenas de causas, plantear y obtener varios procesamientos de represores.
La derecha siendo oposición y luego en el gobierno cuestionó fuertemente a la Fiscalía, a Perciballe y a Díaz por respaldarlo. De hecho, la derecha no comparte ni siquiera el nombre de esta Fiscalía.
Díaz fue fuertemente cuestionado por Cabildo Abierto, que en julio de 2020 pidió al Poder Ejecutivo su remoción por escrito, en una carta firmada por varios legisladores. Las críticas de Cabildo Abierto tenían que ver, entre otras cosas, con la actuación de la Fiscalía Especial para Crímenes de Lesa Humanidad y los pedidos de condena para represores de la dictadura, entre ellos el propio líder del sector, el general Guido Manini Ríos.
También recibió fuertes críticas de sectores del Partido Nacional, algunos muy cercanos al presidente de la República. De hecho, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, expresó públicamente “preocupación” por los pedidos de procesamientos de varios represores y dijo que esta “preocupación” la compartía el presidente de la República.
Habrá que seguir con mucha atención las negociaciones políticas y propuestas para designar al nuevo Fiscal de Corte. Por ahora el lugar de Díaz es ocupado interinamente por Juan Gómez, el fiscal adjunto, que trabaja hace más de 40 años en el Ministerio Público; actuó en las fiscalías de los departamentos de Rivera y Maldonado; luego pasó a las Fiscalías Especiales de Crimen Organizado y Homicidios.
Gabriel Mazzarovich
