Lacalle Pou sigue violando su promesa de campaña: Nuevo aumento de combustibles. Foto Presidencia.

La suba de combustibles y la LUC

Ante un nuevo aumento del precio de los combustibles es necesario señalar que el mecanismo de fijación de estos, habilitado en la Ley de Urgente Consideración (LUC), en su aplicación significó la discrecionalidad del gobierno y la falta de transparencia. Van dos años de gobierno y sus promesas de campaña respecto a la baja de los precios de los combustibles no se han cumplido. En realidad, sucedió lo contrario aumentaron muy por encima de la inflación y mucho más de los salarios, jubilaciones y pensiones.

Hay varias razones que demuestran el fracaso de la aplicación del nuevo mecanismo de fijación de precios de combustibles previsto en la LUC. El fracaso no está en discusión, porque en lugar de bajar los combustibles, como prometió el gobierno de derecha en la campaña electoral y luego cuando aprobaron la LUC, lo que provocó este nuevo mecanismo es un aumento de los precios, por encima de la inflación y muy por encima de los salarios.

Entre las razones de esto está que el nuevo mecanismo quita potestades a ANCAP en la fijación de precios, se le da mayores atribuciones a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), de forma tal que, a la hora de determinar un ajuste en los precios, el gobierno si bien recibe ambas propuestas, la del regulador y la de ANCAP, como informes preceptivos, en los hechos le termina dando mayor relevancia a la URSEA, objetivo principal que tenía la coalición de derecha.

Eso se refuerza porque incluso los informes que eleva ANCAP toman como base los Precios de Paridad Internacional (PPI), precio teórico de la importación de combustibles, que elabora URSEA. Esto lo aprueba e instrumenta el gobierno, aunque la propia ANCAP presentó un recurso de revocación a la metodología de elaboración de los PPI por inconsistencias técnicas y conceptuales.

¿Qué significa esto? Que los precios que marca URSEA no cumplen con el supuesto cometido que tenían de referencia. Primero, porque el gobierno los toma como determinantes; segundo, porque están mal calculados y esto implica que no pueden ser referencia, porque no responden a la realidad.

En este punto es necesario reafirmar que el proceso productivo que lleva a cabo ANCAP es eficiente, demostrado por varios indicadores y referencias, la canasta de productos que obtiene ANCAP del refinado es eficiente.

El discurso oficialista repite que ANCAP tiene “sobrecostos” y esto implica graves errores conceptuales, tales como decir que el subsidio al Supergas es un sobrecosto, cuando es un subsidio con un fin social; que los biocombustibles son sobrecostos, cuando su producción tiene un gran impacto social y ecológico, por un lado, significa fuentes de trabajo y desarrollo en localidades postergadas de nuestro país, y, además supone menores emisiones de CO2, es decir reducir la contaminación y el calentamiento global y por tanto mayor calidad.

Otro cambio que este mecanismo, habilitado en la LUC, conlleva es el de la periodicidad de la fijación de precios. El nuevo mecanismo de fijación de precios establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los mismos en un plazo no mayor a 60 días, tanto el precio máximo de venta al público, como el ingreso que tendrá ANCAP.

El precio máximo al público, que es el que vemos en las estaciones de servicio, está compuesto por varios rubros, tomando como referencia un litro de nafta super, que valía $70,41 a enero tenemos que $30 son los ingresos de ANCAP; impuestos y tasas son un $31, y $9 son ganancias de las distribuidoras (DUCSA, AXION, DISA) y estaciones de servicios. Esta composición refleja que las falsas ineficiencias a las que hacen alusión significan un 43% del precio total. En referencia a los impuestos, cabe señalar que en varias oportunidades se ha aumentado la recaudación por IMESI (Impuesto Específico Interno) implicando una afectación negativa para ANCAP, reduciendo sus ingresos, sin atender al pedido de coberturas, sumado a los recortes presupuestales en inversiones y vacantes a cubrir por el Ente.

Dentro de los costos de producción y operativos de ANCAP, el crudo significa alrededor de un 70% y los biocombustibles un 9%, el resto son porcentajes más pequeños. La mayor exposición es sin dudas al crudo, pero aquí también incide, y no poco, el tipo de cambio, esto quiere decir que el ajuste del dólar que llevó a cabo el gobierno en pleno inicio de la pandemia perjudicó más a quienes compran en dólares como es el caso de ANCAP con el crudo, y la población en general que cobra sus ingresos en pesos uruguayos y benefició a quienes venden en dólares como el sector agroexportador. Gracias a una cobertura de tipo de cambio contratada por el gobierno anterior, en estos dos últimos años ANCAP pudo reducir su exposición al dólar.

A su vez, este nuevo mecanismo, implementado por la LUC, requiere de un tipo de cobertura diferente, dada la mayor exposición de los inventarios de ANCAP. ¿Qué quiere decir esto? Desde la compra del crudo, su almacenaje, refinación e inventarios, una vez que los productos están terminados, hay un mínimo de dos meses hasta que se colocan en las estaciones de servicios, sin embargo, aún no se cuenta con tal cobertura, produciéndose una brecha entre el precio al que está el crudo hoy y al que lo compramos, hace por lo menos dos meses atrás.

Sin extenderme demasiado, en la LUC también se establece que se debe presentar una propuesta integral de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado de combustibles, para esto se conformó un “Comité de Expertos”, que elaboró un informe que fue tomado luego por el Poder Ejecutivo para realizar su propuesta a la Asamblea General.

Hay que destacar que este comité no sólo no invitó a ANCAP a sus deliberaciones, sino que, además, la propuesta que realiza refleja poco conocimiento del mercado de combustibles y tiene una clara línea política de eliminar todo aspecto social de ANCAP. 

Todo esto nos conduce a lo anunciado estos días por el Poder Ejecutivo, el litro de nafta súper sube a $73,41, esto significa un aumento acumulado desde que asumió este gobierno de un 34% y para el gasoil 50S de un 31%. Esto sucede frente a un ajuste de salarios y de jubilaciones y pensiones por debajo de la inflación, esto significa que con un mismo sueldo ahora puedo comprar menos que antes. Ahora se agrega la suba del combustible, que, por cierto, repercute en el transporte y en la canasta de alimentación de la población. Todo ello en medio de una suba del desempleo y de la cantidad de personas en condiciones de pobreza.

Cabe mencionar que en el período 2005-2019, con el mecanismo de fijación que eliminó la LUC, se bajó el precio de los combustibles en 17 oportunidades, y se mantuvo en 9 oportunidades, incluso en momentos de precio del barril del crudo muy elevados.

Si tomamos como referencia un salario mínimo y la cantidad de litros que con este se podían comprar, podemos señalar que en febrero 2020 el salario mínimo cubría 296 litros de nafta súper, hoy solo llega a 263 litros; y en el caso del gasoil, eran 403 litros en febrero de 2020 frente a 365 litro hoy en día.

Esto refleja la discrecionalidad de los ajustes aplicados, cuyos efectos combinados recaen fundamentalmente en la mayoría asalariada, desempleada, y en la población en situación de dependencia, mientras se protege al sector agroexportador, que ha obtenido beneficios extraordinarios, o a la exportación de capitales. Hay una clara línea ideológica del gobierno de volcar la balanza hacia el capital en contraposición al trabajo. Consecuentes con su ideología y en defensa de los intereses de unos pocos; sus políticas reducen el papel del Estado, recortando el gasto social, destruyendo las empresas públicas, que son patrimonio de los y las uruguayas, reduciendo los salarios reales.

En definitiva, las disposiciones de la LUC sobre las empresas públicas se resumen en el recorte de estas y su conversión a la lógica de empresas privadas, sin fines sociales.

Más de 800 mil firmas ya dijeron SI al referéndum. Este próximo 27 de marzo será la mayoría de nuestra población la que diga Si a la derogación de los 135 artículos de la LUC, en defensa de nuestro patrimonio público.

Yamila Maciel (*) Integrante del equipo de “Valor!!” y asesora del director frenteamplista de ANCAP.

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