Los miembros de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE) expresaron su más rotundo rechazo a la propuesta de consulta popular del presidente Daniel Noboa.
En atención a ello, informó Prensa Latina (PL) convocaron a una jornada de movilización para el próximo 18 de enero.
En un comunicado difundido por el gremio se enfatiza que no se acepta lo que se define como “una campaña anticipad (…) que lo único que demuestra es un derroche de dinero en medio de una crisis fiscal”.
De acuerdo a la UNE los más de 50 millones de dólares que serán usados en la consulta es un derroche innecesario de dinero ya que los cambios que s proponen pueden realizarse mediante reformas jurídicas.
Esos dineros, remarcaron, “pueden ser invertidos en políticas públicas, planes de prevención para que los niños y jóvenes dejen de ser reclutados por las bandas delincuenciales”.
Los docentes han llamado a que se declare “en emergencia al sistema de educación del país” donde poco “más de 200 mil niños permanecen fuera de las aulas”.
La movilización a realizarse el próximo lunes se realiza bajo las consignas de “en defensa de la vida, por la seguridad, por los derechos del magisterio y para que no se despilfarren los recursos en una consulta innecesaria”.
La propuesta de reforma que impulsa Noboa ha sido rechazada por otros sectores que la consideran “como inoportuna y errática”.
En opinión de varios parlamentarios la propuesta del ejecutivo debe ser bien analizada por el Parlamento, en particular por el alcance que tienen los anexos de la propuesta.
Para el mandatario ecuatoriano la propuesta es “la vía para solucionar la crisis económica, de inseguridad y el desempleo”.
Al defender la misma, Noboa explicó través de un mensaje en cadena nacional, “que el referendo estará enfocado en tres objetivos, la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia, el apoyo del sistema de justicia para que los condenados tengan penas más altas y en promover el empleo a través de nuevas contrataciones y a actividades económicas”.
La iniciativa del presidente ha sido rechazada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos que “exhortó a la Corte Constitucional ecuatoriana a no dar paso a la consulta por la intrascendencia de las preguntas y la afectación económica al presupuesto nacional”.
