Lo que deja la gestión económica en la Intendencia de Montevideo.
Rodrigo Gorga (*)
En los últimos meses, la gestión financiera de la Intendencia de Montevideo ha sido objeto de cuestionamientos. La actual situación de tensión financiera se ha atribuido a un aumento del gasto público considerado desmedido, junto con una asignación de recursos calificada como ineficiente. Las evaluaciones sobre la política económica no son solamente expresión de hechos duros, sino una historia que se cuenta sobre los datos. Lo que llama la atención en este caso es lo poco que esa narrativa parece sostenerse en los números concretos. Aunque aún no se dispone de los datos definitivos correspondientes a 2024, un análisis de las cifras hasta 2023 revela una realidad muy distinta, marcada por un contexto adverso en la relación con el gobierno nacional y por la necesidad de atender problemas sociales crecientes. Como suele ocurrir, por encima de este debate puntual emerge uno más antiguo y perdurable: el rol del Estado en la economía y los efectos de su intervención. Vale la pena, entonces, adentrarse en el siguiente recorrido.
El manejo del gasto: en busca del exceso
Comencemos por el análisis de la evolución del gasto. Para tener una referencia será útil tomar los datos de la administración anterior. El Gráfico 1 muestra una tendencia de crecimiento del gasto durante la administración anterior (2015-2020). Desde 2020 se ha mantenido por debajo de esos niveles, con una caída significativa en 2022 y una leve recuperación en 2023. Es probable que en 2024 también se registre un aumento, aunque difícilmente alcance los niveles de la administración anterior o el ritmo de crecimiento observado en aquel período. No hubo, por lo tanto, un aumento del gasto, y menos se puede decir que fue desmedido.
Gráfico 1. Egresos de la Intendencia de Montevideo (millones de pesos constantes 2020)
Fuente: OPP
El Gráfico 2 muestra el resultado fiscal, la diferencia entre los ingresos y los egresos, una medida que de alguna manera indica el grado de responsabilidad fiscal en la gestión pública. Aunque hubo déficit en 2021 y 2023, estos tampoco sobrepasaron los de la administración anterior y están muy alineados con los observados en el resto de las intendencias. Como porcentaje de los ingresos, en su peor año (2021), este indicador alcanzó el -1,24%, mientras que en 2023 se ubicó en -1,11%. Comparado con las demás intendencias, este resultado es inferior al promedio nacional (-1,70%) y coincide con la mediana, lo que indica que está en la posición media respecto al resto. Está lejos, por ejemplo, del -14,35% registrado por la Intendencia de Rocha en 2023.
Gráfico 2. Resultado fiscal de la Intendencia de Montevideo (millones de pesos constantes 2020)
Fuente: OPP
El ahogo del gobierno nacional
Las transferencias
El análisis del lado de los ingresos sí mostró un comportamiento diferente al período pasado y en comparación con el resto de las intendencias. Aunque, como vimos, sin afectar el resultado fiscal.
Un componente importante de los ingresos de las intendencias proviene de transferencias del gobierno nacional, que complementan los ingresos de origen departamental. Estas están compuestas por partidas de diferente monto y origen, de acuerdo a una normativa que, como se verá, fue claramente transformada para perjudicar a la Intendencia de Montevideo. El Gráfico 3 muestra la caída en las transferencias nacionales entre la anterior administración (2016-2020) y el actual trienio (2020-2023). Se estima que, en términos acumulados, entre 2021 y 2023 Montevideo perdió más de $1.600 millones, una cifra que equivale a casi seis veces el déficit de 2023 o al 7% de los ingresos totales de ese año. Además del recorte en los montos, el gobierno nacional también ha demorado pagos a los que está obligado.
Como complemento, el Gráfico 4 refuerza esta idea al mostrar que las transferencias a intendencias no frenteamplistas no siguieron la misma tendencia descendente, lo que confirma un sesgo político en la distribución de recursos.
Gráfica 3. Transferencias del gobierno nacional a Montevideo (millones de pesos constantes 2020)
Fuente: OPP
Gráfica 4. Transferencias del gobierno nacional a Intendencias no frenteamplistas (millones de pesos constantes 2020)
Fuente: OPP
No hay una justificación económica para estas decisiones. Vale recordar que durante los gobiernos del Frente Amplio se eliminó la discrecionalidad en estas transferencias, y el tema dejó de ser objeto de debate. Como la fruta no cae lejos del árbol, con el cambio de signo político, reaparecieron inequidades.
El financiamiento de largo plazo
Los préstamos de largo plazo son claves para realizar inversiones estructurales cuyos beneficios se extienden en el tiempo, más allá del período de gestión corriente. Durante este período directamente se bloqueó el acceso a este tipo de financiamiento, que se instrumenta a través de fideicomisos.
Por un lado, se perjudicó a la Intendencia a través del bloqueo de fideicomisos. Quedó por el camino, por ejemplo, el acceso a un fideicomiso como el de Fondo Capital, del que sí dispuso la administración frenteamplista anterior. La frustrada renovación de este fondo privó a Montevideo de aproximadamente 124 millones de dólares, equivalentes a un año de inversiones.
Otro importante acceso a financiamiento frustrado, también impedido por la oposición en la Junta Departamental, implicaba el acceso a financiamiento internacional del BID por USD 70 millones, nada menos que destinados a proyectos ambientales de saneamiento y recolección de residuos.
En 2024 se sumaron nuevas medidas de perjuicio para la Intendencia de Montevideo, como la gestión para la declaración de inconstitucionalidad de la tasa de inflamables que ANCAP pagaba a la Intendencia, a pesar de que existía un acuerdo de reducción planificada del monto abonado. A esto se le suma la reforma que desvincula el pago de multas de las patentes de vehículos. Estas decisiones afectan la recaudación, y la última además reduce la percepción de riesgo de infringir normas de tránsito.
Un gasto con perfil social
En el contexto de un gobierno nacional con signo contrario, el Frente Amplio se propuso para esta gestión en Montevideo “enfrentar desde la IM los embates del programa restaurador de privilegios” impulsado por el gobierno nacional. La insuficiente respuesta del gobierno ante los efectos de la crisis económica de la pandemia perfiló lo que sería un sello de la gestión, un perfil de distribución de ingresos que ensanchó las desigualdades del país.
El análisis del gasto de la Intendencia por área da cuenta de la respuesta política ante los efectos del modelo económico desarrollado por las políticas nacionales. El Gráfico 5 muestra la evolución del gasto del Departamento de Desarrollo Social, que tiene a su cargo las divisiones de políticas y salud. Allí se muestra una clara tendencia creciente a partir de esta administración. Es más, este fue el departamento de mayor crecimiento, tanto en monto como en porcentaje del total, con un crecimiento de un 60% si se compara el promedio del pasado quinquenio (2016-2020).
Gráfico 5. Gasto en el Departamento de Desarrollo Social de la IM (como % del total y en millones de pesos constantes 2020).
Fuente: Balance presupuestal de la Intendencia de Montevideo correspondiente al período de ejecución 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Esto se tradujo en programas como el Plan ABC que la Intendencia implementó desde 2021. A través de este se desplegaron iniciativas en áreas tensadas por la coyuntura social, como ser igualdad de género, salud, trabajo, alimentación y los territorio. Se destinaron significativos recursos para la ampliación de las policlínicas, el apoyo a las ollas populares, entre otros programas. Todas políticas públicas orientadas a atender las necesidades de las poblaciones más afectadas por el retroceso del gobierno nacional.
Balance y perspectivas
El ahogo financiero al que fue sometida Montevideo no solo daña a una administración específica, sino a toda la ciudadanía montevideana, que quedó rehén de cálculos electorales mezquinos. Esta forma de gestionar del gobierno nacional profundizó las desigualdades y no obtuvo respaldo en las urnas para renovarse.
La gestión financiera de esta administración cumplió con un gran desafío: mantener el manejo responsable de las finanzas públicas en un contexto de ahogo mientras se avanzaba en su principal objetivo político, el bienestar de todas las personas y la garantía de todos sus derechos, en particular, para los más desfavorecidos.
Recordemos esto al momento de decidir el futuro de Montevideo.
(*) Economista.
