Un informe del Migration Policy Institute, de Estados Unidos aseguró que “entre 2021 y 2024, el 79% de las deportaciones realizadas por esta agencia desde el interior de Estados Unidos correspondieron a migrantes con condenas penales”.
Según la institución la mayoría de dichas deportaciones afectaron “a personas de México y Centroamérica, especialmente de El Salvador, Guatemala y Honduras”, consignó el diario NY.
De acuerdo al medio de prensa, han sido identificados tres grupos de migrantes definidos como principales blancos de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Para la agencia estadounidense, la prioridad de sus acciones se dirige a la identificación, para su deportación, de personas con antecedentes penales, migrantes sin estatus legal o de aquellos que han violado los términos de su visa.
Hay un grupo prioritario para el ICE y es el que está conformado por “personas que ingresaron a Estados Unidos sin autorización o que, habiendo entrado de manera legal, permanecieron en el país más allá del tiempo permitido por su visa”.
En ese grupo se ubican, también, añade el medio de prensa, a los que cruzaron la frontera sin documentos “y a aquellos que llegaron con visas de turista, estudiante o trabajo, pero que no salieron antes de la fecha límite establecida”.
Las deportaciones de este grupo de personas, se añade, “representan un porcentaje significativo del total de expulsiones realizadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”. De acuerdo al informe de Migration Policy Institute, “la mayoría de estos migrantes han sido arrestados dentro del país tras operativos en colaboración con departamentos de policía locales”.
Hay un segundo grupo bajo la vigilancia de la agencia estatal y es el compuesto por “los titulares de visas temporales que han incumplido los términos de su estatus migratorio”.
A pesar que se trata de violaciones consideradas “menores”, se observa que el ICE “ha intensificado el monitoreo de estos casos a través del acceso a bases de datos gubernamentales, registros comerciales y controles en lugares de trabajo”.
De igual modo, la agencia suele proceder a identificar a estas personas “mediante auditorías migratorias o verificaciones de antecedentes realizadas por empleadores y agencias gubernamentales”.
El tercer grupo objetivo del ICE es el conformado por “residentes permanentes legales (titulares de la tarjeta verde) y personas con visas temporales que han sido condenadas por delitos”.
De este grupo, se priorizan las deportaciones de aquellos que cuentan con antecedentes penales, “incluyendo infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de drogas o armas, robos y delitos violentos”.
De acuerdo al medio de prensa, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional “lleva a cabo arrestos a través de diferentes estrategias”, siendo la más común “la transferencia de custodia”, que se concreta “cuando un migrante es detenido por la policía local y sus huellas dactilares son enviadas a las bases de datos de seguridad nacional”.
En caso que la persona tenga una orden de deportación o antecedentes migratorios irregulares, el ICE “solicita su detención y toma custodia de ella”.
Otra de las tácticas empleadas consiste en “el rastreo de datos a través de registros de vehículos, servicios públicos y direcciones de residencia”.
Para llevar adelante sus búsquedas, la agencia puede realizar, además, “operativos en lugares de trabajo”, aunque los mismos “representan una menor proporción de los arrestos debido a la complejidad logística y el riesgo legal que implican”.
En los últimos años, agrega el diario estadounidense que cita datos oficiales del ICE, las redadas y deportaciones dentro de Estados Unidos “han mantenido un ritmo intenso (…) con un promedio de 43,000 expulsiones anuales”.
