Los datos oficiales confirmaron en estos días lo que recorriendo las calles de nuestras ciudades y barrios era una evidencia: aumentaron la pobreza y el hambre. Al mismo tiempo, las exportaciones van camino a un récord histórico y sectores de la economía están un 50% mejor que antes de la pandemia. Las políticas del gobierno de la coalición de derecha multiplican la pobreza y el hambre y aumentan la desigualdad.
El gobierno de la coalición de derecha, encabezado por Luis Lacalle Pou, no tiene ninguna respuesta a esta dramática situación, salvo seguir beneficiando a un reducido grupo de grandes empresarios y seguir aumentando la desigualdad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el primer semestre de 2022 creció la pobreza: hay 380 mil personas pobres, 78.000 más que antes de la pandemia y 19.000 más que en el primer semestre de 2021. De esas 380 mil personas pobres, 160 mil son niñas, niños y adolescentes. Es en la niñez donde la pobreza crece más. Entre los niños y niñas de 0 a 5 años la pobreza era de 16,4% antes de la pandemia y es de 22,5% en el primer semestre de 2022.
Este aumento de la pobreza tiene su cara más dura en el crecimiento del hambre. En las escuelas públicas de Montevideo el 39% de las niñas y niños tiene inseguridad alimentaria; en los liceos públicos el 43.5%. Las Ollas Populares dan 1.200.000 porciones de comida por mes, según un estudio realizado por Solidaridad.uy. Ahora se conoció que un informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, que será presentado la semana entrante, reafirma en lo esencial esas cifras.
Es una vergüenza. Mucho más si toma en cuenta que esas cifras de pobreza y hambre se dan mientras se conoce, en estos mismos días, que las exportaciones en setiembre alcanzaron un valor similar al de setiembre de 2021; con ello superaron los 10.000 millones de dólares en lo que va de 2022 y los 14.000 millones de dólares en los últimos doce meses. Van camino a cerrar un nuevo año con récord histórico. Hay que agregar que las cuentas bancarias de los más ricos aumentaron en 10 mil millones de dólares.
Esta crisis de desigualdad es responsabilidad directa de la política económica y social del gobierno de la coalición de derecha. Si se bajan los salarios y las jubilaciones, no se toman medidas para generar empleos dignos y se recortan las políticas sociales, la única consecuencia posible es esta.
El PIT-CNT durante la pandemia y en el último 1° de Mayo, la Intersocial, el Frente Amplio, la Universidad de la República, alertaron públicamente de esta situación, también propusieron múltiples iniciativas para atender las urgencias reales de nuestro pueblo. El gobierno de derecha las ignoró todas. No hay respuestas para la pobreza y el hambre ni en el Presupuesto, ni en la LUC, ni en las Rendiciones de Cuenta, tampoco las hay ahora.
En realidad, las respuestas ensayadas por el gobierno y sus voceros ante este drama son otra vergüenza. El Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en vez de hacerse cargo del aumento de la pobreza y el hambre dijo que se intentaba construir un relato para cuestionar al gobierno y amenazó a la Coordinadora Popular Solidaria, que sostiene un número muy importante de Ollas Populares, con denuncias penales. Lema tiene que hacerse cargo. Cuestiona las cifras brindadas por las Ollas Populares pero el MIDES no tiene propias porque no hace su trabajo. En vez de reconocer el sacrificio y el esfuerzo de miles de personas que se rompen el alma para dar un plato de comida a quienes no lo tienen, las hostiga y las ataca.
En lugar de promover la solidaridad, el ministro Lema y el MIDES la persiguen, la atacan y la amenazan.
En el colmo del clasismo y las anteojeras ideológicas el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo sobre el aumento de la pobreza, que inexplicablemente El Observador califica de “estancamiento”: “No mejoró pese a las transferencias; hemos pensado en una explicación y no la tenemos”.
¿Qué esperaban de promover la caída de los salarios y las jubilaciones y recortar las políticas sociales? La explicación es simple señor Alfie: es el resultado del modelo de desigualdad que usted y el gobierno de derecha implementan. Es el resultado de privilegiar a los “malla oro”.
El PIT-CNT acordó con la Coordinadora Popular y Solidaria una campaña común para apoyar a las ollas populares. Está en el Parlamento un proyecto de ley, impulsado por la 1001 y apoyado por todo el Frente Amplio, para asegurar la alimentación todos los días de niños, niñas y adolescentes de la Enseñanza Pública.
Hay que organizar la lucha para construir respuestas a esta grave situación social. No hay nada más urgente que la pobreza y el hambre de cientos de miles de nuestros compatriotas. El gobierno debe hacerse cargo.
Lacalle Pou prisionero de sí mismo
La constatación de que una banda criminal, de la que formaba parte el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), Alejandro Astesiano, conocido con el ilustrativo apodo de “el Fibra”, operó en Presidencia de la República, penetrando las redes de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de Cancillería, para dar, entre otras cosas, pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos, ha golpeado duramente al gobierno nacional y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Cada nuevo dato que se conoce deja al presidente más mal parado y agrega gravedad a la situación.
Ya dijimos, y reiteramos, que “el Fibra” no era un guardaespaldas díscolo, Lacalle Pou, a sugerencia de su padre, lo designó Jefe del SSP, un cuerpo institucional con importantes atribuciones, como acceso a delicada información del Estado. Por ello creemos que no es preciso que se hable del “caso del custodio presidencial”. Nos parece más preciso hablar del caso de la banda criminal que operó en Presidencia de la República. Eso es lo que pasó.
Hay una primera dimensión: Lacalle Pou está afectado en su imagen y en su credibilidad. Se desmoronó la sensación que transmitía de estar al mando. En la propia Presidencia de la República, una persona designada por él mismo y de su absoluta confianza, montó y operó una banda criminal con alcance internacional, que expuso la Seguridad del Estado. Pero, además, el propio Lacalle Pou se hunde cada vez que habla. Empezó “canchereando” y mostrando su acostumbrada soberbia. Calificó de “intachable” a “el Fibra”, afirmó que no conocía sus antecedentes y hasta intentó hablar de la presunción de inocencia. Luego cambió y pasó a hablar de “confianza traicionada” y decidió destituir a “el Fibra”. Luego, desde su entorno, montaron una tercera fase de la operación de control de daños: el presidente había sido engañado por ignotos operadores del propio Estado que le “mintieron” sobre los antecedentes de “el Fibra”. Hasta destituyeron a un Director del Ministerio del Interior que actualizó el expediente de Astesiano y supuestamente no avisó.
Desde el principio estuvo claro que es imposible que Lacalle Pou no supiera de los antecedentes de “el Fibra”. Como recordamos en nuestro anterior editorial, en abril de 2020, el diputado Gerardo Núñez hizo un pedido de informes. Ni Jorge Larrañaga, ni Luis Alberto Heber lo respondieron y no lo hicieron porque si lo hacían dejaban en evidencia al presidente Lacalle Pou. Es decir, sabían los antecedentes de “el Fibra”. Hubo notas de prensa en 2020 y 2021, en Caras y Caretas, en El Popular, en Radio Sarandí y en La Diaria que informaron las 35 anotaciones policiales de “el Fibra”, en algunas de ellas incluso de uno de sus procesamientos. Ahora se sabe que también le habían informado correligionarios del Partido Nacional. También se afirma que le informaron de los antecedentes, o al menos de parte de ellos, Larrañaga y el director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé. Lacalle Pou sabía. Por razones que se ignoran, pero que seguramente estén vinculadas a historias de vida, confianza y una dosis no pequeña de soberbia, decidió ignorar la información y mantener en un cargo tan delicado a “el Fibra”. El problema es que el presidente Lacalle Pou, públicamente, ha dicho y sigue diciendo lo contrario, es decir mintiendo. ¿Cómo se sale de eso?
Todo indica que en la opinión pública esta posición le está costando muy cara al presidente. Según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, el 60% de la población cree que Lacalle Pou conocía los antecedentes de “el Fibra” y más de un 70% cree que este tiene cómplices en el gobierno y no actuó solo.
La segunda dimensión, clave en todo esto, es la gravedad del daño a la Seguridad del Estado causado por el accionar de “el Fibra” y su banda. ¿Qué alcance tiene la violación de las redes de datos de la Dirección de Identificación y la Cancillería? ¿Qué organización criminal internacional tuvo acceso a ellos? ¿Cuántos pasaportes fueron entregados y a quiénes, para ser usados en qué? Por eso insistimos en que se arriesgó la Seguridad del Estado.
Luego de hacerse público el caso, desde Presidencia, se pidieron los antecedentes de quienes integran el SSP, “el Fibra” no era el único con antecedentes. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Se hizo antes y también se tapó? ¿Por qué?
La investigación judicial continúa, pero no alcanza, es necesario determinar con claridad el tamaño en el agujero a la Seguridad del Estado y las responsabilidades políticas e institucionales. La bancada del Senado del Frente Amplio decidió convocar, en régimen de Comisión General, a Rodrigo Ferrés, Pro secretario de la Presidencia y responsable directo del SSP; a Álvaro Garcé, director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica del Estado y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Será una instancia clave.
