Con el objetivo de combatir la creación, financiamiento y entrenamiento de grupos mercenarios en el país,el gobierno colombiano, por intermedio de su ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca limitar y anular estas acciones.
La iniciativa tiene como antecedente, señla la agencia MercoPress, “la participación de 26 ciudadanos colombianos en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, entre otros incidentes notorios”.
Con el proyecto el gobierno del presidente Gustavo Petro se propone “establecer reglas claras contra el reclutamiento y la financiación local de mercenarios, calificando estas actividades de delitos punibles”.
“Lo que buscamos”, subrayó Murrillo ante el Congreso, “es un marco claro que prohíba estas actividades en Colombia. No se debe permitir ni el entrenamiento ni el financiamiento de personas que puedan ser reclutadas como mercenarias en conflictos extranjeros”.
En su exposición el canciller detalló que se había constatado el accionar de “redes internacionales” que llegan al país para “reclutar individuos con entrenamiento militar, que terminan firmando contratos peligrosos y luchando en ejércitos extranjeros”.
“En consecuencia”, añadió, es imperativo para el gobierno adoptar “herramientas efectivas para combatir estas actividades” como una forma “de proteger a los ciudadanos vulnerables”.
“Necesitamos herramientas para enfrentar a las organizaciones que instrumentalizan a personas bien educadas, bien entrenadas en el ámbito militar y de seguridad, reclutarlos y llevarlos a guerras que no tienen nada que ver con esa gente ni con nosotros”, subrayó Murrillo quien agregó que el proyecto en cuestión “busca aprobar la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el Reclutamiento, Utilización, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios, del 4 de diciembre de 1989”.
La aprobación de la iniciativa permitiría al país, “criminalizar, procesar y extraditar, de ser necesario, a estos mercenarios”, al tiempo que posibilitaría “tipificar delitos específicos por los actos cometidos por estas personas para combatir tales actividades y adoptar medidas públicas apropiadas”.
