Desde este lunes se efectúa en Ecuador un paro nacional indefinido.
La medida ha sido convocada por la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (CONAIE) y dio comienzo, según consigna Rusia Today (RT) con el cierre de diferentes vías en provincias de las tres regiones del país: Sierra, Costa y Amazonía.
Al llamamiento de la CONAEI, se sumaron varias organizaciones y movimientos, entre los que se destacan “la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), el Frente Nacional Antiminero, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), así como bananeros, arroceros, maiceros, floricultores, pescadores, asociaciones de médicos, jubilados, sindicatos públicos, estudiantes y transportistas”.
Desde la CONAIE recordaron que «los pueblos y nacionalidades fuimos a diálogos por un año con propuestas” y, sin embargo, “el gobierno no dio respuestas” y ahora se tienen, “peores resultados».
En mensaje dirigido al país, el presidente de CONAIE, Leonidas Iza, señaló que, “con esta nueva jornada de protestas retoman las demandas que durante el último año le han hecho al Ejecutivo”.
Detalló que la duración de la medida “dependerá de las soluciones que ofrezca el Ejecutivo a sus peticiones”.
«Si es que el día de hoy el presidente de la República da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos el paro; si el presidente no da respuestas a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida», ratificó.
En el pliego de demandas la Confederación incluye pedidos catalogados como urgentes para el país y en ellos se incluye: la reducción y no más subida del precio de los combustibles, congelar el diésel a 1,50 dólares y la gasolina extra y ecopaís a 2,10 dólares, desarrollar políticas que se focalicen en los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.
Del mismo modo se reclama “alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas)”.
Las demandas reclaman “precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate”, así como atender al empleo y los derechos laborales con “políticas de inversión pública” que permitan “frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular”.
La Confederación exige, además, se respeten “los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas” y que se detenga “la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos: Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), carreteras, salud”.
Los convocantes al paro reclaman que se desarrolle diversas “políticas de control de precios”, que frene “la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad”.
De acuerdo a RT, el presidente Lasso declaró que el gobierno no permitiría que “grupos políticos” pretendan “desestabilizar y pescar a río revuelto” paralizando “nuevamente al país».
En su mensaje, el mandatario, consideró que la protesta convocada era «violenta» y que “parar es lo peor que pueden hacer en el país, cuando la economía está comenzando a reactivarse y la industria intenta salir de la crisis pospandemia”.
«No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras. No vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público […] Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible», anunció el presidente ecuatoriano, quien solicitó a la dirección de la CONAIE “que recapaciten y respeten los derechos, como la libre movilidad, de la gran mayoría».
«Una paralización nos divide, justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado», añadió Lasso en su mensaje.
Al referirse a la medida, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, consideró que la movilización, «en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse».
De forma previsora la CONAIE, emitió una comunicación en la que denuncian que el gobierno de Lasso ya tiene pronta una respuesta represiva a la movilización.
«Peligrosamente buscan crear un enemigo interno, implantar un cerco mediático, a su vez que utilizan el aparato de inteligencia del Estado para seguimiento a dirigentes sociales», denunció la CONAIE.
Se teme que, al igual que en octubre de 2019, cuando hubo un estallido social que culminó con 11 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, el país viva un nuevo episodio de represión desembozada por parte de las fuerzas de seguridad.
