Por Rolando Arbesún
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que sesionó del 25 al 27 de marzo del presente año, emitió su veredicto final con respecto a las situaciones de violencia en Colombia.
En su fallo el TPP, “condenó al Estado colombiano, luego de estudiar los casos y pruebas aportadas que evidencian que existe un proceso genocida continuado”.
La condena del TPP al Estado colombiano por Genocidio Político, crímenes contra la paz e impunidad, señala que se trata de prácticas sistemáticas, iniciadas “hace más de un siglo por las élites hegemónicas” prácticas que se fundamentan exclusivamente para preservar el poder de las élites y mantener un modelo social, político y económico que les favorezca.
La condena al Estado colombiano se da la “por participación directa o indirecta, por su acción u omisión, en un genocidio continuado (…) por las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes genocidas, que se fundan básicamente en la doctrina del enemigo interno”.
En la sentencia, el Tribunal exhortó al Gobierno de Iván Duque. a que detenga “el genocidio, garantice la vida y los Derechos Humanos y que detenga el exterminio contra el pueblo colombiano”.
De igual forma, en el fallo, se rechaza “la normalización de los falsos positivos judiciales, las masacres, los asesinatos contra los líderes sociales, la violación de los Derechos Humanos”.
Entre las denuncias presentadas ante el TPP, ocuparon un lugar central aquellas vinculadas al genocidio contra el campesinado:
“Se puede afirmar que uno de los ejes de la “práctica discriminatoria” a partir de la cual el campesinado es seleccionado como objeto de prácticas genocidas por parte del Estado se vincula con un histórico problema: el de la tenencia y uso de la tierra, señalado como “uno de los factores originarios” del proceso genocida, y que desde los inicios el Estado intenta resolver a favor de los intereses de la burguesía colombiana y de empresas transnacionales, ya sea que tengan intereses vinculados a la explotación agropecuaria, de recursos naturales, del extractivismo minero, según los momentos históricos y las distintas regiones del país”.
“El fallo que expidió el Tribunal Permanente de los Pueblos recoge reclamos de 54 sectores, organizaciones sociales que durante el mes de marzo presentaron casos de prácticas genocidas que se han implementado en Colombia, pudiendo comprobar que existe en Colombia un proceso genocida continuado”, declaró Alberto Yepes integrante de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos.
En sus declaraciones al medio local Trochando, Yepes afirmó que, “aunque el fallo no es vinculante en términos judiciales, debido a la naturaleza del tribunal, el carácter ético y político de las personas que lo componen dan peso a la decisión tomada”.
En este mismo sentido recalcó que “el compromiso intelectual y social de los jueces con los Derechos de los Pueblos y los Derechos Humanos respaldan la determinación del TPP”.
“A pesar de que no tiene un carácter vinculante ni una fuerza otorgada capaz de llevar a los responsables del genocidio a instancias judiciales, este sí señala ante la comunidad internacional y los distintos pueblos que hay unas prácticas genocidas en Colombia y hay unos responsables de esas prácticas que permanecen en la impunidad, este fallo recopila un acervo de pruebas de la constitución de este genocidio continuado”, concluyó enfatizando.
