“En esta etapa la mejor manera de defender la Educación Pública es votar SÍ”
Es necesario reconocer que existe una embestida contra los sistemas educativos públicos a nivel internacional, la Educación Pública es atacada por aquellos que la tratan como a una mercancía, como un bien de consumo, los aspectos educativos quedan supeditados a variables económicas. Pero también es atacada por quienes rebajan su papel a adoctrinamiento, formación de mano de obra barata o como un servicio social asistencial. Encabezando el ataque vamos a encontrar al gran capital, a los sectores empresariales, a los organismos internacionales de crédito, que disputan los recursos de los sistemas educativos públicos.
Debemos asumir que la Educación Pública es atacada, y que uno de los principales motivos es que hoy en el mundo se le destinan más de 5 trillones de dólares -estamos hablando de una cifra de 18 dígitos-, eso es lo que le interesa al sector privado, ni las niñas y niños, ni los aprendizajes, ni los derechos, le interesan los muchísimos dólares que hay en juego y por ellos vienen.
Pero la educación no les interesa únicamente por lo económico, parte medular ocupa en la contraofensiva del capital sobre el trabajo lo cultural, es decir, en la disputa por las cabezas importan y mucho los procesos educativos, en un sentido gramsciano hablamos de hegemonía cultural.
Esa contraofensiva cultural se despliega de múltiples maneras. Hablamos tanto de reformas educativas que se implantan a sangre y fuego, como ellos mismos lo han dicho: “a cuchillazos con los sindicatos”. Como procesos privatizadores acelerados que se implantan con diferentes mecanismos, uno de ellos la ejecución de recursos públicos por el sistema de váuchers, es decir plata del pueblo que se la llevan los privados. En cada país cambia la implementación, pero lo que no cambia es la esencia del objetivo.
Entonces, el bloque dominante aspira a sistemas educativos público-estatales de bajo nivel general que garanticen la incorporación de la mayoría para suministrarle los conocimientos mínimos que permitan su explotación alfabetizada. Impulsan la separación artificial del conocimiento intelectual del manual, y que, como consecuencia, se formen tecnócratas explotados, pero al servicio de la explotación, y, simultáneamente, trabajadores manuales que no conciban lo intelectual como parte de sus necesidades de conocimiento.
En ese contexto de ataque a los sistemas educativos públicos es que debatimos educación en nuestro país, sin estos elementos es muy difícil conceptualizar la complejidad del asunto y reconocer su carácter estratégico.
Es falso que la LUC defiende intereses nacionales
A la hora de debatir la Ley de Urgente Consideración (LUC) y sus efectos en la Educación Pública debemos asumir que se trata de un asunto de soberanía nacional. Todo lo referido a la ley 19.889 lo es y lo que refiere a educación también. La LUC genera las condiciones para que Uruguay quede totalmente alineado a los mandatos sacrosantos del Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Es más, muchos de los conceptos que se expresan en la LUC vienen de documentos de dichos organismos, es decir, es absolutamente falso que la LUC defienda intereses nacionales.
Ahora bien, es imposible comprender como el bloque dominante en nuestro país pudo llegar hasta el punto de legislar un intento de desmantelar el sistema educativo tal como lo conocemos, sin analizar el proceso recorrido. No llegamos hasta este momento de la nada, hubo una acumulación, que tuvo un fuerte trabajo discursivo e intereses de fondo (políticos, económicos, culturales) que movilizaron una brutal campaña de descrédito durante muchos años.
En Uruguay el ataque a la Educación Pública ha sido y es tremendo. Uno de los caballitos de batalla que emplearon para generar desgaste es “la crisis de la Educación Pública”. Por años y años reiteraron, un día sí y otro también, la idea de crisis en la educación de nuestro país, hasta llegaron a poner a los centros educativos en las crónicas rojas de los noticieros.
Asumir el uso de la categoría crisis lleva a la virulenta frase: “lo privado siempre es mejor que lo público”. Y que detrás de eso está la disputa de clase, porque quienes reivindican lo privado saben bien a quién beneficia este modelo y a quién perjudica. Las clases dominantes no quieren un pueblo educado, quieren que el conocimiento lo siga administrando una elite y por eso defienden a capa y espada lo privado. El carácter de clase de la propuesta educativa que defienden se manifiesta principalmente en el mito de que pretenden una educación que debe servir a todos, pero se encargan de que sirva exclusivamente a sus hijos.
En contraposición, para el bloque contrahegemónico la Educación es un derecho humano para todas y todos durante toda la vida y es responsabilidad del Estado garantizarlo. Además, insistimos con un concepto vareliano muy arraigado en nuestro pueblo: “La ignorancia es un abuso”.
Artículos de la LUC que liquidan la educación como la hemos conocido hasta ahora
Entrando de lleno en la LUC, quizás uno de los cambios conceptuales más complejos que contiene sea la disolución del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP). El cual es suplantado por una “Coordinación del Sistema Nacional de Educación”, donde no queda claro el límite entre lo público y lo privado.
La desaparición del SNEP supone un avance -cuyo alcance no podemos calibrar- de la alianza público-privado, en buen romance se trata de un apretón del acelerador en el proceso de privatización y mercantilización de la educación.
Otras de las transformaciones complejas que merecen análisis son las referidas al gobierno de la educación, porque se eliminaron los consejos desconcentrados de la ANEP (Inicial y Primaria, Secundaria y Formación Técnico Profesional), y pasaron a ser direcciones generales unipersonales. (Artículos 155 y 156).
Además, los consejos desconcentrados de la ANEP contaban -desde 2008- con equipos de representación de trabajadoras y trabajadores (votados y no designados). Con la LUC se eliminaron los equipos de representación de los trabajadores y la voz de las y los docentes dejó de estar en esos espacios.
Siempre se habla de participación y se repite la cantarola, hay que ser claros, en política no hay espacios vacíos, y si bien en esta ley hay una tendencia centralizadora de la toma de decisiones, lo que queda claro es que quitan los espacios de participación de trabajadores y estudiantes y labren el juego a otros, principalmente instituciones de enseñanza privada.
En concreto, con la LUC se debilitó la democracia en el sistema educativo. Pero además es mercantilizadora y privatizadora.
Por su parte el artículo 143 que se refiere al Congreso Nacional de Educación, modifica su carácter y también convierte un mínimo en máximo. Antes era de carácter asesor y consultivo, ahora esa condición fue retirada, antes debía ser convocado como mínimo en el primer año de gobierno, y después todas las veces que fuera necesario, ahora será como máximo una vez por período de gobierno, nada de tanto debate.
Si será descarado el proceso de liquidación de la Educación Pública, que en el artículo 129 cambian la Ley General de Educación (18.437) y habilitan la mercantilización. En lo que refiere a tratados y cooperación internacionales, la Ley de Educación decía que no se podrán firmar convenios que reduzcan la educación a un servicio lucrativo o alienten la mercantilización y en la LUC quitaron lo referido a la mercantilización.
A lo largo de la historia de nuestro país la Educación Pública siempre estuvo emparentada con la democracia. La defensa de la Educación y de la Escuela Pública ha sido una bandera profundamente sostenida por los trabajadores y el pueblo. El Sistema Educativo ha sido factor imprescindible para el ejercicio de la democracia en el Uruguay. Cada vez que modelos autoritarios y dictatoriales se instalaron en el país intervinieron la Educación Pública, recortaron su presupuesto, atacaron su autonomía, menospreciaron la capacidad técnico – docente de sus profesionales, prohibieron la investigación, persiguieron y destituyeron.
Como sociedad nos debemos un debate serio sobre todo lo referido a la educación, porque todos los discursos son insuficientes si no hay compromisos concretos.
En la defensa de la Educación Pública necesitamos a todo el pueblo de pie, organizando la lucha; cada familia debe ser una trinchera donde se defienda la educación del pueblo, cada obra y cada fábrica deben impulsar comisiones de defensa de la Educación Pública, y salir a la calle, porque tenemos la obligación de defender los derechos conquistados y avanzar hacia nuevos horizontes. Además, es necesario asumir que en esta etapa la mejor manera de defender la Educación Pública es votar SÍ.
Esteban Coitinho, secretario Nacional de Propaganda de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de la Enseñanza Pública (FUM-TEP)
