Un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Economía (Udelar) evalúa los impactos de un impuesto al 1% más rico
Por Rodrigo Gorga
En estas mismas páginas, la semana pasada presentábamos algunas características de la estructura tributaria uruguaya, en un momento en que el país se aproxima a la discusión del Presupuesto Nacional para el quinquenio 2026-2030, un mojón importante en todo gobierno. En esta oportunidad, haremos un movimiento para analizar otra investigación de docentes de la Universidad de la República (Udelar), que presenta una propuesta concreta de modificación tributaria, acompañada de evidencia que calcula no solamente el aumento en la recaudación, sino también el efecto sobre las decisiones de los agentes económicos que se verían afectados.
El documento, publicado en octubre del año pasado, fue escrito por los economistas Mauricio De Rosa y Joan Vilá, ambos investigadores del Instituto de Economía de la Udelar y también integrantes del equipo que elaboró el estudio al que nos referimos en la edición anterior. El informe evalúa el efecto en la recaudación y en la distribución de un impuesto al patrimonio que tiene por objetivo gravar a los más ricos (su título en inglés es “Taxing the rich in Latin America: revenue and distributional effects of a wealth tax”). Se estudian, además de nuestro país, los casos de México, Colombia y Chile.
Como documentan los autores, la cuestión de los impuestos a la riqueza ni solamente es un asunto de debate en este continente, el más rezagado en la materia. “La desigualdad de la riqueza a nivel global ha crecido dramáticamente en las últimas décadas”, dice la primera línea del texto. Esto ha reavivado el debate a escala planetaria, donde se destaca la propuesta de un impuesto global a la riqueza que el gobierno brasileño, encabezado por Lula, presentó en el marco del G20 el año pasado.Los impuestos al patrimonio en nuestro país basicamente gravan a bienes inmuebles, con muchos tipos de bienes exonerados. Tiene además diversas carencias, como lo irrisorias de sus tasas (van del 0,7 al 1,85%), la base de aplicación que únicamente alcanza al 0,3% y una fiscalización muy laxa. Representan solamente el 6% de la recaudación, una porción muy minoritaria en comparación con los impuestos al consumo (56%) y la renta (37%); a pesar de que la riqueza refleja de mejor manera los recursos de una persona que su consumo o ingreso en un año determinado.
Veinte años después, un debate pendiente
La última gran reforma tributaria de nuestro país, que cumplirá 20 años en el 2027, en su momento logró importantes efectos en la distribución ingreso basadas en el aumento los impuestos a la renta en detrimento de los impuestos al consumo. Sin embargo, no modificó en forma significativa los impuestos al patrimonio, y por tanto no alteró la distribución de la riqueza acumulada de las personas.
Como consecuencia, la desigualdad en la distribución de la riqueza se ha mantenido estable en nuestro país, aunque en niveles elevados: el 1% más rico de la población concentra cerca del 40% de la riqueza del país, un nivel muy similar al de países profundamente desiguales como Chile y Colombia. La inmensa mayoría de estas fortunas proviene de rentas del capital.
La discusión sobre los beneficios y perjuicios de los impuestos al capital no es trivial. Entre los argumentos a favor de estas iniciativas se encuentra la influencia política desproporcionada que ejercen las personas con grandes patrimonios. Los instrumentos que utilizan van desde las contribuciones económicas a campañas políticas hasta el desarrollo o la adquisición de plataformas tecnológicas que inciden directamente en los términos del debate público y en el acceso a la información.
Además, los impuestos a la riqueza tienen el potencial de cumplir una función fiscalizadora respecto de otros tributos. Por ejemplo, las personas con patrimonios muy altos pueden encontrar formas de evadir el impuesto a la renta subdeclarando sus ingresos. Sin embargo, esos ingresos, aunque no se reporten al fisco, terminan traduciéndose —tarde o temprano— en un aumento del patrimonio. Un impuesto al patrimonio, que exige declarar la riqueza acumulada año a año, permite así detectar lo que se oculta por otras vías.
De todas formas, estos impuestos tampoco escapan a la evasión, ya que quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide económica suelen tener acceso a mecanismos para ocultar su riqueza, como las llamadas cuentas offshore: activos financieros en el extranjero, ubicados en países con normativas tributarias opacas y fuera del alcance de la fiscalización de sus países de origen.
Los argumentos más clásicos y generales sobre los efectos negativos de los impuestos en los estímulos a la inversión o al esfuerzo de los trabajadores —que podrían perjudicar el crecimiento económico— tienen muy poco respaldo en la evidencia, al menos en el caso de los impuestos al patrimonio, especialmente cuando estos están cuidadosamente diseñados.
Es cierto que su eficacia recaudatoria puede verse afectada por las respuestas de los contribuyentes, como su eventual migración a otro país, la subdeclaración o la mencionada evasión offshore. Por este motivo, se insiste en la necesidad de un esfuerzo coordinado a nivel global.
Teniendo en cuenta estos elementos, el trabajo presenta diferentes estimaciones, cuyos resultados pueden resumirse así: un impuesto del 1% sobre la riqueza del 1% más rico de la población podría recaudar una cifra cercana al 1% del PIB. Ese monto no es para nada despreciable: equivale, por ejemplo, a lo que se estima que el Estado uruguayo puede recaudar en un año con un crecimiento del PIB del 3%. Si se decidiera destinar la totalidad de ese dinero a transferencias monetarias para los hogares más desfavorecidos, el impacto en la reducción de la pobreza sería histórico.
Repercusiones locales
La discusión sobre los impuestos a la riqueza ha traspasado los pasillos universitarios también en nuestro país. En el espacio en radio y televisión del PIT-CNT con motivo del 1º de mayo de este año, el presidente de la central, Marcelo Abdala, recogió la propuesta de gravar al 1% más rico y destinar los recursos obtenidos a un plan para erradicar la pobreza infantil en nuestra sociedad.
El trabajo de los economistas De Rosa y Vilá constituye un insumo clave para un debate público necesario, de altura, honesto y basado en argumentos transparentes. No es un detalle menor: como señalaba el propio De Rosa en una entrada publicada en el blog Razones y Personas, la calidad del debate en esta área es pobre, a pesar de que muchas posturas se presentan como técnicas o neutras.
En ese sentido, advertía: “Las y los expertos tienen un rol a jugar contribuyendo a un debate serio, pero al final son las sociedades, y sólo ellas, quienes tienen que reservarse el derecho a decidir qué tan desiguales e injustas están dispuestas a ser”.
