El Senado por unanimidad dio sanción definitiva al proyecto de ley de Abreviación del Trámite Expropiatorio de los inmuebles con deuda compensable.
La iniciativa habilita que miles de viviendas en desuso y vacías y de padrones urbanos puedan ser utilizados para garantizar el acceso a la vivienda de nuestro pueblo.
El apoyo político y social del proyecto es resultado de una lucha histórica del movimiento popular, del trabajo e investigaciones académicas y también del trabajo de la Comisión de Vivienda del Senado, que recorrió 14 departamentos, se reunió con organizaciones, sociales, la academia, intendencias, juntas departamentales y municipios.
En ese trabajo, la Comisión de Vivienda estuvo presidida por el senador de la 1001 y el Frente Amplio, Óscar Andrade, que fue el miembro informante en la Cámara el pasado miércoles. En el debate intervinieron los integrantes de la Comisión: José Falero, del Partido Nacional; Tabaré Viera, del Partido Colorado y Gustavo González, de la 90 y el FA.
También hicieron uso de la palabra, Sebastián Da Silva, del Partido Nacional; Pedro Bordaberry, del Partido Colorado y Constanza Moreira y Mariano Tucci, del FA. También fundamentó su voto la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta de la República Carolina Cosse.
Entre las organizaciones que participaron de la construcción del proyecto de ley y fueron reconocidas en las intervenciones en el Senado, están el SUNCA, el PIT-CNT, FUCVAM, la Facultad de Arquitectura, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, el Ministerio de Vivienda, la OPP y otras reparticiones del gobierno y, muy especialmente, las Intendencias, las Juntas Departamentales y Municipios de todo el país que aportaron desde su experiencia concreta.
El informe de Andrade
EL POPULAR reproduce los aspectos centrales del informe de Óscar Andrade: “Estamos ante un tema importante con un proyecto modesto. El proyecto no agrega mucho a las herramientas que hoy existen, pero hemos desarrollado en la Comisión un estudio bastante riguroso sobre el retraso que existe en los últimos 30 años sobre la utilización de normas que intentan enfrentar un problema que es grave: la vacancia urbana, la subutilización del suelo urbano a los efectos de la planificación de la vivienda y de las enormes dificultades que han atravesado los gobiernos nacionales y departamentales para intentar enfrentar un doble problema trágico, en el balance que hacen los últimos dos planes quinquenales, dos periodos distintos donde tuvimos diferentes gobiernos al frente.
La Comisión logró algo que nos prometemos permanentemente sobre temas que son estratégicos: lograr despejar el cobro de la cuenta chica. Tenemos dificultades y hasta en decisiones que son muy menores estamos con la lupa buscando la diferencia o el cobro político que la posibilidad de un acuerdo.
“Agarrados con alambre”
Si uno mira los datos del Uruguay tenemos un problema estructurante de la desigualdad muy grave en el sentido de la vivienda. Voy a colocar algunas referencias que nos vienen acompañando dramáticamente, como la sombra al cuerpo: la mitad de los niños y adolescentes en Uruguay viven en viviendas con condiciones de precariedad, necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento o tenencia insegura de la vivienda, según un informe de la UNICEF realizado junto a la Cámara de la Construcción . Este documento es importante porque relaciona el problema de la vivienda con los problemas de la salud. Es evidente que un niño que tiene asma la pasa peor en una vivienda que tiene humedad.
¿Cuánto afectan los problemas de salud mental? El informe que presentó el INAU en el Presupuesto fue durísimo. Uruguay pasó de tener 90 intentos de autoeliminación por cada 100.000 habitantes a 179 intentos de autoeliminación por cada 100.000 habitantes. Y en la franja de adolescentes, que es donde nos dice UNICEF se relaciona más el problema de la vivienda precaria con los problemas de salud mental, sobre todo en la tenencia insegura de la vivienda, la cantidad de intentos de autoeliminación cada 100.000 habitantes son de 440.
Tenemos un problema enorme. Los datos del Plan Quinquenal indican 50 mil hogares en el quintil más bajo de ingresos que alquilan, donde el monto promedio de alquiler es 10.000 pesos y ese dinero representa el 40% del ingreso de esos hogares, que hoy no están en situación de calle o en un asentamiento irregular pero están en la cornisa. Tenemos un conjunto de población que está en la cornisa agarrado con alambre.
El asentamiento irregular es quizá el que se lleva más prensa, pero es una parte del problema, porque otro de los componentes es cuanto golpea el hacinamiento. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la violencia hacia las infancias, sobre todo hacia las adolescentes. Cuando uno combina, allegamiento, o sea más de un hogar viviendo en la misma vivienda con hacinamiento, bueno la prevalencia de la violencia, particularmente del abuso es muy dura.
Segmentación territorial
Pero, aparte de los enormes problemas de vivienda hay otro problema que es la segmentación territorial. Muchas veces los gobiernos nacionales o departamentales para apagar el incendio, o sea, para atender un realojo, no les queda otra que adquirir tierras en las periferias para hacer un convenio con el Ministerio de Vivienda y salir de la situación desesperante.
Y hay situaciones que son claramente desesperantes. A mí me pasó el viernes pasado en una recorrida en Florida, donde recorriendo un asentamiento, que además no sabemos si va a estar en los planes de de este quinquenio, me encontré con una muchacha de unos 30 años que estaba cursando la 38 semana de embarazo, viviendo en un ranchito de costanera, que además se le llovía todo. Su preocupación era que al menos precisaba una frazada.
Entonces, tenemos una parte de la población que está castigada, duramente castigada y ahí está el dato que presenta UNICEF donde 400.000 de los 800.000 niños y adolescentes están viviendo en condiciones de precariedad y eso afecta la continuidad educativa.
Tenemos una cantidad de uruguayos que están en una condición dramática. ¿Esta ley lo resuelve? No, no lo resuelve, pero intenta atender un costado, donde simultáneamente a que tenemos el problema de la vivienda, tenemos una situación desesperante de suelo urbano sin utilizar. Desesperante. Y una de las partes desesperantes es el suelo urbano sin utilizar público, que es aún más vergonzoso y donde la Comisión ya empezó a trabajar. Tuvimos una primera reunión con la OPP, pero hay antecedentes de ineficiencia de respuesta política a este problema.
O sea, simultáneamente que queremos colocar este problema de la vacancia urbana, que nos explota en la cara, un aporte modesto que desde la Comisión se hizo es que hoy tenemos los datos de los 136 municipios, cuántas viviendas vacías hay y no están siquiera ni en alquiler, ni en venta, ni en construcción. Con otros datos más, sobre cuánta es de construcción de desechos, en cuántas hay hacinamiento.
O sea, como en la localidad se expresa este problema de inmuebles que quedan degradados y que son una patología urbana indiscutible.
La vivienda abandonada y sus consecuencias
La primera reunión que tuvo la Comisión fue con la Facultad de Arquitectura (FADU) y ahí nos presentó investigaciones sobre este tema de la vacancia urbana, la fractura territorial, por lo menos de tres décadas, nacional e internacional, relacionando temas. ¿Qué termina siendo una vivienda vacía y abandonada? Infraestructura para el crimen organizado, un foco infeccioso.
Otra cosa, el costo de la ciudad se reparte entre los que viven, por lo tanto también termina incrementando el costo de la ciudad para el resto. Hay como un conjunto de problemas que van junto con la vacancia urbana. Esto llevó a que en el periodo 2005-2009 se armara el grupo interdisciplinario Fincas Abandonadas y de ahí surgió después una iniciativa legal de pasaje a dominio público. Ese proyecto que presentó en su momento el diputado Alfredo Asti no logró consenso.
Más adelante se hizo un encuentro con el Congreso de Intendentes, con expertos internacionales, una estrategia nacional de acceso al suelo urbano. Muchas de las recomendaciones son de las que recoge este proyecto de ley. Y en el 2018 se vota una ley de vacíos y degradados que en el debate parlamentario pasó algo parecido a lo que le pasó con esta ley, en el sentido de que se despiertan todos los reparos que tienen que ver con los cuidados que hay que tener.
Así como es una política a mantener el no promover políticas de desahucio, no tiene mucho sentido no tener una política agresiva sobre vacancia urbana, bienes vacíos y degradados. Si no hay políticas públicas para intentar articular la integración territorial, la lógica del mercado lo que hace es favorecer la segmentación.
Dicho esto, voy a poner un ejemplo, la Ley de Vivienda Promovida tiene un aspecto positivo en el sentido de generar inversión, empleos, de recuperar zonas, pero simultáneamente te encarece la zona. Y si no hay una potente política pública que favorezca a los sectores que no entran en la ley de vivienda promovida, lo que termina pasando es que amplios sectores se tienen que ir a la periferia.
El caso de Montevideo es muy claro, vive menos gente en la capital hoy que hace 40 años atrás. Pero, si ese mismo estudio uno lo hace en la periferia creció un 85%. Hay zonas céntricas con todos los servicios muy subutilizadas. Un informe del año pasado de la Intendencia de Montevideo, acerca de la subutilización de viviendas vacías, de predios industriales subutilizados rompe los ojos. La potencialidad que tendría en el menor de los casos es de 47.000 viviendas a construir, más de 10.000 en los predios industriales subutilizados.
Tenemos ahí un desafío enorme para relacionar cuántos de los problemas que tenemos: deserción estudiantil, salud mental, violencia en la sociedad, inseguridad, están relacionados a no tener una política más potente de acceso al suelo urbano. Y esta ley acelera el trámite jurídico cuando la decisión se toma.
Departamento por departamento
Hoy quiero reivindicar el trabajo que hicimos como Comisión el año pasado y que estamos continuando en este año, que es, antes de que se apruebe la ley, ir a discutir intendencia por intendencia llevando el relevamiento que surge del censo, aterrizando en cada municipio y pidiendo complementar información.
Es cierto que tenemos algunos agujeros, una primera constatación es que nos falta consolidar información para que las normas que aprobamos sean eficaces. Y esa es una construcción en la que tiene que jugar OPP, el Congreso de Intendentes y los Municipios, entre otros. Los Municipios tienen establecido por ley la facultad de fiscalización de la finca ruinosa. Sin embargo, no está claramente relacionado que de la fiscalización de una finca ruinosa pueda recuperar un predio que hoy, por ejemplo, es una boca pasta base.
Maldonado recuperó cuatro bocas de pasta base que estaban en el centro de la ciudad e hizo un estacionamiento. La intendencia de Montevideo en el periodo pasado con 60 predios que se dio a las cooperativas, se recuperó aún con el trámite más largo el acceso a vivienda para 1.054 familias y además una deuda por 10 millones de dólares.
Tacuarembó tiene experiencia de haber ampliado la cartera de tierras, pero las experiencias son escasas si uno ve el tamaño del problema. De las recorridas lo que ha surgido es un trabajo de inventario. Para poner un ejemplo, en este momento se está desarrollando un laboratorio en Paso de los Toros (Tacuarembó) sobre la finca abandonada y se desarrolló una investigación en Minas (Lavalleja). En 40 manzanas del corazón de Minas se encontraron 38 padrones que están en esta condición que dice la ley de vacíos y degradados.
¿Cuál es el objetivo? Más que el cambio normativo es el cambio de la política. ¿Qué nos encontramos también en la recorrida? Hay varios que fueron intendentes en la Comisión y eso ayuda mucho, porque de alguna manera tuviste que atender el tema desde varios ángulos, como la tonelada de recursos que se necesitan para llevar servicios a la periferia. Y de los dramas que se genera cuando se segmenta la sociedad.
Creo que la Comisión ha hecho un esfuerzo muy importante, se llevan 14 recorridas del interior, yendo a los asentamientos, discutiendo con los vecinos y con los ediles mano a mano. En la mayoría de las Juntas Departamentales nos decían que no es muy frecuente que los senadores de todos los partidos vengan a discutir mano a mano con los ediles.
Acuerdo fundamental
Tengo una enorme alegría que en esto nos hayamos logrado poner de acuerdo y el valor principal para ponernos de acuerdo no lo tiene el oficialismo, lo tiene la oposición. Yo tengo que reivindicar a los senadores de la oposición porque si vos querés encontrarle el pelo al huevo para poner una tranca siempre se lo buscas y lo encontrás.
Y en este caso la actitud fue muy diferente, es evidente que el problema existe, que que enfrentarlo y poner el tema en debate nos ayuda a que haya medidas como las que se están tomando ahora en Minas o en Paso de los Toros, que si no no se estarían tomando.
Hay una máxima vareliana que tenía que ver con la integración y el valor democrático de la escuela pública, sostenía que quienes se criaban en el mismo banco de escuela, tendían a no reconocer entre ellos más diferencias que las que surgían de sus talentos y virtudes, y que la sociedad toda se democratizaba cuando eso pasaba. Bueno, es bastante evidente que eso pasa también con el barrio.
Cuando uno logra que sectores de la población que están en los lugares de mayor dificultad, más empobrecidos, puedan vivir en el mismo barrio donde está el sector medio alto, el compartir la plaza también contribuye a una sociedad más democrática. Y para eso hay que tener suelo urbano.
O sea, el mercado resuelve otras cosas, esto claramente no lo resuelve. Y pensando en la dramática situación que tenemos de vivienda, aunque tengamos un resultado modesto, mi objetivo es que este período termine con un inventario que cruce información y experiencias piloto a nivel departamental. Si tenemos eso, quien aborde esto dentro de dos o tres años lo va a hacer en mejores condiciones, que el trabajo que tuvimos que hacer ahora construyendo lugar por lugar.
Y en eso pensar en acumular, que muchas veces nos pasa y también no se valora que en muchos casos lo poco es mucho. Hoy además que las cooperativas de vivienda construyen en altura, poco suelo urbano que logre recuperar es mucho, porque es mucha la posibilidad y la potencialidad que tenés de resolver como las distintas políticas que intentan abordar la cuestión de la vivienda se articulan y para eso es muy importante que se trabaje en transformación democrática del Estado y en clave unida.
Ojalá podamos sostener este resultado para los desafíos que vienen. Es un aporte modesto pero en un tema de altísima sensibilidad. Porque los uruguayos y uruguayas que tienen violentado el derecho a la vivienda, junto con el derecho a la vivienda tienen violentado un conjunto derechos más que condicionan su desarrollo. Es con mucha alegría que recomiendo al cuerpo que apruebe el texto que, aún con las modificaciones, mantiene lo esencial, que es el cambio de una política donde tenemos una deuda gigantesca y es imprescindible resolverla para atender el problema de la desigualdad.
