Para los militantes comunistas que se encontraban realizando tareas de pintada y que fueran acusados de “vandalismo”, la fiscal adscripta Rossana Morales pidió se le impusiera como sentencia 15 días de trabajo comunitario.
Los hechos por los cuales se juzga a los militantes se sucedieron en ocasión de las actividades previas a la conmemoración del brutal asesinato de 20 militantes comunistas en la seccional 20.
Como parte de las actividades previas a la conmemoración, los militantes que ahora son juzgados se encontraban realizando una pintada en un muro de la calle Buenos Aires por lo que fueron acusados de vandalismo por la fiscal actuante.
Ante la acusación, señala La Diaria, el equipo de defensores de los militantes, compuesto por los abogados Luis Acosta y Eduardo Florio, “presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esa falta”.
La defensa considera que la acusación de sus defendidos, “cercena el derecho de libertad de expresión del pensamiento y las libertades y derechos reconocidos en los artículos 7, 29 y 72 de la Constitución de la República”.
“Lo que noté es que todas las preguntas que la fiscal hacía estaban enfocadas no al acto en sí mismo sino a lo que decía específicamente el texto que se había escrito”, declaró al medio de prensa el abogado Eduardo Florio.
Tal y como reseña el medio, luego de presentarse el recurso de la defensa, este “será analizado por la Suprema Corte de Justicia y luego, y si confirma la constitucionalidad de la falta, el expediente volverá al Juzgado de Faltas de primer turno, a cargo de la jueza Mary Campiglia, y la defensa de los indagados podrá presentar sus alegatos para contestar la acusación”.
Con independencia de la inconstitucionalidad esgrimida por la defensa, Florio declaró a La Diaria que no existían pruebas que permitan la imputación de vandalismo, “se pintó sobre un muro que ya estaba vandalizado, que tenía pegatinas, no puede afirmarse que existe un deterioro real, tampoco se da un daño al inmueble”.
Florio agregó, como elemento adicional, que desmiente la figura de vandalismo o daño al inmueble, que “la pintada se tapó con pintura al agua”.
En el actual escenario de recrudecimiento de persecuciones a la libertad de expresión, este caso pudiera llegar a configurarse como un icono del exceso de punitivismo que, en esta ocasión cruza las fronteras de lo penal y avanza hacia prácticas históricas del trabajo de los militantes sociales.
Habría que preguntarse si ante situaciones similares, pero desarrolladas por militantes del oficialismo, la voluntad fiscal de protección a la propiedad privada cabalgaría con el mismo ímpetu defensivo.
