Entrevista a la economista Paola Azar del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.
– ¿Cuáles son para ti algunas de las cosas que el país debe atender urgentemente en materia de desigualdad de género?
Mi respuesta va a focalizarse en las dimensiones económicas de esa desigualdad. El combate de las condiciones que determinan un acceso desigual de varones y mujeres a los recursos y las oportunidades económicas requiere, en primer lugar, conocer cómo se manifiestan estas desigualdades. En Uruguay, hoy contamos con una amplia y creciente evidencia generada desde el movimiento feminista, la academia, centros de estudio especializados y organismos internacionales. Gracias a ella, hemos podido identificar la magnitud de las brechas de género en el mundo del trabajo, en las decisiones de educación, en las negociaciones al interior de los hogares, en las tareas de cuidado.
En los últimos 20 años, con base en ese mayor conocimiento y en la acción de los movimientos feministas y de mujeres, fue posible generar cambios positivos. En lo económico, se implementaron políticas orientadas a la conciliación entre trabajo y tareas de cuidado (modificando licencias maternales parentales y paternales); al reconocimiento de las diferentes oportunidades para generar ingresos (y desde el sistema previsional se computaron años de aporte según el número de hijos/as para el cálculo jubilatorio de las mujeres); a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres (con regulaciones sobre el trabajo doméstico o cláusulas de género en las negociaciones de los Consejos de Salario).
Estas medidas fueron muy relevantes y, aunque no todas se continuaron, sin duda constituyeron importantes avances. Sin embargo, en esta nueva etapa, es necesario promover políticas que procuren escalar a un nuevo nivel. El mayor desafío reside en diseñar intervenciones que contemplen de manera mucho más explícita que las desigualdades de género en el acceso a los recursos económicos, al tiempo y al trabajo tienden a retroalimentarse, requieren acciones simultáneas en varias dimensiones y no son idénticas por estrato socioeconómico o territorial.
Como ejemplo de lo anterior, los datos muestran que mientras los varones mantienen altas tasas de participación laboral más allá de su nivel educativo, las mujeres participan más a medida que aumentan su educación. Como las expectativas de inserción laboral de las mujeres menos calificadas son muy limitadas, esto se refleja en los niveles de pobreza que experimentan. Un trabajo reciente de ONU Mujeres Uruguay (2024) señala que entre las mujeres que pertenecen al 20% de hogares con el nivel de ingreso más bajo de la población (primer quintil), sólo 50% se encuentra empleada o buscando empleo (1). El porcentaje para varones del mismo nivel de ingreso alcanza 68%. La diferencia se amplía a 20 puntos porcentuales en el Interior del país. Además, cuando las mujeres de este primer quintil están ocupadas, tienen una inserción laboral precaria: 31% están subempleadas (desearían trabajar más horas que las que consiguen) y 60% no cuenta con cobertura de la seguridad social. El mismo estudio señala que un tercio de estas mujeres ya es madre a los 19 años y entre los 25 y 29, 80% ya tienen hijos/as, de los que suelen ser únicas responsables. Como observa el documento, el diseño de política para estos casos debería promover la formación y el proceso de búsqueda de empleo, al tiempo que debería proveer apoyo para hacer frente a las demandas de cuidados.
En cambio, las necesidades son diferentes, para mujeres que tienen un nivel educativo medio y alto. Aquí, el foco del problema no reside tanto en el acceso al empleo, sino en las brechas salariales que se registran con relación a los varones (en el entorno de 20% en términos del ingreso por hora) y en las responsabilidades de trabajo no remunerado. El desafío de política requiere- como sostiene el referido estudio- acompañar las trayectorias y elecciones educativas para quebrar la concentración de mujeres en ocupaciones de bajos salarios relativos, atender procesos de discriminación por género, apoyar a las familias en la realización de tareas de cuidado y generar incentivos para su distribución de manera equitativa con los varones.
En todos los niveles, la provisión de apoyos suficientes para los cuidados por parte del Estado y los incentivos para la corresponsabilidad de varones y mujeres en estas tareas aún se encuentran pendientes. Gracias a las horas que se destinan a estas actividades, se transmiten los valores, normas de comportamiento y apoyos que posibilitan nuestra participación en la comunidad, en general y en las actividades productivas, en particular. Sabemos que el valor que generan esas tareas (que involucran diferentes dimensiones del cuidado) equivalen a 24% del PBI (2). No hay otro sector económico que produzca tanto valor: los servicios a empresas generan el equivalente al 20% del PBI, comercio, restaurantes y hoteles 15.6% del PBI; la industria manufacturera, 12% del PBI. Sin embargo, la organización social del cuidado se sigue basando en las decisiones que toman las mujeres para ordenar su vida entre estas responsabilidades y las del mercado de trabajo (las mujeres son responsables del 70% del valor que se genera por trabajo no remunerado).
Es importante que el diseño de las políticas económicas asuma la interdependencia que existe entre la organización de la producción y las necesidades y tiempos de la reproducción social, así como la relevancia de alcanzar un balance de género en la distribución de ambas actividades. De hecho, más allá del imperativo ético de la equidad de género, desde el punto de vista de la eficiencia, considerar estos factores podría redundar en aumentos de la productividad. Ello porque podría eliminarse la presión que ejerce sobre las mujeres la realización de jornadas laborales extensas (en el empleo y en los hogares) y porque mejorar las condiciones en que se realizan las tareas de cuidado redunda en calidad de vida, salud mental y desarrollo personal de quienes las llevan adelante y de quienes las reciben.
-¿Qué reflexiones te quedan de este 8M?
Como cada año, las movilizaciones en torno a 8M ponen de manifiesto la vigencia, proyección y potencia de los movimientos de mujeres y feministas. En particular, en 2025, el nuevo escenario político renueva las expectativas sobre el rol del Estado y el diálogo con la sociedad civil para contrarrestar las distintas dimensiones de las desigualdades sociales y económicas de género. También para esperar avances en la dirección comentada más arriba.
Sin embargo, pese al nuevo contexto a nivel local, como lo marcaba la consigna de este año (“frente al avance fascista”), las movilizaciones volvieron a poner foco en los crecientes cuestionamientos a las demandas feministas, en una tendencia que se manifiesta cada vez con mayor fuerza. Incluso en Uruguay, con creciente frecuencia, desde el sistema político, las discusiones parlamentarias y la producción de leyes, y desde los medios de comunicación y las redes sociales se emiten mensajes de rebeldía frente a “la dictadura de lo políticamente correcto” con que se identifica la causa de la equidad y la lucha de las mujeres.
Como queda de manifiesto en muchos debates públicos (permeados por la referencia a la llamada “ideología de género”), estas tendencias podrían instalarse, incluso aunque se manifiesten contra la injusticia de algunas brechas de género, sobre todo las laborales. Lo más relevante de estas corrientes es que cuestionan aspectos muy valiosos para el movimiento feminista, como la necesidad de transformar los roles de género desiguales en las familias y sociedades o la urgencia de asumir los cuidados como responsabilidad individual y social (más allá del sexo de las personas). Por eso, es importante la alerta que marcó la consigna de este año, subrayando que las prácticas y valores culturales no se transforman en poco tiempo y que es un error confiar en que, una vez que los cambios hacia la equidad de género se aceleran, la tendencia ya no es reversible.
Citas bibliográficas:
(1) ONU Mujeres Uruguay (2024). Escenarios para el empoderamiento económico de las mujeres. Naciones Unidas, Montevideo.
(2) Cálculos realizados en base a Encuesta del Uso del Tiempo para 2022.
