Más allá de los intentos por parte del gobierno de Javier Milei para desactivar la movilización en defensa de la educación pública, Argentina vivió ayer una gran protesta que abarcó a las principales ciudades de todo el país.
Bajo la consigna de defender la educación pública en universidades e institutos de formación superior y terciaria, más de un millón de manifestantes expresaron su rechazo a los recortes impulsados por la política derechista de Milei y ratificaron su rotundo apoyo a la importancia de la educación pública.
Desde horas tempranas del mediodía, manifestantes de diversas edades se concentraron en las principales ciudades del país en defensa de la Universidad Pública.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde se dio el epicentro de la convocatoria, se congregaron unas 800 mil personas que desbordó el “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich.
La histórica movilización culminó en un acto de cierre frente a la Casa Rosada en Plaza de Mayo, donde una enorme diversidad de personas unidas cerraron filas en torno a una misma consigna: defender la universidad y la educación pública.
En el acto central realizado en una colmada Plaza de Mayo, se dio lectura a un documento conjunto donde, entre otras cosas se denunció que las universidades públicas del país atraviesan “un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional; agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”.
De acuerdo al documento, las universidades argentinas sufren “un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento”.
De igual modo se describe que se llegó “a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”.
En ese mismo sentido, se denunció que “las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad” y se recordó “que más del 90% de lo que el Estado invierte en la Educación Superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades”.
Respecto a la situación de los salarios, el documento señala que en los últimos meses, “el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50 % respecto de la inflación”, un deterioro salarial que “se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo”, razón por la que se retoman “consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!”.
Al describir la situación en el área de investigaciones, el documento señaló que dichos sectores “atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia”, al tiempo que recordó que ha sido “a través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente”, que el país “se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punta y profesionales de excelencia al sector público y privado”.
“Nuestras científicas y científicos”, enfatiza el documento, “son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen su arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva”.
Para los manifestantes, “el desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo” y reiteran que ha sido “gracias a su sistema universitario y científico” que el país ocupa el primer lugar en América Latina en I+D+I.
Finalmente el documento reafirma que la defensa del acceso a la educación superior pública es un un derecho.
“Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la Universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento”.
“TODOS los problemas que tenemos se resuelven con más educación y Universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla”, concluye expresando la proclama de los movilizados.
