Rony Corbo
Con esta contundente afirmación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció esta semana la acción del Consejo Nacional Electoral (CNE) de “abrir investigación y formular cargos a la campaña» por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral en 2022.
El presidente del CNE, César Lorduy, anunció la resolución al considerar que Petro, el gerente de campaña, Ricardo Roa, y otros miembros del equipo deberán responder «por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales», pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos por ley y recurrieron a financiamientos externos, haciendo clara alusión al narcotráfico. Esta acusación se basa en el testimonio del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, quien reconoció ante la Fiscalía, que recibió dinero de un capo narcotraficante y lo utilizó en algunos eventos de campaña en la costa Caribe.
Los golpes de Estado, duros o blandos han sido una constante en América Latina. Los autores son los mismos: las grandes corporaciones económicas, los militares comprometidos con la teoría de la Seguridad Nacional, la oposición de extrema derecha, los medios de comunicación y el imperialismo norteamericano. A ello se suma en el caso colombiano, el lobby sionista, luego de la notable intervención de Petro en las Naciones Unidas, denunciando el genocidio en Gaza.
Sin mayorías parlamentarias el primer gobierno de izquierda en Colombia ha introducido cambios significativos para los mas vulnerables, como lo es el nuevo sistema de pensiones y tiene otros en carpeta.
Otros proyectos importantes han sido bloqueados en el parlamento, pero el gobierno colombiano llama a la presión social, organiza actos y subleva al pueblo. El presidente Petro y su gabinete, en que destaca la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, del Partido Comunista Colombiano, avanzan con determinación. Las clases dominantes asociadas al imperialismo, los sectores de extrema derecha encabezados por Álvaro Uribe, intentan frenar el avance popular, incluso mediante la eliminación física del presidente colombiano.
Los 20 años de gobierno de la extrema derecha, continúa con el control del aparato burocrático del Estado, quienes, asociados a los grandes medios de comunicación, llaman constantemente a la desestabilización.
La Corte Suprema de Justicia ha venido anulado una y otra vez los proyectos estratégicos del gobierno, aduciendo tecnicismos de todo tipo. Son fallos políticos que por un lado se suman a toda la estrategia de golpe blando contra el presidente y por otro lado, están claramente dirigidos a torpedear la gobernabilidad del gobierno del Pacto Histórico que ahora, estudiando la experiencia (entre otras) del Frente Amplio, avanza para constituirse en un partido político, donde cada agrupación que lo integra, conserva su identidad.
El pueblo a la calle
Durante un acto público, Petro convocó al pueblo a movilizarse. ” Ahora nos han puesto en un momento difícil, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, llegó el momento de moverse, se creen con derecho a burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado (…) Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Solicito a las organizaciones populares reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo”, expresó el presidente.
Inmediatamente a este llamado, la central de trabajadores, los estudiantes, el movimiento indígena, se declararon en asamblea permanente y levantaron fuerte la voz en defensa de su gobierno.
Declaración: ¡No al golpe de Estado!
El Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista Colombiana, integrantes del Pacto Histórico, rechazan con vehemencia la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), en torno a abrir investigación y formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro Urrego, así como a dos organizaciones integrantes de la coalición Pacto Histórico. Con esta decisión, el CNE transgrede la Constitución Política al desconocer el juez natural del presidente de la República y viola las obligaciones internacionales del Estado Colombiano, dejando en evidencia el espíritu golpista de un Establecimiento económico y político huérfano del poder gubernamental, marcando un peligroso precedente para el futuro democrático del país.
Las competencias del CNE, según establece la normatividad electoral (Ley 996 de 2005), tienen que ver con la investigación de los topes en campañas, más no al Presidente de la República, sin embargo, como también lo indica la ley, “la denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial”.
Es decir, el CNE perdió competencia para investigar dicha campaña, lo que configura una extralimitación de sus funciones con la clara intención de desestabilizar al país. Este intento de derrocamiento por vía «institucional» es un golpe de Estado «blando». Se equivocan sus inspiradores si creen que el pueblo colombiano va a aceptar la reversión de sus conquistas y la necesidad de consolidar su lucha por la justicia social, ambiental y de género.
Frente a esta difícil coyuntura, el Partido Comunista y la Juventud Comunista, reafirmamos nuestro compromiso con el presidente Gustavo Petro, con el Gobierno y el proceso de cambios, con las reformas sociales y el programa en ejecución ‘Colombia, Potencia de la Vida’. De igual forma, respaldamos el llamado que hace el jefe de Estado a movilizarnos permanentemente en defensa de la voluntad popular y la democracia.
Por eso convocamos a todo el pueblo trabajador, a las organizaciones políticas, sociales y culturales, a las ciudadanías libres que luchan por las transformaciones, a defender lo que en las urnas hemos ganado en procura de los derechos de toda la población en el país.
