“Cuando se distorsionan los conceptos de laicidad y libertad lo único que se generan son retrocesos”
El gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, y en particular algunos personajes que tristemente se encuentran a su lado, ha reivindicado desde antes de asumir la idea de que la enseñanza se encontraba en muy mal estado por culpa de los gobiernos frenteamplistas y los sindicatos y que se debía realizar una amplia reforma que elimine “los males” de la educación pública.
El Ejecutivo y sus representes en el Legislativo repiten algunas palabras como amuleto que parecería la tónica que el gobierno quisiera ejercer. Se habla siempre de defender la educación, de un gobierno que en todos los casos apuesta a la libertad, y la más famosa es que en una educación pública que se encuentra muy “politizada” se debe promover la laicidad. A veces, pueden parecer palabras muy bonitas, pero se encarnan en prácticas autoritarias, que no apuestan a la construcción de ciudadanía y que, en definitiva, buscan acallar las voces distintas a las del gobierno, censurándolas, para acallar las opiniones de los principales actores educativos y así dar rienda suelta a una reforma que va en busca de la privatización, la mercantilización y el alejamiento de pensar a la educación pública como un Derecho Humano.
Sabíamos que una coalición de derecha en la educación no podía tener otros objetivos que perseguir el modelo chileno. Más si le sumamos que sus principales exponentes eran Ernesto Talvi, Pablo Da Silveira, Graciela Bianchi o Robert Silva. No tardaron demasiado en mostrarnos su desprecio por las mejores tradiciones de la educación pública uruguaya. El diálogo y la participación han faltado con aviso en este gobierno que, lo primero que decidió, es que lo urgente era que en el gobierno de la educación pública no se necesite haber participado en ella al menos 10 años como establecía la ley, y, por supuesto, determinaron que los docentes tienen que tener la menor voz y participación posible. La Ley de Urgente Consideración (LUC) fue ese primer mecanismo institucional que comenzó la transformación de los principios rectores de nuestra educación. Es claro, que más allá del resultado del referéndum, los docentes le han demostrado que se encuentran en contra de este tipo de normativas, cuando multiplicaron el apoyo a las listas de los gremios en las elecciones de la ANEP.
A cada expresión de estudiantes o docentes, contraria a lo que proponían actores del gobierno, la respuesta fue la persecución y la censura de sus ideas. Recordemos, se comenzó sancionando a docentes y estudiantes por llevar un tapabocas que decía “Educar no LUCrar”. A veces el poder, cuando intenta mostrar su fuerza, se vuelve completamente ridículo. No satisfechos con ello, también persiguieron y sumariaron docentes por sacarse una foto en un centro educativo rechazando la Reforma de 2019, cuando no había estudiantes, hecho que es catalogado por algunos catedráticos y laboralistas de peso como un “rompimiento del Estado de derecho en la institución de Secundaria”. Docentes con un legajo espectacular, que en plena pandemia vieron su sueldo recortado porque a algunos burócratas políticos les pareció que había que ser firmes con los que piensan distinto. No fue así cuando se grabaron piezas publicitarias en locales educativos a favor del gobierno. En definitiva, la principal prioridad del gobierno para mejorar los problemas de la educación ha sido silenciar la voz de los protagonistas del quehacer educativo.
Al discurso que todos conocemos de la libertad, que es esa libertad que tienen los que disponen de algo de dinero para poder elegir un colegio privado mientras ellos dinamitan la educación pública, le han agregado un planteo conservador que señala que en la educación se adoctrina a las personas, que no hay libertad para opinar distinto y que debemos empeñarnos en promover la laicidad en los centros educativos. Laicidad que desde un punto de vista democrático implica la posibilidad de ver representada en la discusión un conjunto plural de posiciones y visiones acerca del mundo, y, en estos casos, de cómo debe ser la educación pública. En la visión conservadora que maneja el gobierno se distorsiona este concepto para silenciar y censurar cualquier voz que no sea concordante con el discurso del propio gobierno. Incluso pretenden aplicar un concepto que en esencia es de carácter institucional (la educación es laica y tiene entre sus principios la laicidad, que implica el tratamiento plural de los temas para posibilitar la posición consciente de quien se educa) a los y las estudiantes, limitando su libertad de expresión personal y colectiva. Es así que aparecen personajes que buscan hacer las veces de censores de la laicidad, lo que denota su bajísima estatura política para discutir temas de fondo.
Hacen las cosas de manual, lo primero fue crear una comisión investigadora parlamentaria para ver las licencias sindicales que tuvieron los miembros de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), elemento que era de carácter público y conveniado en diversas oportunidades. Es más, se había planteado el tema en el propio Parlamento en varias oportunidades, en presencia de aquellos que hoy se dedican a señalar con el dedo. Vaya libertad que promueven aquellos que persiguen sindicatos. Lamentamos decir que no es una práctica nueva, y la represión a los trabajadores está extendida a lo largo de nuestro continente. Por si fuera poco, tenemos que escuchar al ministro de Educación decir que lo democrático es no escuchar a los docentes, que se supone que eso es una práctica corporativa. No se puede esperar otra cosa de un burro que una patada, sin querer ofender a los burros.
También la UdelaR cae constantemente en sus ataques, debe ser porque la población universitaria no los apoya ni un poco. Durante la campaña del referéndum lo único que han hecho es intentar amedrentar a las autoridades y los gremios para que no puedan expresarse. Frustraron una instancia de debate en Rocha, por medio de amenazas del intendente de ese departamento. Generan una campaña porque la intergremial colocó carteles en facultades, hasta amenazaron con sacar leyes para prohibir esto, porque por supuesto, todo lo que sea libre expresión de personas que se organizan lo detestan.
Lo último, en IPA y Magisterio han borrado todas las manifestaciones realizadas por los gremios estudiantiles, los espacios que históricamente los estudiantes hemos tenido para señalar las injusticias que creemos que existen. Eso ya es condenable, pero a esto se suma que caen en la práctica sistemática de llamar a la Policía y amenazar con llevarse detenidos y sancionados a estudiantes que buscan expresar sus opiniones. Eso, además de censura, es una represión inaceptable que no podemos tolerar.
Increíblemente, para sorpresa de nadie, este clima de “libertad de expresión” y “auge democrático” se enmarca en una gestión de la educación empobrecedora. En Secundaria hay más de 16.500 horas sin asignar aún. Los recortes que se han dado en el Presupuesto educativo son significativos y lo único que han generado son clases con más alumnos. Ni hablar del salario de los trabajadores docentes.
A estar claro, siempre es lo mismo, cuando se distorsionan los conceptos de laicidad y libertad lo único que se generan son retrocesos en materia de calidad de la educación, retrocesos en construcción de ciudadanía y, sobre todo, la imposibilidad de dar un debate democrático, pluralista, sobre la educación que queremos, que los y las más jóvenes reivindicamos y necesitamos, para que nadie quede en el camino.
Por la organización docente y estudiantil, las mejores tradiciones de nuestra educación vareliana y batllista, los censores, los represores, los privatizadores, no pasarán.
UJC
