Tras una reunión mantenida con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa, integrantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) informaron que presentaron una carta donde denunciaban lo que definen como una “situación de acoso y hostigamiento contra periodistas que se está verificando en forma reiterada” en Uruguay.
El texto de APU afirma que “junto a otras instituciones defensoras de la libertad de expresión”, el gremio ha venido alertando sobre “la existencia de un contexto de hostigamiento, desacreditación y acusaciones contra periodistas y medios que ejercen un periodismo crítico, por parte de distintos voceros del gobierno”.
Esta situación, describen, se ha hecho más visible en las “redes sociales” y mediante la proliferación de “mensajes de texto personales o incluso en encuentros personales”.
Para el gremio, la presencia de figuras del gobierno como partícipes de este clima de hostigamiento es clara y señalan, en particular, el accionar sistemático de permanente hostilidad hacia la prensa de parte de la senadora del partido Nacional Graciela Bianchi.
“La Dra. Bianchi tiene una presencia permanente en redes sociales y a través de ellas, en especial en la plataforma Twitter, ha manifestado en reiteradas oportunidades opiniones descalificatorias hacia diversos periodistas cuando expresan opiniones o informaciones que cuestionan políticas o decisiones del gobierno”, denuncian.
Para el gremio, estas manifestaciones y descalificaciones son estimulaciones para que “activistas o seguidores suyos” usen de forma recurrente “la misma línea de descalificación contra quienes son objeto de señalamientos”.
“Estas expresiones”, agregan, “han llegado al extremo de atribuir conductas o intencionalidades que exponen gravemente a periodistas, como calificarlos de “miserables”, acusarlos de “mentir”, “hablar mal del país” o cometer “traición a la patria” por el sólo hecho de informar sobre el impacto de la pandemia en el sistema de salud de nuestro país”, subraya el gremio de periodistas.
“Como parte de su prédica constante, la legisladora también ha amenazado a diversos periodistas con supuestas investigaciones y demandas judiciales y civiles por el contenido de la información que han divulgado”, ejemplifican.
Junto a esta deplorable situación, los periodistas manifiestan también, las dificultades que de forma permanente tienen para logar accesos a la Información Pública y señalan que ello se ha visto expresado de forma particular en el aumento “notorio” de la ausencia “de respuesta de las autoridades públicas a los pedidos de información presentados”.
La situación, añaden, “conspira contra una amplia y transparente información a la sociedad sobre temas de interés general”.
Como parte de las descripciones que realiza APU sobre la situación y las condiciones de trabajo de los periodistas, el gremio denuncia el importante incremento de “denuncias penales” contra los mismos por el simple hecho de desarrollar sus tareas.
En función de estas situaciones, APU consideró que era pertinente solicitar a la CIDH la realización de una audiencia pública en Montevideo, donde “se recuerde al gobierno de Uruguay que todos los poderes del Estado deben cumplir con la obligación constitucional e internacional de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia”.
