“La FUM-TEP comunica a la opinión pública que la alimentación que brindan los comedores escolares tercerizados y tradicionales se encuentran en dificultades en la etapa final del año escolar 2021”, así comienza expresando un comunicado de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) emitido este martes.
En el mismo se denuncia que, “la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), hasta hace pocos días, no tenía resuelta la alimentación escolar hasta el último día lectivo de este año para 160 escuelas de Montevideo, Canelones, San José y Maldonado que cuentan con servicio de alimentación tercerizado”.
Como evidencia de lo anterior, señala el comunicado, “las autoridades decidieron entregar una partida de dinero a cada dirección escolar para atender el servicio del 6 al 21 de diciembre. Con esa partida cada una de ellas podrá adquirir la alimentación con la empresa, que ya no tiene contrato Estatal, o con otra si así lo desea, trasladando de esta forma la responsabilidad de contratación y fiscalización a las y los directores de las escuelas. Debido a esto no se puede asegurar en todos los casos la calidad de la alimentación ofrecida ya que el equipo de nutricionistas no podrá cubrir la diversidad de situaciones”.
La FUMTEP denuncia, además que “nuevamente se constata un retraso en el pago de partidas a las más de dos mil escuelas con servicio de comedor tradicional, donde las y los directores son quienes deben hacer las compras y pagar a proveedores, dando la cara ante la impuntualidad en los pagos”.
En atención a la situación, la FUMTEP ha vuelto a señalar que esto se produce por “la irresponsabilidad en la gestión por parte de las autoridades” y ratifican “que cualquier dificultad en los comedores es su responsabilidad”.
“Estas situaciones ponen en evidencia la falta de previsión y de conocimiento de la realidad, y el lavado de manos a la hora de ofrecer soluciones, ya que definieron trasladar las responsabilidades que le competen a la DGEIP a los centros educativos y recargar con más tareas a las y los directores en momentos del año de alta intensidad de trabajo administrativo y pedagógico-didáctico”, se enfatiza en el comunicado que termina afirmando que “estas situaciones, junto a tantas otras, permiten constatar que la eliminación de los Consejos y la centralización de las resoluciones establecidas en la LUC y ejecutadas desde comienzo del año lectivo, no solo no han agilizado la gestión sino que la han hecho más lenta y más ineficiente”.
La situación denunciada por la FUMTEP también generó reacciones por parte de la Asociación de Maestros del Uruguay – Montevideo (Ademu).
Mediante una comunicación pública, el gremio de maestros señaló que la solución de las autoridades de la educación significa una nueva “sobrecarga en los maestros directores” y que se trata de una “solución” que ha sido planteada “de una manera no clara”.
Se trata enfatiza Ademu de una “solución” que no ofrece garantías para una alimentación adecuada a niños y niñas.
Junto a ello, el gremio de maestras/os de Montevideo, criticó “las demoras en el pago a los comedores tradicionales”.
“Entendemos pertinente que se retome la atención presencial puesto que el anterior mecanismo ocasiona un enlentecimiento en la aprobación de las rendiciones con el consiguiente atraso en la liquidación de las partidas de alimentación”, señala el comunicado en referencia al mecanismo de rendiciones de cuentas ante el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y las gestiones a realizar ante la División Hacienda.
En este sentido se demanda que los mismos retornen a la modalidad presencial, modalidad que fuera suspendida desde la emergencia sanitaria, pero que, aunque se ha suspendido el teletrabajo, aún se mantiene.
Finalmente, en el comunicado se exige que “la Administración se haga cargo del pago y contrato del comedor desde el 4 de diciembre hasta la finalización de los cursos”, informándose de las decisiones que se adopten por los canales correspondientes y no a través de redes sociales, una vía que se considera contraviene las disposiciones oficiales vigentes.
Rolando Arbesún