En estos tres años y medio de gobierno de la coalición de derecha, encabezada por Luis Lacalle Pou, hay dos hechos políticos indiscutibles que caracterizan su gestión.
El primero, es que el escándalo ha sido la principal forma en que se entera la sociedad de las actividades del gobierno de la coalición de derecha. El segundo, y está estrechamente ligado con el primero, es que la corrupción ha sido el tema más vinculado a la gestión de gobierno, en distintos niveles, con diversos protagonistas, pero con una presencia relevante y determinante.
Esta semana volvió a demostrarse la predominancia del escándalo y la corrupción en la gestión del actual gobierno de la coalición de derecha, en particular del Herrerismo, pero sin carácter excluyente con respecto a los otros socios.
El miércoles la jueza penal Marcela Vargas formalizó al, hasta ese momento, senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés y al ex docente del Liceo Militar, Sebastián Mauvezín. A Penadés, la fiscalía le imputó 11 presuntos delitos de retribución por explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, 3 delitos de abuso sexual agravados, 1 delito de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor. Al ex profesor le tipificaron 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad. La fiscal que lleva adelante la investigación, Alicia Ghione, pidió y obtuvo de la jueza, prisión preventiva para ambos, en principio de 180 días.
Esta noticia de una gravedad enorme, dura, interpelante, no fue lo único que las y los uruguayos conocimos el martes. En la audiencia de formalización la fiscal Ghione presentó pruebas sobre un hecho que agrava aún más las cosas y le otorga, también a este episodio, ya de por si muy grave, ribetes de crisis institucional.
La fiscal presentó un documento obtenido tras pesquisar el celular de Penadés. Se trata de un informe, que lleva el membrete del Ministerio del Interior, nada más y nada menos. El informe consta de 6 páginas y recoge una investigación, cuyos resultados le fueron entregados a Penadés, para determinar la identidad de las víctimas de sus delitos de explotación sexual, que fueron declaradas reservadas por la fiscal.
De ese esquema de espionaje ilegal, que formó una trama paralela, para intentar proteger a Penadés y exponer a sus víctimas, habrían participado jerarcas policiales, asesores políticos y funcionarios o ex funcionarios de la Corte Electoral. Para realizar esta pesquisa ilegal, los funcionarios accedieron al Sistema de Gestión de Seguridad Pública, al registro carcelario e incluso al registro electoral, este último dependiente de la Corte Electoral.
La jueza declaró que nunca en su trayectoria judicial había visto algo igual y denunció el intento de estafa procesal.
Hasta el momento de escribir este editorial estaba detenido por este escandaloso caso, Carlos Tarocco, director de uno de los principales centros de Reclusión del país, el ex COMCAR, que además es el director de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tarocco, fue designado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con el que se conoce hace tiempo, los dos vienen del departamento de Rivera.
Vale la pena reforzar de lo que estamos hablando, porque son tan graves las imputaciones por las que fue formalizado Penadés, que se puede perder o al menos no percibir en toda su dimensión la gravedad de la denuncia sobre lo que se descubrió en el marco de este caso.
Estamos hablando de una estructura criminal, que buscó favorecer a una persona acusada de crímenes muy graves, que intentó identificar, vigilar y amedrentar a las víctimas para que no declararan, que uso recursos e infraestructura del Estado, que usó la posibilidad que tenían de acceso a delicados registros policiales y electorales. Y todo eso lo hicieron quienes se supone que deben auxiliar a la Justicia en sus investigaciones, proteger a las víctimas y perseguir a quienes cometen delitos. Pues bien, invirtieron todos los roles. Persiguieron a las víctimas y trataron de proteger a quien debían investigar, el acusado de delitos tan graves.
Una barbaridad. Un verdadero esquema mafioso operando dentro del Ministerio del Interior y en particular en sectores tan delicados como el sistema carcelario y la cúpula policial. Un escándalo.
Es cierto que el sistema político reaccionó unánimemente ante la gravedad de las imputaciones a Penadés. El referente de la Lista 71 del Herrerismo fue expulsado del Parlamento, por la unanimidad de las fuerzas políticas, tanto en el Senado como en Diputados, ya que fue electo en dos bancas. Penadés fue expulsado de ambas cámaras, en aplicación del artículo 115 de la Constitución, por “actos indignos” cometidos tras ser electo.
Pero, lamentablemente, no hubo la misma unanimidad para exigir responsabilidades ante el escándalo institucional revelado con el espionaje y el intento de montar una estafa procesal para beneficiar a Penadés, perjudicar a las víctimas y entorpecer el accionar de la justicia.
Es incuestionable que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tiene responsabilidad política sobre lo que ocurrió. La tiene, como bien se dijo, por acción o por omisión. Si sabía lo que estaban montando sus subalternos directos para proteger a Penadés, entonces es cómplice de un delito y debe ser juzgado por ello; si, como afirmó en una impresentable conferencia de prensa, no sabía nada, una vez más, entonces está cumpliendo muy mal su tarea y no ofrece ninguna garantía en su cargo, tan importante y delicado, de ministro político del gobierno y responsable de las fuerzas que deben proteger a la población, dar seguridad, combatir el delito y auxiliar a la justicia.
Es que, además, los señalamientos críticos y las sospechas sobre el accionar del ministro Heber se basan en elementos muy contundentes. Heber, cuando se conocieron las denuncias sobre Penadés, concurrió a la conferencia de prensa que dio este, dijo que creía en su amigo y lo respaldó. Nadie discute el derecho a la amistad de Heber, eso no es lo cuestionable. Si lo es que obviara que él era el principal responsable de garantizar la investigación imparcial y de proteger a las víctimas que acusaban a Penadés de delitos tan graves. En el mismo sentido se pronunció, cuando todo comenzó, el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Entonces: ¿Cómo no reclamar responsabilidades? ¿Cómo no pedir la renuncia del ministro Luis Alberto Heber?
Pero además no es el primer caso en que su conducta deja mucho que desear y despierta sospechas.
En el caso de Alejandro Astesiano, el ex Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, se probó que una banda criminal operó en Presidencia de la República, que esta banda criminal otorgó partidas de nacimientos falsas, dio pasaportes ilegalmente, accedió a los registros del Servicio Exterior y, una vez más, al Sistema de Gestión de Seguridad Pública; espió legisladores y hasta a la propia ex primera dama; intervino para arreglar licitaciones; espió a sindicalistas, docentes y estudiantes. Pues bien, en ese caso también, Heber arguyó no saber nada. Aunque las investigaciones le costaron el cargo a buena parte de la cúpula de la Policía, extrañamente no al responsable político de la cartera y superior jerárquico de los policías destituidos. Heber siguió en su cargo.
Lo mismo ocurrió con el denominado caso Marset, en el que se le entregó un pasaporte a un peligroso narcotraficante uruguayo, preso en Dubai, lo que facilitó su fuga, está prófugo hasta hoy. Heber dijo en el Parlamento que no sabía quién era Sebastián Marset, mintió, si sabía, no fue el único que mintió, claro está, pero él también en esa oportunidad mintió.
Por todas estas razones señaladas es que decimos que estamos ante el gobierno del escándalo y la corrupción. Suena duro. Pero es simplemente la constatación de los hechos.
Según una nota publicada en Caras y Caretas, por el periodista Carlos Peláez, desde que este gobierno asumió siete ministros, una subsecretaria, unos 20 jerarcas intermedios, el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, al menos la mitad de la cúpula policial (y eso sigue en aumento con el caso del director del ex Comcar), siete jefes de policía y, ahora se le sumó, uno de los senadores de más peso político, o renunciaron, o fueron destituidos, fueron formalizados por la justicia o pueden serlo. Todo un récord.
El gobierno, la derecha política y los medios de comunicación que le responden se pueden enojar, pero estos son los hechos, duros, incontrastables.
Hizo y hace bien el FA en pedir responsabilidad política al gobierno y la renuncia del ministro Heber, al que hay que agregar además que entregó por 60 años la gestión de los contenedores en el Puerto de Montevideo cuando era Ministro de Transporte y Obras Públicas, en otra acción sin transparencia y con denuncias de graves irregularidades. Una cajita de sorpresas el ministro Heber.
Hay que denunciar y no permitir que la impunidad se imponga. Estas prácticas debilitan a la democracia y a las instituciones que le dan materialidad.
