Estados Unidos anunció el cese de “ayuda no humanitaria o no relacionada con el comercio” para el próximo año fiscal.
La medida incluye, la oposición “al otorgamiento de préstamos internacionales por esos conceptos, a varios países”, entre los que se incluyó, una vez más, a Cuba.
De acuerdo al sitio Cubadebate, que cita el memorando presidencial, la Casa Blanca anunció que “no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria entre octubre de 2021 y septiembre de 2022”.
En el documento dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, “las sanciones responden a que estos países no hacen «lo suficiente» para combatir el tráfico de personas”.
De acuerdo al mismo, la medida se aplicará «hasta que dichos Gobiernos cumplan con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Trata o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos”.
Como parte de las acciones que efectivizan la medida, el presidente estadounidense, “orientó a los representantes de los Estados Unidos en cada banco multilateral de desarrollo que voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución que no estén dirigidos a lo que ellos consideren ayuda humanitaria, ayuda comercial o ayuda para el desarrollo».
La sanción afecta directamente a Afganistán, Birmania, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.
En lo que se refiere a “asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio”, los países afectados son Afganistán, Birmania, China, Comoras, Guinea-Bissau, Irán y Sudán del Sur.
Según se ha informado por otras agencias de prensa, han sido excluidos de esas medidas, por “interés nacional”, Argelia, Malasia, Turkmenistán y Venezuela.
La directriz presidencial concedió “una excepción parcial”, para los casos de Rusia y Eritrea, por lo que, en ambos casos, se permite “la financiación de programas educativos y de intercambio cultural dirigidos a funcionarios o empleados de sus Gobiernos”.
