Uno de los principales asesores de Cabildo Abierto, el empresario Eduardo Ache, ha sido imputado por la Fiscalía peruana en el denominado Caso Lava Jato.
Tal y como reseña M24, Ache es “asesor económico del senador Guido Manini Ríos” y ha sido “designado por el gobierno para dirimir controversias en el Puerto de Montevideo”, al tiempo que es el “representante de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030”.
La causa por la que ha sido imputado el militante de Cabildo Abierto investiga la red de corrupción de lavado de activos y blanqueo de capitales en la cual se intenta reconstruir “el pago de millonarias coimas a ex funcionarios y funcionarios de gobiernos de la región por parte de la constructora brasileña Odebrecht”.
La Fiscalía peruana ha solicitado a partir de la imputación por dicho delito que el uruguayo pueda recibir “una pena de hasta 15 años de prisión”.
En la causa investigada por la Fiscalía de Perú se hayan involucrados, además de Ache, los ciudadanos uruguayos María Gazzo y Mercedes Araujo, quienes “cumplían funciones administrativas para Ache”.
El compromiso del economista, con la red delictiva tomó mayor fuerza luego de las nuevas evidencias que fueron enviadas desde la Fiscalía de Andorra a la de Perú.
De acuerdo a la información divulgada, “la maniobra se hacía desde la filial uruguaya al Banco Privada de Andorra,”.
Luego de haber sido notificado de la causa que se le imputa, el empresario uruguayo nombró como abogado defensor al peruano Julión Carrión.
“La notificación”, al uruguayo, explica el medio de prensa, fue realizada, según confirmaciones obtenidas del ámbito judicial nacionl, “a través de uno de los juzgados de Crimen Organizado que funcionan en Uruguay,”.
En caso que Ache no se presente “a declarar” y no se someta “a la investigación (…), la Fiscalía de Perú” solicitará “un requerimiento ante el Poder Judicial (PJ)” con el propósito de que este “dicte reglas de conductas coercitivas para que tenga con cumplir con los llamados del Ministerio Público y el PJ”.
La Fiscalaía del país andino explicó que el economist uruguayo “desde su condición de funcionario de la Banca Privada de Andorra (…) flexibilizó la normativa de este banco en Uruguay para poder dar facilidades a la empresa Odebrecht y de esa forma la constructora brasileña efectuó transacciones y transferencias bancarias tercerizadas a otros bancos off shore para el pago de coimas”.
Sobre Ache pesa, además, una acusación “de favorecer la flexibilización de las normas para que funcionarios públicos peruanos y terceros vinculados a funcionarios públicos abran cuentas en Andorra”.
“Para ello, señala la investiagación peruana “se realizaban transferencias de sumas exorbitantes sin justificación y después lo regularizaban”,.
En la causa, recuerda el medio de prensa, “Ache aparece junto a Betingo Sanguinetti”, quien también ha sido imputado en la causa.
La participación del economista uruguayo, informó la Fiscalía de Perú, posibilitó una serie de maniobras que facilitaron la apertura “de las cuentas para el pago de coimas a través de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra”, lo que le permitía obtener “ganancias de 1% del total de los giros realizados”.
A partir de su imputación el equipo de investigadores peruanos deberá documentar la “responsabilidad le cabe a Ache en esa red de operadores que pagaban millonarias coimas de Odebrecht en diferentes países de la región a través Banco Andorra Uruguay (filial del Bando de Andorra) primero y luego de BPA Services”.
De igual forma se busca conocer cuál fue el destino “de ese 1% de comisión que cobraban los uruguayos”.
“Dentro de esa búsqueda del 1% hemos podido identificar esos montos de dinero por las transacciones efectuadas y así podemos establecer cómo se han favorecido los ejecutivos de la Banca Privada de Andorra y estamos en la búsqueda del incremento patrimonial que han tenido”, informó la Fiscalía de Perú.
