Para analizar la situación actual en torno a la educación pública, EL POPULAR en radio conversó con José Olivera, integrante de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES).
«Desde la Federación Nacional de Secundaria le estamos dando seguimiento por estos días a una situación de conflicto que está instalada en la órbita de la Educación Pública en general pero particularmente en Secundaria, como es de público conocimiento», explicó Olivera.
«El conflicto está centrado en varios puntos, uno es la profundización del recorte presupuestal iniciado en este año lectivo, encuadrado en la Ley de Urgente Consideración, las medidas fiscales, lo que se votó en el presupuesto el año pasado, con el agravante de que tiene este recorte a profundizarse para el próximo año», advirtió.
«Estamos viendo la desaparición de un número importante de grupos que no hemos podido cuantificar debidamente, de horas docentes que no se van a poner a elección en el marco del proceso de elección de horas que se ha iniciado recientemente, lo que confirma la tendencia al recorte dentro del presupuesto educativo y lo que nosotros preveíamos cuando lo analizábamos el año pasado, que esto iba a ir en un espiral ascendente y cada año se iba a profundizar ese recorte, que está afectando particularmente la masa salarial», indicó Olivera.
No hay negociación
«La eliminación de cargos y horas docentes y la pérdida salarial que se están conjugando en ese sector. Hoy hay una pérdida de más de 7% en lo que va de este año, con un panorama casi seguro de no recuperación en el quinquenio, lo que implica que se estaría frente a un nuevo incumplimiento de las promesas electorales del actual gobierno», sostuvo Olivera.
«Esto afecta las condiciones de trabajo y estudio, este proceso de recorte de grupos afecta la calidad educativa de un número importante de estudiantes que están en la incertidumbre de saber si al año siguiente sus orientaciones, el nivel correspondiente que les tocaría cursar lo van a poder hacer en el centro de estudios donde lo venían haciendo desde hace un tiempo atrás o tendrán que trasladarse, o como está pasando con muchos, tendrán que ver discontinuado y violentado su derecho a la educación», explicó.
«Es un problema que hay que ponerlo en valor, particularmente en lo que tiene que ver con la educación de adultos, con condicionamientos laborales, particularmente la población estudiantil que asiste a los turnos nocturnos, el próximo año vamos a ver un recorte muy importante de grupos muy importante en lo que respecta a los turnos nocturnos», advirtió Olivera.
Otro elemento de este conflicto es «la imposición por parte del Ministerio de Educación y Cultura de la elección de horas virtual en trece departamentos», al respecto Olivera expresó «decimos claramente imposición porque no se respetó ni se cumplió con ninguno de los elementos proyectados en el sistema de relaciones laborales establecido por la ley 18508 que es la ley de negociación colectiva para el sector público, que si bien no la han derogado, la han vaciado de contenido y aplicación práctica.»
«De hecho cuando uno va a la resolución que toma la Dirección Nacional de Educación Secundaria, esta dirección unipersonal gerencial, deja expresado claramente en los fundamentos que hace esto en función de las potestades que le atribuye la Ley de Urgente Consideración a las nuevas Direcciones Generales en el marco de los cambios del gobierno en la Educación que impone la LUC», alertó Olivera.
Contradictoriamente, «la LUC no derogó la Ley de Negociación Colectiva, que está vigente, por lo que estamos asistiendo a una violación sistemática y reiterada como parte de ua decisión política de un modelo de gestión que se basa en la imposición y no en la generación de diálogos, la búsqueda de concensos o lisa y llanamente, el respeto a los ámbitos de negociación colectiva», sostuvo.
«La imposición de una elección de horas virtual no ofrece garantías, no es transparente, carece de dos elementos centrales para su transparencia: el carácter público y la posibilidad de ir habilitando en tiempo real lo que se va dando. Hemos tenido denuncias varias en distintos puntos del territorio nacional de cómo se han violentado derechos de trabajadores que se vieron afectados por un procedimiento en que no puede advertirse que se están cometiendo errores en tiempo real, lo que genera es una serie de violaciones a esos derechos consagrados por evaluaciones de los propios docentes que lo llevan a estar ubicados en determinado orden, que muchas veces se violentan porque no hay forma de controlar que esto no suceda», señaló Olivera.
A su vez indicó que se dan «dos procesos que son preocupantes: invisibilizar la acción del sindicato como representante de los trabajadores, representante de sus intereses, de sus derechos.
Queda demostrado que si bien no hay eliminado el carácter bipartito de las comisiones departamentales de elección y designación de horas también es cierto que la han vaciado de contenido, ni siquiera llegando a justificar la presencia de nuestros delegados en las CODED como pasó hace muy poquitos días en Montevideo, cuando claramente estaba en un ámbito convocado por la propia administración y trabajándose en ese ámbito nada más ni nada menos que el proceso de elección de horas».
«Por otro lado genera objetivamente una desregulación y flexibilización de los mecanismos que implicaban un proceso de transparencia en términos de la forma de acceso al trabajo en línea con esta discrecionalidad que plantea la Ley de Urgente Consideración en un futuro Estatuto por ejemplo de darle la posibilidad a los directores de que sean quienes elijan a su cuerpo docente», puntualizó Olivera.
«Obviamente es una lógica que para algunos de nosotros no es nueva, es reinstalar en el escenario nacional de Educación Secundaria, la lógica del acomodo, el amiguismo como forma de acceder al trabajo, algo largamente profundizado y practicado en los 90 particularmente donde tuvimos que enfrentar esta situación que se empezó a corregir a partir del 2006, 2007, cuando se comenzó a trabajar en el ámbito bipartito para dar transparencia, ajustarse a derecho, dar garantías al proceso de elección de horas en el marco de los gobiernos frenteamplistas», remarcó.
Denuncia ante la OIT
«Es un tema importante que va en línea con el resquebrajamiento institucional que se está viviendo en términos de vigencia del estado de Derecho, en vigencia del orden jurídico. Pareciera que el estado de Derecho y el orden jurídico que conforman nuestra República llegan hasta la puerta de Rincón 690 donde está la Dirección Nacional de Educación Secundaria, pero no se aplica, no existe o no tiene incidencia puertas adentro», sentenció Olivera.
«Es un fenómeno muy preocupante cómo se están desregulando y flexibilizando las condiciones de trabajo, las formas de acceso al trabajo y cómo objetivamente se van creando condiciones para el amiguismo y el acomodo», advirtió.
«Un tercer punto tiene que ver con la defensa, lucha y solidaridad que se expresa cotidianamente en el marco de la Federación ante la situación de persecución política sindical que tiene distintas aristas pero tiene un epicentro en lo que respecta a la situación de los compañeros y compañeras del Liceo Nº 1 de San José, quienes han venido transitando en el marco de un sumario abusivo con un accionar contrario a derecho de la división jurídica, con definiciones políticas de la propia administración que claramente encuadran lo que podríamos llamar un proceso de persecución política sindical contra estos docentes y particularmente en la situación que tenemos al día de hoy donde la División Jurídica está solicitándole a la Dirección Nacional de Educación Secundaria la destitución para tres de estos catorce docentes, no sabemos incluso si no habrá más pedidos de esta naturaleza en estos próximos días», indicó.
«Es cierto que en este tema ni el CODICEN ni la ANEP, ni mucho menos la Dirección General de Educación Secundaria como dirección política de los organismos han corregido lo que venimos denunciando en términos de cómo han venido accionando y actuando la División Jurídica, sino que por el contrario, muchas veces uno cree y ve que este accionar está apañado y cobijado bajo definiciones políticas de las propias autoridades», señaló.
«Hace más de tres meses el CODICEN y la ANEP tiene en estudio un recurso jerárquico que fuera interpuesto oportunamente primero ante Secundaria y después ante la negativa de estos de darle trámite este recurso pasó a la órbita del CODICEN o la ANEP, hasta el día de hoy no sabemos cuál es la opinión del organismo donde hay además fundamentos muy fuertes de que aquí se está actuando contrario a derecho y se está violando un principio que para nosotros es muy importante, el principio de la certeza jurídica. Sobre eso el CODICEN al día de hoy todavía no se ha expedido», advirtió Olivera.
«Hemos lanzado una campaña de recolección de firmas en solidaridad con las compañeras y los compañeros de San José, en el marco del Congreso del PIT CNT, hoy a lo largo y ancho del territorio nacional se está procediendo a recolectar firmas, invitamos a los ciudadanos y ciudadanas que quieran acompañarnos solidariamente con su firma a acercarse a algún local sindical dentro del movimiento sindical, a acercarse a nuestras filiales de los distintos puntos del país donde los compañeros y las compañeras tienen las planillas para hacer la recolección de firmas», convocó Olivera.
A su vez, señaló que se presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, «denunciando el marco general de persecución política sindical y particularmente todas las acciones que lleva adelante la Administración que generan objetivamente una sistemática violación a los principios de la libertad sindical. Esta queja ha sido acompañada por el PIT CNT y en el caso de la Federación cuenta con un respaldo internacional muy fuerte de la Internacional de la Educación que no solamente ha acompañado la denuncia sino que ha asumido las gestiones en Ginebra en la misma OIT para dar procedimiento a esta queja que hoy está preocupando a buena parte del mundo colectivo del trabajo».
«Pasamos de ser tomados como modelo por la OIT en el marco de sus modernos sistemas de relaciones laborales a un país donde hoy se violan derechos humanos tan básicos como la libertad de opinión o expresión en el caso concreto de las compañeras y compañeros de San José que en el marco de la libertad sindical hicieron uso de ese derecho y hoy son castigadas o sancionadas, o es muy factible que se les pueda generar un perjuicio como la destitución a integrar la lista de países que un día sí y otro también violan los derechos humanos», sostuvo Olivera.
«Este cambio abrupto además no ha comenzado por cualquier lado, el proceso de persecución política sindical ha comenzado por la educación, muchos de los sectores que hoy integran las fuerzas políticas de gobierno tienen práctica de este proceso de persecución, lo hicieron durante el pachecato, muchos fueron colaboradores o partícipes directos en el proceso de la dictadura fascista, muchos continuaron encaramados en estos lugares en los 80s y 90s y hoy vienen hasta con una sed de venganza o revancha no sabemos a costa de qué, a imponer este clima de violencia y de terror en todo el sistema educativo, comenzando obviamente por las organizaciones sindicales y particularmente nuestra Federación», sentenció.
«Esta presentación ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT para nosotros es un elemento muy importante que pone como antecedente en el mundo lo que hoy está aconteciendo en Uruguay y este resquebrajamiento democrático institucional que estamos viviendo», señaló Olivera.
«Por último tenemos un seguimiento muy directo al proceso de imposición de la reforma educativa donde muy hábilmente las actuales autoridades del gobierno que incluso el próximo lunes están convocando con la participación del Presidente de la República, la presentación de la transformación educativa. Están imponiéndole a la sociedad uruguaya una transformación educativa que ha sido elaborada entre cuatro paredes en función de los intereses de los grupos corporativos que están detrás del INTAN como Eduy21 que han propuesto el modelo de la confrontación como un modelo de gestionar el cambio,esto incluso expresado antes de llegar al gobierno», indicó Olivera.
«No hay que olvidarse que la Dra. Adriana Aristimuño, quien tiene el poder de decisión en torno a qué se hace, cómo se hace y cuándo dentro del sistema educativo, que representa los intereses de universidades privadas de nuestro país dijo que para hacer la reforma había que hacer como en Finlandia, ir con el cuchillo entre los dientes a imponer y a hacer pedazos a los sindicatos.
Aparte de tergiversar groseramente lo que pasó en Finlandia, claramente allí marcó un camino, el de la confrontación y la imposición, por eso la política de desgaste y desligitimación de las organizaciones sindicales y por eso la política de persecución a las organizaciones sindicales que estamos viviendo», señaló.
Estudiantes movilizados
«Esta reforma que se intenta poner genera mucho rechazo desde distintos ámbitos, hoy comienza a actuar el movimiento estudiantil como un movimiento relevante para enfrentar este proceso de imposición, es algo bueno en sí mismo porque lo que se está queriendo imponer es lo que pone en juego a las futuras generaciones, se está imponiendo lo que se pretende que sean las futuras generaciones, es bueno, importante y necesario que el movimiento estudiantil tome cartas en el asunto, tome partido, discuta, debata, plantee sus posiciones y se movilice ante este proceso que en definitiva es de deterioro de nuestra educación pública y busca ir generando cada vez más avances y canales para profundizar el proceso de privatización de nuestra educación pública», consideró Olivera.
«Algo que les ha molestado mucho es que apareciera en el spot del lanzamiento de la campaña por la anulación de los 135 artículos de la LUC, a los poquitos días después de estar discutiendo 15 días discutiendo con un spot, intentando desprestigiar al mensajero porque no tenían argumentos para ir contra el mensaje, bastó que algunos de sus actores hablaran para confirmar que efectívamente teníamos razón», sostuvo.
«Venimos de cerrar un impresionante proceso de discusión, unidad y organización en el XIV congreso del PITCNT, estamos a muy poquitos días del XVIII Congreso de FENAPES, que se va a estar desarrollando el 10, 11 y 12 de diciembre en la ciudad de diciembre, apuntando todas las baterías en lo que es la campaña de anulación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, donde la educación es un tema importante, trascendental y donde dentro de los 135 artículos que pretendemos anular hay 34 que corresponden a educación, son los centrales, son los que han habilitado muchas de las cosas que hemos venido narrando. Para nosotros es de vital importancia un triunfo del SI en la instancia electoral», relató.
«Hay una certeza, va a haber referéndum, al día de hoy ya hay más de 600.000 firmas validadas por parte de la Corte Electoral, todo hace prever que en los primeros días de diciembre se esté llegando a las 671.544 firmas, número necesario para habilitar la convocatoria al referéndum», sostuvo Olivera.
«Aguardaremos que la Corte Electoral le ponga fecha a la convocatoria ciudadana obligatoria, pero claramente ya estamos en campaña como también lo está el gobierno y los defensores de la Ley de Urgente Consideración y particularmente de estos 135 artículos. Venimos generando felizmente, a partir del trabajo organizado, consciente y responsable, una red de organizaciones territoriales con inserción capilar a lo largo y ancho del país que estamos convencidos nos van a generar las condiciones para ir construyendo hacia marzo del año que viene muy probablemente lo que va a ser sin lugar a dudas un rotundo triunfo del SÍ en las urnas», finalizó.
María José Pedraja y Moriana Alberro
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